Sobre los derechos humanos y la recepción de personas deportadas
La política migratoria nacional involucra un haz de derechos humanos respecto de los cuales la INDDHH trabaja para su protección y defensa.
El Uruguay ha sostenido una larga tradición dando acogida y protección a inmigrantes que así lo solicitan respetando su dignidad y derechos.
En ese marco, la recepción de personas deportadas solo puede considerarse si se cumplen como mínimo las siguientes condiciones:
- Que Uruguay realice entrevistas individuales garantistas a cada una de las personas candidatas al refugio. En este sentido, deben ser realizadas por técnicos, en un marco de confidencialidad, donde se reciba el consentimiento informado, con manifestación explicita de solicitar refugio en el país y con una evaluación independiente de las necesidades de protección.
- Que en ningún caso formen parte del programa menores no acompañados.
- Que se apliquen los criterios ya establecidos por la Comisión de Refugiados (CORE), para el otorgamiento del refugio, incluyendo la razón por la cual se le otorga.
- Que el traslado a Uruguay sea realizado con todas las garantías, de forma tal de evitar toda posible interpretación como siendo un traslado forzado.
- Que las personas tengan inmediato acceso a documentación que les permita regularizar su situación en Uruguay y garantizar su libertad de movimiento fuera del país.
Uruguay tiene la oportunidad y la responsabilidad de abordar esta situación manteniendo como principio rector el respeto irrestricto a la dignidad y los derechos humanos de cada persona. El Estado uruguayo, fiel a su tradición, debe comprometerse con vías que aseguren condiciones y den garantías de protección de los derechos.
La INDDHH se pone a disposición para apoyar en la construcción de tales garantías y se compromete a monitorear el proceso.
Consejo Directivo
Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo