Explotación sexual de niñas y adolescentes: desnaturalizar para proteger
La tasa de delitos sexuales ha aumentado significativamente y afecta sustancialmente a las mujeres, niñas, niños y adolescentes [1]. Día a día se dan a conocer diversas situaciones que muestran las trayectorias de vida marcadas por vulneraciones de derechos. Especialmente en las últimas semanas se conocieron investigaciones judiciales sobre situaciones de explotación sexual de niñas y adolescentes, vinculadas a centros de protección de Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU).
Desde la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) destacamos la articulación interna e interinstitucional del Ministerio del Interior, Fiscalía General de la Nación y de INAU para actuar de forma activa y proactiva.
Sin embargo, las resoluciones de la Defensoría del Pueblo y los informes del Mecanismo Nacional de Prevención muestran que persisten prácticas institucionales sistemáticas que impiden garantizar la integridad personal de niñas, niños y adolescentes expuestos a explotación sexual.
El Estado tiene la obligación de organizar todas sus estructuras para prevenir, atender, sancionar y reparar la violencia basada en género, en especial la violencia sexual. Cuando esa violencia adopta la forma de explotación, su prevención e investigación presentan dificultades específicas que deben ser superadas.
Desnaturalizar la explotación sexual implica cuestionar las miradas que:
- consideran que las adolescentes consintieron o eligieron esa situación;
- entienden que la explotación existe solo si hay dinero de por medio;
- romantizan relaciones en las que hay aprovechamiento;
- culpabilizan a las víctimas o a sus familias;
- no reconocen al “cliente” como explotador;
- aceptan la explotación como una “salida económica” o una práctica cultural.
Muchas niñas y adolescentes que viven estas situaciones no podrán denunciarlas por las barreras existentes, e incluso porque no se reconocerán como víctimas. Eso no puede usarse para desacreditar su relato.
La INDDHH reafirma la importancia de que todos los organismos del Estado que intervienen en estas situaciones actúen con la debida diligencia reforzada que exige la protección de niñas, niños y adolescentes.
La INDDHH mantiene un compromiso firme de colaborar con el Estado para mejorar sus prácticas y de monitorear activamente su funcionamiento [2].
[1] Según el Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035 pasó de 41,9 en 2013 a 91,9 en 2024. Más del 85 % de las víctimas son mujeres y más del 50 % son niñas, niños y adolescentes.
[2] La INDDHH participa en forma regular del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia (CONAPEES), así como del Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas (CNTE) y el Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV).