Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo

Toda la sociedad y sus instituciones —políticas, judiciales, legislativas, académicas y sociales— tienen un enorme desafío por delante: innovar e ir más allá de las inercias históricas tradicionales.

¿Son necesarias las instituciones asistenciales? Por supuesto. En Uruguay las instituciones fueron durante muchos años la mejor respuesta que mostraba la experiencia mundial para asistir a personas que no podían sostenerse por sí mismas. Pero el avance de la ciencia médica, las políticas sociales, la acumulación de nuevas y buenas prácticas, las marchas y contramarchas de experiencias en todo el mundo, nos indican que es necesario ir más allá de la respuesta institucional total, protectora pero limitante, que todo lo da pero que no se conecta con la comunidad.

No se trata solo de mejorar prestaciones o ampliar la oferta asistencial: se trata de decidir, como sociedad, si estamos dispuestos a sostener la transformación un modelo que si no se cambia traerá más aislamiento y pérdida de autonomía para miles de personas.

La Ley de Salud Mental (n.º 19.529) de 2017, aprobada por todos los partidos políticos y con una discusión que insumió años de debate, deliberación y estudio, marcó un rumbo claro. No fue una norma más, sino que expresó una decisión ética, jurídica e institucional concensuada y de enorme relevancia: dejar atrás el paradigma asilar y avanzar hacia un modelo comunitario. 

No se trata de negar lo hecho, ni de huir con voluntarismos de las duras realidades de las necesidades de las personas con patologías de salud mental. Se trata de crecer con la historia y los nuevos tiempos científicos, legales y culturales, a través de un nuevo modelo que refuerce integralmente la dignidad de las personas. Dicho en palabras sencillas: que mejore sus vidas, en lo cotidiano, en su relación con los demás, en armonía con los derechos de todos. Ese espíritu no ha perdido vigencia y debe seguir siendo el norte de toda política pública en la materia.

El art. 37 de la ley marca el escenario que debe ser la meta de una auténtica gesta patriótica de política pública: “Se impulsará la desinstitucionalización de las personas con trastornos de salud mental, mediante un proceso progresivo de cierre de estructuras asilares y monovalentes, las que serán sustituidas por un sistema de estructuras alternativas”. 

La Ley de Salud Mental, en su art. 46, otorga el mandato específico a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) de “defender y promover los derechos de las personas” involucradas en la referida, esto es, todas las personas afectadas de alguna manera en su salud mental. 

Así, diversas tareas son la plataforma desde la cual la INDDHH intenta colaborar en el impulso hacia el nuevo modelo de atención: el monitoreo de centros y servicios, el seguimiento del sistema de notificaciones de internaciones prolongadas e involuntarias o el diálogo y visita a centros diversos, públicos y privados, que en el día a día lidian con la búsqueda de nuevos caminos de tratamiento y de inserción comunitaria. 

Desde allí, y teniendo presente el reciente informe presentado sobre “Internaciones en salud mental y garantías de derechos: análisis del sistema de notificación obligatoria en el marco de la Ley No. 19.529”, podemos decir que la reforma avanza todavía de manera lenta. Persisten prácticas, infraestructuras y lógicas organizacionales que responden al modelo que la propia ley vino a superar. 

Existen esfuerzos valiosos y equipos comprometidos en distintos espacios del sistema, eso merece ser reconocido. Pero el esfuerzo individual no alcanza cuando las estructuras que lo sostienen —materiales, organizativas y culturales— fueron pensadas para otro modelo de atención. 

La evidencia científica y la experiencia internacional son claras en este punto: la salud mental no puede reducirse al episodio crítico ni abordarse desde el encierro. Está atravesada por la fragilidad de los vínculos, la exclusión social, la pobreza, la falta de oportunidades y, también, por las respuestas que el propio sistema ofrece. Cuando el Estado responde a esa complejidad con lógicas de segregación, no resuelve el problema.

Defender el espíritu de la Ley, entonces, no es una postura abstracta. Es asumir que existe una obligación institucional de corregir lo que no funciona y de fortalecer aquello que la norma mandató.

La Ley es clara en la meta establecida por el sistema institucional todo: crear un sistema de estructuras alternativas que dejen atrás las estructuras “asilares” y “monovalentes”.

Para ello, podemos concluir con algunos pasos ineludibles para avanzar: 

1. La integración efectiva de la Comisión de Contralor y el pleno funcionamiento del sistema de notificaciones previstos en la Ley, como instrumentos de seguimiento, garantía y transparencia.
2. La consolidación de un liderazgo institucional claro para conducir la reforma, con capacidad de coordinación interinstitucional y continuidad técnica y política. No es necesario crear una nueva oficina o departamento, sí es imprescindible darle la tarea a un área estatal —parece lógico del Ministerio de Salud Pública como ente rector— para impulsar, coordinar y asegurar la realización de todas las acciones requerida en una reforma de este porte.
3. El desarrollo sostenido de estructuras comunitarias alternativas al modelo asilar, capaces de acompañar a las personas en su vida cotidiana, en sus vínculos y en el ejercicio de su autonomía. Esto implica la transferencia de recursos —a veces desde áreas estatales muy ineficientes y hasta iatrogénicas en la atención de la salud mental— que fomenten la apertura de centros comunitarios, programas innovadores, espacios de atención diurna o de fin de semana o de tiempo parcial, para crear una red de soluciones y alternativas. Estas alternativas no deben ser experiencias marginales ni soluciones de ensayo. Son el modelo que la evidencia muestra como más eficaz, más humano y más respetuoso de los derechos de las personas. 

El Consejo Directivo de la INDDHH reafirma su compromiso con ese horizonte y ofrece su colaboración para encaminarse hacia él.