La urgencia de proteger el derecho a vivir en familia
A partir del análisis de esas denuncias y de las visitas de monitoreo realizadas por los equipos, la INDDHH quiere poner el foco hoy en dos de estas cuestiones: los críticos desafíos que enfrenta el sistema de adopciones y el fenómeno de las internaciones hospitalarias prolongadas más allá de la alta médica.
Hacia un nuevo sistema de adopción
La Defensoría del Pueblo de la INDDHH recibe de forma regular denuncias sobre vulneraciones de derechos en el proceso de adopción. Estas denuncias provienen de familias biológicas y adoptantes y, en algunos casos, de organizaciones. Pueden agruparse en dos grandes categorías: las relacionadas con el marco normativo y las vinculadas con su ejecución práctica.
Dado el carácter sistémico del problema, la INDDHH constituirá en marzo un Grupo de Trabajo Interinstitucional para revisar de manera integral el proceso de adopción. La experiencia acumulada por la institución pone de manifiesto debilidades críticas tanto en la normativa como en las prácticas.
Para confomar este grupo se convocará, entre otros, a la academia, al Poder Judicial, al Poder Legislativo, al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), al Ministerio de Salud Pública y a la sociedad civil organizada. El objetivo es ambicioso pero urgente: proponer medidas que eliminen los obstáculos que impiden que los niños y niñas en condición de adoptabilidad ejerzan plenamente su derecho a vivir en familia.
El hospital no es un hogar
Lo esperable es que cuando un niño, una niña o un adolescente bajo protección del Estado es internado, una vez otorgada el alta médica sea inmediatamente reintegrado a su familia o derivado a una modalidad de cuidado alternativo adecuada. Sin embargo, en numerosos casos esto no ocurre: con alta médica concedida, niños, niñas y adolescentes permanecen internados en el Centro Hospitalario Pereira Rossell durante días, semanas e incluso meses, por razones estrictamente sociales y no sanitarias.
Desde 2017, la INDDHH, a través del MNP, ha señalado de forma reiterada la necesidad de abordar esta falla estructural que, por persistente, corre el riesgo de naturalizarse: la permanencia de niños, niñas y adolescentes en el hospital sin indicación clínica, como consecuencia de déficits en el sistema de protección.
Este escenario no responde a una deficiencia en la gestión médica, sino a una crisis del sistema de protección en su conjunto, que involucra en este caso al sistema judicial, al INAU y al propio Centro Hospitalario Pereira Rosell (CHPR). Se entrecruzan múltiples factores: ausencia o insuficiencia de cupos en dispositivos de acogida, carencias en los protocolos de actuación y en la coordinación interinstitucional, demoras administrativas y judiciales, y dificultades en la planificación de egresos. El resultado es que niños y niñas quedan atrapados en un “limbo” institucional mientras el tiempo transcurre. Cada día de internación sin necesidad médica constituye una vulneración de derechos: se les priva de su derecho a vivir en un entorno familiar y comunitario, se afecta su desarrollo integral y se compromete el principio del interés superior del niño.
La INDDHH tiene conocimiento de que los actores involucrados están realizando esfuerzos para revertir esta situación. Se han mantenido reuniones con el CHPR y se encuentra pendiente la recepción de información actualizada y sistematizada que permita dimensionar con precisión el alcance del problema. Contar con datos completos y transparentes es una condición indispensable para formular, desde una perspectiva de derechos humanos, recomendaciones orientadas a la construcción de una hoja de ruta clara, con plazos definidos y responsabilidades asignadas, que garantice una solución rápida, efectiva y centrada en el interés superior del niño.