Mes de la Afrodescendencia
El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Dirección Nacional de Desarrollo Social y su División de Promoción de Políticas Públicas para Afrodescendientes, conmemora una nueva edición del Mes de la Afrodescendencia. Este año, las acciones institucionales están centradas de forma prioritaria en el eje de la Justicia Reparatoria.
La propuesta surge en un momento clave a nivel global y nacional. Recientemente, en marzo de 2026, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución histórica que califica a la trata transatlántica de esclavos y la esclavitud racializada como el crimen de lesa humanidad más grave de la historia, instando a los Estados miembros a entablar diálogos de buena fe sobre justicia reparadora. Asimismo, este hito coincide con el avance del Segundo Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2025-2034) de la ONU.
En Uruguay, donde el 10,6% de la población se reconoce afrodescendiente según el censo de 2023, persisten brechas estructurales y situaciones de racismo institucional que afectan de manera desproporcionada el acceso a derechos fundamentales. La evidencia, sistematizada conjuntamente por el Ministerio de Desarrollo Social y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en la reciente publicación “No dejar a nadie atrás: el desafío de la equidad racial en Uruguay”, demuestra que la pobreza en el país tiene un componente racial decisivo. Por ejemplo, las personas afrodescendientes presentan un riesgo de pobreza considerablemente mayor frente a la población no afro (28,7% frente al 15,7% en 2024). Ante esta realidad, redefinir política y filosóficamente el concepto de justicia reparatoria resulta vital para la cohesión y el desarrollo social del país.
Los tres ejes de la Justicia Reparatoria para 2026
La propuesta del Mes de la Afrodescendencia articula la incidencia política a través de tres componentes fundamentales:
1. Reparación integral para las personas desalojadas en dictadura: Se busca avanzar y profundizar en acciones de matriz reparatoria integral hacia la población afrouruguaya de Barrio Sur y Palermo que sufrió desalojos forzosos y desarraigos propiciados por la Intendencia de Montevideo durante los años 1978 y 1979. Aquellas vulneraciones brutales del pasado reciente, como los desalojos del conventillo Medio Mundo y Ansina, afectaron mayoritariamente a mujeres jefas de familia cuyos colectivos organizados, como "Volver a mi Barrio" y experiencias antecedentes como las Unidades Familiares Mundo Afro (UFAMA), buscan hasta hoy una justa reparación colectiva.
2. Plan de salud étnica: En coordinación conjunta con el Ministerio de Salud Pública (MSP), este eje abordará las problemáticas de las enfermedades de propensión étnica y los desafíos específicos en salud sexual, reproductiva y salud mental. Los datos de la Encuesta Continua de Hogares alertan sobre la necesidad de urgentes políticas interseccionales: la pobreza infantil en niños y niñas afrodescendientes menores de seis años alcanzó la cifra del 45,9% en 2024, lo que condiciona de forma crítica sus trayectorias de vida. Adicionalmente, se constata que la población afrodescendiente se atiende mayoritariamente en la red pública de ASSE/MSP (47,7% en 2023 frente al 30% de la población no afro).
3. Memoria e historia: Este componente impulsa la revisión, reconstrucción y elaboración de la historia fundacional vinculada a la esclavitud, la libertad y la lucha por los derechos civiles de las comunidades afrodescendientes en los distintos departamentos del interior del país (como los procesos en Durazno, Bella Unión o Treinta y Tres). El objetivo es visibilizar que el origen y consolidación de la infraestructura de las ciudades uruguayas cuenta con la huella histórica imprescindible de las comunidades afro.
El Mes de la Afrodescendencia 2026 reafirma que la equidad racial y las medidas redistributivas efectivas -tales como la correcta implementación de las cuotas laborales del 8% de la Ley 19.122, que históricamente ha tenido un bajo nivel de ejecución- no son un gesto simbólico ni un acto de caridad, sino una obligación democrática y de justicia histórica indispensable para construir un país donde el origen étnico-racial no determine las oportunidades de las personas.