20 de junio: Día Internacional del Refugiado
El asilo en el derecho internacional: una arquitectura de protección
El 20 de junio de cada año la comunidad internacional detiene su mirada sobre una de las situaciones más graves que enfrenta la humanidad: el desplazamiento forzado.
Según datos del ACNUR, más de 120 millones de personas en el mundo se encuentran desplazadas por la fuerza —ya sea en el interior de sus propios países, en tránsito o en el exterior como refugiadas o solicitantes de asilo. Es la cifra más alta jamás registrada hasta el momento.
El derecho al asilo hunde sus raíces en el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y se consolida normativamente en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967. América Latina avanzó aún más con la Declaración de Cartagena de 1984, que amplió la definición de refugiado para incorporar la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos y la violación masiva de derechos humanos como causas de persecución.
Uruguay fue uno de los primeros países de la región en incorporar esta definición ampliada a su legislación interna. La Ley N° 18.076 — Ley de Refugiados — aprobada en 2006, constituye un hito en la historia jurídica nacional: reconoce el asilo como derecho subjetivo, establece garantías procesales para quienes lo solicitan y crea la Comisión de Refugiados (CORE) como instancia técnica interinstitucional.
La trascendencia política del asilo: Uruguay como tradición y como desafío
Afirmar que el asilo tiene trascendencia política en Uruguay no es retórica: es historia. Uruguay ha sido tierra de acogida para quienes huían de las dictaduras del Cono Sur, para perseguidos políticos de distintas latitudes, para quienes el Estado de origen representaba una amenaza existencial. Esa tradición no es ajena al presente: es constitutiva de lo que Uruguay quiere ser como comunidad política.
El reconocimiento del estatus de refugiado no es un acto administrativo menor. Uruguay ha demostrado capacidad de traducir ese compromiso político en institucionalidad. El sistema CORE, la articulación interministerial, y el rol del Ministerio de Desarrollo Social en la protección social de las personas refugiadas y solicitantes de asilo son expresiones concretas de una apuesta que no se reduce a la gestión migratoria sino que la sitúa en el campo de los derechos.
Proteger el derecho al asilo no es solo una obligación internacional: es una declaración acerca de qué tipo de sociedad somos y qué tipo de Estado queremos construir.
El rol de las políticas sociales: del reconocimiento a la integración efectiva
El reconocimiento del estatus de refugiado o la admisión como solicitante de asilo no garantiza por sí solo la integración. La protección internacional requiere, para ser efectiva, de políticas sociales que acompañen el proceso de arraigo: acceso a la vivienda, a la salud, al sistema educativo, al mercado de trabajo, a la documentación y a las transferencias monetarias del Estado.
La División de Protección Social para Personas Migrantes, Solicitantes de Asilo y Refugiadas del Ministerio de Desarrollo Social tiene como mandato central articular esa respuesta. A través del Centro de Referencia para Personas Migrantes (CRM) y de los dispositivos territoriales de atención, la División trabaja cotidianamente para que el reconocimiento jurídico no quede vacío de contenido social.
Entre los principales desafíos que enfrenta la integración de personas refugiadas y solicitantes de asilo en Uruguay se encuentran: el acceso a la vivienda en condiciones dignas —en un contexto de mercado habitacional excluyente—; la homologación de títulos y credenciales; la incorporación al sistema de cuidados del SNIC; y la superación de las barreras idiomáticas, culturales y de documentación que dificultan el acceso a servicios. La política social no puede ser ciega a estas especificidades.
Las personas refugiadas no son beneficiarias pasivas de la generosidad estatal: son sujetos de derecho que han atravesado situaciones de vulnerabilidad extrema y cuya integración efectiva fortalece el tejido social, la diversidad cultural y la vitalidad democrática del Uruguay.
Compromiso institucional renovado
En este Día Internacional del Refugiado, la División reafirma su compromiso con una política de protección que sea a la vez jurídicamente rigurosa, socialmente eficaz y políticamente comprometida con los valores de solidaridad y hospitalidad que definen a Uruguay en el concierto internacional.
Ese compromiso se traduce en trabajo concreto: en la atención cotidiana a personas en situación de vulnerabilidad, en la articulación interinstitucional para ampliar el alcance de las políticas, en la formación de equipos técnicos con sensibilidad intercultural, y en la incidencia para que el presupuesto y la legislación reflejen la centralidad de esta agenda.
El asilo no es un privilegio: es un derecho. Y los derechos, para ser reales, requieren del Estado. La División está.