Ministerio de Desarrollo Social

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), en su calidad de organismo coordinador del Consejo Nacional de Políticas Sociales (CNPS), y la Suprema Corte de Justicia (SCJ) formalizaron un acuerdo de cooperación para la implementación del programa, orientado a mejorar el acceso a la justicia, fortalecer las respuestas institucionales y promover la protección integral de derechos mediante una mayor articulación entre los distintos organismos del Estado. La iniciativa cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Este jueves 18 de junio se realizó el lanzamiento de la iniciativa en la sede de la SCJ. Participaron en la oratoria la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Doris Morales; el presidente del CNPS y subsecretario del MIDES, Federico Graña; y el representante residente del PNUD, Stefano Pettinato.

Durante la presentación, Graña destacó que el acuerdo reafirma el acceso a la justicia como una responsabilidad de todo el Estado en su rol de garante de derechos. En ese sentido, señaló la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre el sistema judicial y las instituciones de protección social para brindar respuestas más oportunas y adecuadas a las necesidades de la población.

Asimismo, subrayó que la iniciativa contribuirá a mejorar los canales de comunicación y el intercambio de información entre los organismos involucrados. La construcción de confianza, el respeto a las competencias de cada institución y la coordinación de esfuerzos fueron señalados como elementos clave para avanzar hacia una justicia más accesible y efectiva, especialmente en áreas prioritarias como infancia y adolescencia, salud mental, violencia basada en género, personas migrantes y personas mayores.

Antecedentes 

La propuesta surge a partir del incremento de situaciones de alta vulnerabilidad que llegan al ámbito judicial y de la creciente interacción entre los equipos territoriales de organismos públicos -como el MIDES, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), los prestadores de salud y otros servicios estatales y el sistema de justicia.

Durante los últimos meses de 2025, autoridades del MIDES, el INAU y el Poder Judicial, con asistencia técnica del PNUD, desarrollaron instancias de trabajo que permitieron identificar oportunidades de mejora en materia de intercambio de información, coordinación institucional y fortalecimiento de las respuestas dirigidas a la ciudadanía.

En ese proceso también se relevaron experiencias exitosas de trabajo conjunto en distintos puntos del país, que evidenciaron la necesidad de consolidar mecanismos permanentes de colaboración para atender de forma más eficiente las distintas situaciones que requieren intervención estatal.

El programa Justicia de Cercanía se sustenta en un enfoque de derechos humanos, acceso a la justicia, territorialidad e inclusión. Además de facilitar una justicia más próxima y comprensible para la ciudadanía, busca fortalecer los insumos técnicos disponibles para la toma de decisiones judiciales mediante estándares comunes de calidad y mejores herramientas de trabajo entre los distintos equipos involucrados.

La implementación contará con la participación de la Suprema Corte de Justicia, el Centro de Estudios Judiciales (CEJU), la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Interior y los organismos sectoriales competentes en cada temática. El PNUD brindará asistencia técnica para el diseño, puesta en marcha y seguimiento de las acciones previstas, en coordinación con UNICEF en algunas líneas de trabajo.

Tres líneas de acción prioritarias

La propuesta se desarrollará a través de tres ejes principales. El primero estará orientado a fortalecer el vínculo entre el sistema de justicia y los organismos públicos mediante mecanismos estables de trabajo, encuentros regionales, herramientas de coordinación y guías de actuación para operadores y operadoras judiciales.

El segundo eje buscará acercar la justicia a la ciudadanía a través de acciones de alfabetización jurídica, producción de materiales de divulgación, promoción del lenguaje claro y la reinstalación del programa “El Poder Judicial va a la Escuela”, con actividades educativas en centros de enseñanza de todo el país.

La tercera línea de trabajo estará enfocada en mejorar la calidad y oportunidad de los informes técnicos y demás insumos que reciben los operadores judiciales para la toma de decisiones, promoviendo estándares comunes, mejores procedimientos de intercambio de información y espacios de formación conjunta.