Ministerio de Desarrollo Social

El acuerdo busca consolidar la articulación entre ambas instituciones para enfrentar los desafíos sociales, nutricionales, productivos y ambientales vinculados a la alimentación. También destaca el papel fundamental de la agricultura familiar y la pesca artesanal en la producción de alimentos saludables, sostenibles y accesibles para toda la población.

Una alianza para garantizar el derecho a la alimentación

El convenio reafirma el compromiso compartido del Mides y el MGAP con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular con el ODS 2: Hambre Cero, que propone erradicar el hambre y asegurar el acceso universal a alimentos suficientes y nutritivos.

En este marco, las instituciones acordaron promover la complementariedad institucional y fortalecer la cooperación técnica y política para avanzar hacia sistemas alimentarios más equitativos.

 Entre los objetivos principales se destacan:

• Fomentar las compras públicas a la producción familiar y la pesca artesanal, de acuerdo con la Ley N° 19.292.
• Impulsar mercados de cercanía y circuitos cortos de comercialización.
• Generar espacios de trabajo interinstitucional que mejoren la calidad de vida de la población, con enfoque de género, generacional y de derechos humanos.
• Promover el desarrollo de políticas públicas que fortalezcan la producción familiar y mejoren el acceso a alimentos de calidad nutricional.

Firma de convenio

La actividad tuvo lugar en la sede del MGAP, ubicada en la avenida Garzón, donde funciona la DGDR. El director de Desarrollo Rural, Gabriel Isola, abrió la oratoria y destacó la relevancia de esta articulación: “Pocas veces se ve tan claro un escenario de ganar-ganar: logramos alimentos en cantidad y calidad adecuadas para quienes más lo necesitan, y al mismo tiempo garantizamos la comercialización a precios justos para los agricultores familiares”, señaló.

Por su parte, la directora del Instituto Nacional de Alimentación, Micaela Melgar, subrayó que este acuerdo representa un paso más en un camino de cooperación sostenida entre ambas instituciones: “Es el punto de encuentro entre dos dimensiones del país que queremos construir: la producción de alimentos y el derecho a acceder a ellos. La desigualdad en el acceso a la alimentación es una forma de exclusión que impacta en todos los demás derechos. Este acuerdo une la capacidad productiva del país con su desarrollo social”, expresó. Melgar también destacó el rol estratégico de la producción familiar y la necesidad de actuar con sentido de urgencia para avanzar hacia el objetivo de hambre cero.

El subsecretario del Mides, Federico Graña, felicitó a los equipos técnicos por hacer posible la concreción del acuerdo: “la distancia entre una idea y su realización es enorme. Este acuerdo demuestra que, con voluntad política y trabajo conjunto, es posible. No hay desarrollo social sin desarrollo productivo”, afirmó.

El cierre estuvo a cargo del subsecretario del MGAP, Matías Carámbula, quien resaltó que este logro es fruto de un proceso colectivo y sostenido: “este acuerdo sintetiza años de compromiso y trabajo”. Carámbula señaló que Uruguay produce alimentos para el mundo, pero aún enfrenta desafíos en el acceso a la alimentación, especialmente en la infancia. “Este acuerdo pone el tema sobre la mesa: la alimentación debe ser un derecho garantizado”, concluyó.

Contexto y fundamentos

El acuerdo parte del reconocimiento de que la inseguridad alimentaria y las desigualdades en el acceso a alimentos adecuados siguen siendo desafíos urgentes en Uruguay. Actualmente, coexisten situaciones de desnutrición y exceso de peso, reflejo de un sistema alimentario desigual y fragmentado. A la vez, la agricultura familiar —que representa más de la mitad de las explotaciones agropecuarias del país— enfrenta dificultades estructurales, como la concentración de la tierra, el acceso limitado a tecnología y mercados, y el desplazamiento hacia suelos de menor productividad.

En este contexto, el acuerdo busca vincular las políticas sociales y productivas para fortalecer tanto el desarrollo rural como la seguridad alimentaria de la población, reconociendo el valor de quienes producen alimentos desde el territorio.