Ministerio de Desarrollo Social

El encuentro se organizó en una mesa institucional de apertura, dos mesas temáticas (acceso a una alimentación adecuada y compras públicas a la agricultura familiar y la pesca artesanal) y una mesa de síntesis. El objetivo fue compartir avances, identificar brechas y fortalecer la coordinación de cara a una ley marco del derecho a la alimentación.

Baja la inseguridad alimentaria, con mayor impacto en la primera infancia

La directora de INDA, Micaela Melgar, abrió la jornada con datos preliminares de la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES), que se aplica en la Encuesta Continua de Hogares. El trabajo de procesamiento de los datos es en conjunto entre INE, MSP, y MIDES, con apoyo de Udelar y FAO.  El análisis exhaustivo y el informe final se publicará a mediados de noviembre.

La inseguridad alimentaria moderada o grave en los hogares bajó de 13,2% a 12,4%, y la grave de 1,9% a 1,5%. En los hogares con niñas y niños menores de 6 años pasó de 18,9% a 14,8%: una baja de 4,1 puntos, la mayor para ese grupo desde que se aplica el módulo en 2022. En el primer quintil de ingresos descendió de 33% a 31,8%, y la grave de 5,8% a 4,8%.

“No es aceptable vivir en un país que produce alimentos de calidad y que haya personas que pasan hambre”, afirmó Melgar. Advirtió que los niños siguen más expuestos que el resto de la población y que uno de cada tres hogares del primer quintil continúa en inseguridad alimentaria. “Vamos en la dirección correcta, pero no alcanza”, resumió.

Una causa nacional

El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, definió la alimentación como causa nacional y vinculó la mejora en la primera infancia con las políticas de ingresos, el empleo de mujeres jefas de hogar y el aumento del bono crianza. “El hambre, la inseguridad alimentaria, no es un destino, no es un desastre natural. Es producto de una distribución muy desigual de los recursos y de las posibilidades”, sostuvo.

El subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, Matías Carámbula, planteó la contradicción de un país exportador de alimentos donde cerca del 15% de la población tiene inseguridad alimentaria. Propuso abordar el tema desde los sistemas agroalimentarios, de la producción al consumo, y dejar de ver el alimento como una mercancía.

El subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo, vinculó la malnutrición con las enfermedades crónicas y el cambio climático, y recordó que estas afecciones son más prevalentes en los hogares más pobres. Por su parte, el senador Sebastián Sabini, presidente de la Comisión Especial Bicameral por el Derecho a la Alimentación, destacó la duplicación de los comedores estudiantiles, que pasaron de 20.000 a 40.000 comensales y comprometió su esfuerzo hacia una ley marco por el derecho a la alimentación. 

Acceso a la alimentación y compras públicas

En la mesa sobre acceso, el Programa de Alimentación Escolar de ANEP planteó que alimentarse también se aprende, y destacó los 60 nuevos comedores en educación media y la apertura de comedores por INDA en las vacaciones de setiembre, que recibieron a más de 2.500 estudiantes. La investigadora Anabel Rieiro (Udelar) señaló la concentración de la riqueza y la desigual distribución del trabajo de alimentar, que recae sobre todo en las mujeres. La Coordinadora Popular y Solidaria Ollas por la Vida Digna repasó el aporte de las ollas desde 2020 y pidió participar en el diseño de la política. El Programa Nacional de Nutrición del MSP mostró que el 89,4% de la población reconoce el rotulado frontal y que seis de cada diez personas dicen que influyó en sus compras.

La mesa de compras públicas mostró el peso del Estado como comprador de alimentos. Representantes de la DGDR del MGAP, INACOOP, INDA y las cooperativas Caluprocerd y Calprodec coincidieron en que estas compras sostienen a productores familiares y pescadores artesanales y dinamizan las economías locales. INDA compra hoy de forma directa a ocho proveedores de la agricultura familiar, la pesca artesanal y el cooperativismo. Los productores pidieron regionalizar las licitaciones y adaptar los mecanismos de compra a la escala de la producción familiar.

Hacia una ley marco

En el cierre, la adjunta a la dirección de INDA, María Eugenia Oholeguy, presentó el trabajo de la Comisión de Seguridad Alimentaria del Consejo Nacional de Políticas Sociales. Esta instancia reúne a ministerios, institutos y gobiernos departamentales, y tiene el mandato de avanzar en este período de gobierno hacia una ley marco del derecho a la alimentación adecuada. La comisión está culminando un diagnóstico de la acción estatal en la materia, base del proyecto que impulsará el Poder Ejecutivo.

Además, en el marco de la presidencia pro tempore de Uruguay en la CELAC, el país elabora por primera vez un capítulo nacional, con el MGAP como punto focal e INDA como contraparte técnica. “Una alimentación digna es condición básica para el ejercicio pleno de la democracia”, afirmó Oholeguy.

Elisa Bandeira, especialista de la FAO en Uruguay, celebró el compromiso interinstitucional y confirmó que la FAO acompaña la elaboración de la propuesta de ley y la sistematización de la jornada. Los aportes formarán parte de una hoja de ruta para garantizar el derecho a una alimentación adecuada en todo el país.

La grabación completa está disponible en el canal de YouTube de INDA.