Boletín de Precios de Mercado Externos
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El Departamento Promoción Comercial aporta a través de esta publicación quincenal información de mercados externos. El mencionado boletín se distribuye en forma gratuita. Permitida la reproducción mencionando la fuente.
Agricultores franceses convocan una jornada nacional de protesta contra el acuerdo UE-Mercosur.
La Federación Nacional de Sindicatos de Agricultores (FNSEA), principal organización del sector en Francia, anunció una jornada nacional de movilización para el 25 de septiembre en rechazo al pacto comercial entre la Unión Europea y Mercosur, a los aranceles impulsados por Donald Trump y a la entrada de productos importados que, según denuncian, "no respetan la reglamentación francesa".
El secretario general de la FNSEA, Arnaud Rousseau, advirtió en declaraciones al semanario Jornal de Dimanche que la llegada de productos latinoamericanos "más baratos y con diferentes normas de producción" amenaza a la competitividad de la agricultura francesa.
La convocatoria coincide con un contexto de tensión social y política en el país. Tras la caída en el Parlamento del primer ministro François Bayrou, el presidente Emmanuel Macron designó a Sébastien Lecornu como nuevo jefe de Gobierno, quien ha sugerido flexibilizar parte del plan de austeridad de 2026. Pese a ello, las protestas sindicales del 18 de septiembre siguen previstas.
El malestar también se extiende al ámbito empresarial. La patronal Medef, en voz de su presidente Patrick Martin, advirtió en Le Parisien que se producirá "una gran protesta" si el próximo presupuesto incluye una subida de impuestos corporativos.
El acuerdo UE-Mercosur, en proceso de ratificación en los parlamentos de los Veintisiete, genera amplio rechazo en Francia. En enero de 2024 ya se produjo una oleada de manifestaciones de agricultores y ganaderos, que denunciaban la pérdida de competitividad frente a países con normativas medioambientales menos estrictas y la excesiva carga burocrática.
En respuesta a aquel movimiento, la Asamblea Nacional aprobó en verano la polémica ley Duplomb, que reautorizaba el uso de un pesticida. Sin embargo, la medida fue modificada posteriormente tras la presión de colectivos ecologistas y la revisión de los tribunales.