Programa de Derechos Humanos en Políticas Públicas - semi presencial
En el marco de los compromisos asumidos por el Estado en materia de derechos humanos, se ha consolidado progresivamente la necesidad de fortalecer una gestión pública orientada por un enfoque de derechos humanos. Este enfoque no solo interpela los contenidos sustantivos de las políticas públicas, sino también los procesos mediante los cuales estas se diseñan, implementan, evalúan y gobiernan, incorporando principios fundamentales como la igualdad sustantiva, la no discriminación, la participación, la rendición de cuentas y la territorialidad.
En este contexto, la formación de funcionarias y funcionarios públicos constituye un componente estratégico para avanzar en la consolidación de un Estado garante de derechos, capaz de responder a las múltiples desigualdades estructurales que atraviesan a la sociedad uruguaya. Esta necesidad adquiere particular relevancia en el escenario regional e internacional actual, caracterizado por tensiones geopolíticas crecientes, procesos de debilitamiento democrático en algunos países y señales de retroceso en conquistas históricas en materia de derechos humanos. El avance de discursos de odio, la deslegitimación de agendas de igualdad y la creciente polarización social configuran un entorno que interpela de manera directa a las instituciones públicas y exige respuestas sólidas, basadas en estándares internacionales y en el fortalecimiento de capacidades estatales.
En este marco, el programa “Enfoque de Derechos Humanos en las Políticas Públicas” se propone contribuir a este objetivo, fortaleciendo capacidades institucionales para incorporar de manera transversal el enfoque de derechos humanos en la gestión pública, con especial atención a las poblaciones históricamente vulneradas y desde una perspectiva interseccional, reafirmando el compromiso del Estado uruguayo con la protección, promoción y garantía de derechos.
La propuesta reconoce, asimismo, la centralidad de la participación activa de la sociedad civil organizada como actor clave en la construcción, monitoreo y evaluación de las políticas públicas. La incorporación de sus voces, saberes situados y experiencias territoriales constituye un insumo fundamental para comprender las realidades locales, identificar brechas en la garantía de derechos y fortalecer modelos de gobernanza democrática. En este sentido, el programa prioriza un diálogo permanente entre la institucionalidad pública y la sociedad civil, entendiendo que la articulación entre ambos ámbitos enriquece el diseño de las políticas y fortalece su legitimidad y eficacia.
