Programa de Derechos Humanos en Políticas Públicas - semi presencial

En el marco de los compromisos asumidos por el Estado en materia de derechos humanos, se ha consolidado progresivamente la necesidad de fortalecer una gestión pública orientada por un enfoque de derechos humanos. Este enfoque no solo interpela los contenidos sustantivos de las políticas públicas, sino también los procesos mediante los cuales estas se diseñan, implementan, evalúan y gobiernan, incorporando principios fundamentales como la igualdad sustantiva, la no discriminación, la participación, la rendición de cuentas y la territorialidad.

En este contexto, la formación de funcionarias y funcionarios públicos constituye un  componente  estratégico  para  avanzar  en  la  consolidación  de  un  Estado garante  de  derechos,  capaz  de  responder  a  las  múltiples  desigualdades estructurales que atraviesan a la sociedad uruguaya. Esta necesidad adquiere particular  relevancia  en  el  escenario  regional  e  internacional  actual, caracterizado por tensiones geopolíticas crecientes, procesos de debilitamiento democrático en algunos países y señales de retroceso en conquistas históricas en  materia  de  derechos  humanos.  El  avance  de  discursos  de  odio,  la deslegitimación  de  agendas  de  igualdad  y  la  creciente  polarización  social configuran  un  entorno  que  interpela  de  manera  directa  a  las  instituciones públicas y exige respuestas sólidas, basadas en estándares internacionales y en el fortalecimiento de capacidades estatales. 
 
En este marco, el programa “Enfoque de Derechos Humanos en las Políticas Públicas”  se  propone  contribuir  a  este  objetivo,  fortaleciendo  capacidades institucionales para incorporar de manera transversal el enfoque de derechos humanos  en  la  gestión  pública,  con  especial  atención  a  las  poblaciones históricamente vulneradas y desde una perspectiva interseccional, reafirmando el compromiso del Estado uruguayo con la protección, promoción y garantía de derechos. 
 
La propuesta reconoce, asimismo, la centralidad de la participación activa de la sociedad  civil  organizada  como  actor  clave  en  la construcción,  monitoreo  y evaluación de las políticas públicas. La incorporación de sus voces, saberes situados  y  experiencias  territoriales  constituye  un  insumo  fundamental  para comprender las realidades locales, identificar brechas en la garantía de derechos y fortalecer modelos de gobernanza democrática. En este sentido, el programa prioriza un diálogo permanente entre la institucionalidad pública y la sociedad civil, entendiendo que la articulación entre ambos ámbitos enriquece el diseño de las políticas y fortalece su legitimidad y eficacia. 
 

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