Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos
Informes
Informe referente a Uruguay
El 5 de marzo de 2013, el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América publicó, como lo hace anualmente, su informe referente a la Estrategia para el Control Internacional de Narcóticos. El documento, fue preparado en función de lo estipulado en la Sección 489 de la ley de Asistencia Extranjera del año 1961 y este informe es el número 30 publicado bajo el amparo de esta disposición.
El contenido de esta normativa estadounidense requiere un informe de cómo, cada uno de los países que hayan recibido asistencia en los dos últimos años fiscales bajo lo establecido en el Capítulo 8 de la Parte I de la ley de Asistencia Extranjera (Foreign Assistance Act –FAA), cumplieron los objetivos y metas de la “Convención contra el Tráfico Ilícito de Narcóticos y Sustancias Psicotrópicas”.
El informe, al igual que los anteriores, está dividido en dos volúmenes:
- El primero evalúa los esfuerzos de los gobiernos nacionales para la lucha contra el narcotráfico, el cumplimiento de las obligaciones internacionales enmarcadas en el sistema de las Naciones Unidas y los diversos instrumentos internacionales de lucha contra el mencionado flagelo.
- El segundo, detalla las políticas antilavado de activos y crímenes financieros, llevadas adelante en los países, que de acuerdo a las consideraciones del gobierno de los EE.UU., son los más significativos en esta materia.
En el Volumen II del informe publicado el pasado 5 de marzo, el Departamento de Estado expresa que a pesar de que nuestro gobierno ha tomado pasos positivos para contrarrestar el lavado de activos (LA) y las actividades de financiamiento del terrorismo (FT), y que continúa progresando en el fortalecimiento de su sistema ALA/CFT, Uruguay sigue siendo vulnerable a estas amenazas, lo que se viene repitiendo casi textualmente en los informes de los últimos años, como se desarrolla en el Memorando 001/OAE/2012 citado como referencia.
También menciona como elemento caracterizante, la dolarización de la economía, observando que casi el 75% de los depósitos y el 50% de los créditos son en la moneda estadounidense.
Citando fuentes judiciales y policiales uruguayas manifiesta la preocupación por la actuación de organizaciones criminales colombianas y mexicanas en nuestro territorio, y la posibilidad del desplazamiento del crimen organizado desde el sur de Brasil, argumentos que han sido publicados a lo largo del año en distintos medios de prensa nacionales en base a declaraciones de fuentes judiciales y policiales uruguayas.
El informe reafirma, hasta donde se tiene conocimiento, que las principales actividades de LA se relacionan con el tráfico de drogas, y en menor medida con el sector inmobiliario. La corrupción, según el informe, no representa un factor significativo para el LA/FT y destaca la porosidad de nuestras fronteras con Argentina y Brasil, facilitando el contrabando de bienes y dinero y el lavado derivado de este último, a través del comercio; sin embargo, no hay indicios que estas actividades favorezcan el FT.
En función de la libertad de movimiento de capitales en Uruguay, el sector financiero informal es casi inexistente, acorde a lo publicado en el informe; por ende, el lavado de dinero se da a través del sector financiero (On-Shore y Off-Shore).
En el Informe, se describe la cantidad de Bancos Off-Shore y Zonas Francas que operan en nuestro territorio y hace una brevísima descripción del objeto de algunas de ellas, manifestando que algunos depósitos en puertos y aeropuertos son utilizados como lugares de tránsito para bienes de contrabando y/o falsificados con destino a Brasil o Paraguay. Paralelamente, se destaca el Decreto 344/2010 del 25 de Noviembre de 2010, que regula las operaciones a realizarse en estos enclaves.
En la segunda parte del informe referido a Uruguay del Volumen II, denominada “Cumplimiento, Implementación de Medidas y Comentarios”, expresa, en primer término, que el país sigue progresando en materia de antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT).
Los principales logros que destaca el Informe extranjero son los siguientes:
- Aprobación de la Estrategia Nacional contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo- Basada en Riesgos,
- Aprobación de la ley que modifica el régimen de acciones al portador,
- Celebración de varios acuerdos de intercambio de información tributaria,
- Creación de un grupo de trabajo para realizar la compilación de la legislación referente a LA/FT en un solo cuerpo normativo, su armonización y eventuales modificaciones,
- Creación del Observatorio de Análisis Estratégico en materia de LA/FT,
- Creación de un grupo de trabajo que estudiará la pertinencia de incluir a la evasión fiscal como delito precedente,
- Publicación por parte del Banco Central del Uruguay de la “Guía de Operaciones de Riesgo y Señales de Alerta relacionadas con el Financiamiento del Terrorismo” (Comunicación BCU 2012/191), y
- Creación del sitio Web de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos.
Por último, se refiere a la creación y funcionamiento de los Juzgados Letrados Penales Especializados en Crimen Organizado y las fiscalías en la materia, las actividades de capacitación organizadas por la Secretaría Nacional Antilavado, las medidas adoptadas por la UIAF/BCU para extender la obligación de reportar a otros sujetos obligados y el establecimiento de un conjunto de indicadores de alerta.
En otro sentido, observa la falta de registros precisos acerca de los procesamientos, sentencias y bienes decomisados por casos de LA/FT y sugiere al gobierno uruguayo, corregir su legislación en lo que hace a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, mejorar sus registros estadísticos en esta materia y tomar contacto con las entidades no financieras, como inmobiliarias y escribanos, para mejorar el sistema de Reportes de Operaciones Sospechosas.
Finalmente a modo de resumen, se describen en el caso de nuestro país, como principales debilidades del sistema ALA/CFT:
- La porosidad de la frontera con Argentina y Brasil,
- La falta de registros precisos en la materia, y
- La falta de información estadística.
Países de la región mencionados en el volúmen II del informe
Con referencia a la República Argentina, el Informe manifiesta que la evasión fiscal es el delito precedente mayoritario en los casos de LA. Asimismo, afirma que la limitación en el acceso a moneda extranjera ha creado un mercado informal que podría favorecer el LA/FT.
Si bien el país vecino, ha aprobado abundante legislación en la materia, lo que es destacado en el informe, aún resta conocer, según el gobierno estadounidense, como implementa su cumplimiento en una forma adecuada y no politizada.
En el caso de Bolivia, se afirma que no es un centro financiero de importancia pero que de todos modos es vulnerable a LA. Las actividades ilícitas más comunes son el tráfico de cocaína, corrupción, evasión fiscal, contrabando y tráfico de personas. Destaca que la Unidad de Información Financiera boliviana fue expulsada del Grupo Egmont y no será readmitida hasta tanto no cumpla con las definiciones y requisitos del grupo internacional.
Para Brasil, el Departamento de Estado de los EE.UU. establece que San Pablo y la zona de la Triple Frontera son los lugares de mayor riesgo en cuanto al LA/FT. Si bien en junio de 2012, se aprobó un nueva ley ALA con mayor alcance en las definiciones y que facilita los procesamientos por crímenes relacionados al LA; aún Brasil, según el informe, no criminaliza el Terrorismo en la forma que lo sugieren los organismos internacionales ni adopta procedimientos adecuados para la congelación inmediata de fondos.
Colombia se mantiene, al igual que en informes anteriores, como un lugar de riesgo en lo que respecta al LA/FT, en particular relacionado con el tráfico de cocaína hacia los EE.UU. y México. También destaca, el fraude, la extorsión y el secuestro como crímenes significativos en lo que respecta al LA/FT.
Paraguay es definido como un país de riesgo mayor para el tránsito de drogas y el lavado de dinero proveniente de la corrupción, el contrabando y el tráfico ilícito de drogas. Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero y Salto del Guairá son vistos como el corazón de la economía informal paraguaya. Se afirma que los fiscales que manejan los casos de lavado cuentan con muy pocos recursos y la selección de jueces, fiscales y defensores públicos está basada en el nepotismo, la política e influencias de grupos de poder. Por otra parte, se manifiesta la falta de cooperación entre organismos a nivel nacional como un obstáculo a la obtención de resultados en esta materia.
Venezuela es descrito como un país de riesgo mayor para el tráfico de cocaína. El gobierno venezolano implementó en el año 2010 y resalta un plan de acción que mejoró sus deficiencias en materia de ALA/CFT. En enero de 2012, aprobó una ley que define y sanciona el crimen organizado y el financiamiento del terrorismo; sin embargo, el FinCEN[1] no intercambia información con la Unidad de Información Financiera venezolana porque en el año 2007, esta última, divulgó información no autorizada por este organismo estadounidense.