Sistema Nacional de Emergencias

Llamado en aquel momento "SNE", fue madurando institucionalmente hasta que en 2009 la ley 18.621 lo consagró como un sistema nacional de carácter permanente, descentralizado e interinstitucional, del que son parte todos los niveles de gobierno y que tiene por objetivo la protección de las personas, los bienes de significación y el ambiente frente a situaciones que puedan derivar en emergencias o desastres. 

Esta concepción como sistema, como un ámbito descentralizado de articulación interinstitucional donde cada actor opera de forma coordinada, considerando el riesgo como construcción social que requiere ser gestionado conjuntamente, es toda una novedad y es motivo de elogios a nivel internacional.

En efecto, al no tratarse de un organismo de protección civil como ocurre en muchos países, sino de una instancia específica y permanente de coordinación de las instituciones públicas para la gestión integral del riesgo de desastres, el país optimiza recursos y capacidades con los que siempre ha contado, integrando la temática de los riesgos en todas las áreas del Estado y en todos sus niveles.

Como decíamos el Sistema Nacional de Emergencias es un ámbito nacional y descentralizado. Al nivel departamental funcionan los Comités Departamentales de Emergencias (CDE), que son los órganos responsables de la formulación, en el ámbito de sus competencias y en consonancia con las políticas globales del Sistema Nacional de Emergencias, de políticas y estrategias a nivel local. Están presididos por los Intendentes e integrados por representantes del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Defensa Nacional, de la Dirección Nacional de Bomberos, de la Policía Nacional, del Instituto Nacional del Niño y el Adolescente del Uruguay y de la Fiscalía General de la Nación. Asimismo cada CDE puede convocar a más instituciones. En algunos departamentos también participan de las coordinaciones representantes de UTE, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, del Instituto Uruguayo de Meteorología, entre otros. Las instancias operativas departamentales son los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales (Cecoed).

Otros hitos en ese proceso de consolidación institucional que lleva poco más de un cuarto de siglo, son:

• En 2015 la designación por primera vez de un Director Nacional, cargo que actualmente ocupa el Cnel. (R) Mag. Sergio Rico.
• En 2016 la creación de la Junta Nacional de Emergencias y Reducción de Riesgos como ámbito de coordinación del Poder Ejecutivo, para la definición de políticas públicas de reducción de riesgo y atención a emergencias y desastres.
• En 2020 la aprobación a través del decreto 65/020 de la reglamentación de la ley 18.621 que entre otros instrumentos para la implementación de la gestión integral del riesgo de emergencias y desastres en Uruguay prevé el Plan Nacional de Gestión Integral y Reducción del Riesgo de Desastres que está en su etapa final de elaboración y establece el rumbo de los próximos 4 años.
• En 2020 la aprobación mediante el decreto 66/020 de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Emergencia y Desastres que marca las líneas estratégicas a largo plazo, hasta 2030.
• En 2021 la incorporación a todos los CDE del país dos nuevos actores: el Instituto Nacional del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) y de la Fiscalía General de la Nación. 

Ha pasado más de un cuarto de siglo de su creación por decreto y más de una década desde su creación por ley. 

En todo este tiempo, el Sinae ha fortalecido sus capacidades técnicas y operativas y, entre otras cosas, apoyó el diseño y la implementación de sistemas de alerta temprana y la elaboración de planes y protocolos, desarrolló acciones de contingencia, realizó capacitaciones y coordinó la solidaridad de cientos de personas voluntarias. Además lideró campañas de sensibilización y promoción de una cultura preventiva, siempre desde la perspectiva de género y generaciones y en concordancia con los marcos internacionales. Fueron años de aprendizaje mutuo y cooperación efectiva que nos dejan un país más preparado, que asegura los derechos de todas y de todos, y que apunta a un desarrollo sostenible.
 
Porque la gestión del riesgo no es un área de servicios altamente especializados o una práctica operativa para responder a las emergencias, es un aspecto transversal que abarca a todos los sectores de la sociedad.
 
El desafío implica seguir elevando los estándares de calidad a través de la mejora continua de la gestión y los procesos, para asegurar un desempeño más eficiente y transparente.
En esa línea el Sinae seguirá trabajando los 365 días del año para gestionar integralmente los riesgos y construir una sociedad más solidaria, mejor preparada y más resiliente.