Carlos Jacina Leiva
Carlos Alberto Jacina Leiva era hijo y nieto de colonos a quien se le había cedido una parcela en San Javier para trabajar en ella conforme a las pautas del Instituto Nacional de Colonización (INC). En 1980, cuando el Ejército invadió la colonia Jacina fue detenido, procesado y enviado al Penal de Libertad hasta 1985.
A partir de su detención, las autoridades interventoras del INC iniciaron la rescisión del contrato que lo vinculaba a la parcela y, al mismo tiempo, desalojaron a sus padres que todavía vivían en el terreno. También se le confiscó la indemnización que le pagaba el INC por las mejoras que la familia Jacina había realizado a lo largo de varios años de trabajo.
La parcela fue entregada a una persona vinculada a las Fuerzas Armadas. Cuando Carlos Jacina salió en libertad intentó sin éxito recuperar el predio y el valor de las mejoras que le quitaron de forma ilícita. Falleció sin descendencia directa.
Si bien no se ha profundizado en la investigación sobre la utilización de las propiedades de las víctimas del terrorismo de Estado, tal como lo expresa el equipo de historia de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, se tiene conocimiento de que la represión se apropió de bienes muebles e inmuebles de los detenidos, con el argumento de que habían sido utilizados para la realización de “actividades subversivas”. En general la justicia militar legitimaba la apropiación.
El decreto de ley 14.373 de mayo de 1975 permitió a las Fuerzas Armadas apoderarse de los bienes de las personas detenidas dándoles destinos diversos. La ley de Amnistía de 1985 dispuso el reintegro de todo lo que hubiere sido incautado o confiscado a los presos políticos, bajo ese régimen legal dictado, así como reclamó la responsabilidad estatal de los funcionarios actuantes respecto de aquellos bienes que no pudieren ser restituidos.
La detención de Jacina se dio en un contexto en que los miembros de la colonia de San Javier eran vigilados y perseguidos solo por el hecho de su origen ruso. La idea de que los centros y asociaciones culturales de los países socialistas eran la fachada tras la que se desarrollaba una conspiración marxista, se profundizó durante la dictadura cívico militar.
“En octubre y noviembre de 1973 ocurrieron los primeros operativos de represión en la colonia. Hubo allanamientos y detenciones. En julio de 1976 soldados del Batallón de Infantería número 9 de Fray Bentos entraron en el poblado. Detuvieron y torturaron gente. En abril de 1980 comenzaron las acciones represivas que iban a convertir a San Javier en un pueblo sitiado. El Ejército invadió el pueblo, destrozó y clausuró el Centro Cultural Máximo Gorki y detuvo a unas veinte personas de las cuales once fueron procesadas por la justicia militar y cumplieron condenas de hasta cuatro años en el Penal de Libertad. La magnitud y violencia del operativo hizo que los más viejos lo compararan con la plaga de langosta que casi devastó San Javier poco después de su fundación”, relata Virginia Martínez en su libro Los rusos de San Javier.
El operativo comenzó el 29 de abril de 1980 y llevó varios meses de trabajo de infiltración e inteligencia. Estuvo a cargo de la seccional policial de San Javier bajo la dirección del Batallón de Infantería número 9. Entre las varias detenciones que se produjeron, estuvo la de Carlos Jacina Leiva. En abril de 1984, a pocos meses de finalizada la dictadura, en un predio militar de ese departamento, fue asesinado bajo torturas el médico Vladimir Roslik.
La colonia de San Javier ha decidido promover un espacio público de memoria desde donde difundir la historia colectiva como forma de homenaje y para se conozcan los extremos que alcanzaron las violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado.
CARLOS JACINA LEIVA
La Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria resolvió en febrero de 2019 la colocación de una placa en el espacio que fuera parte de la parcela del colono Carlos Jacina Leiva en la ciudad de San Javier.