El sistema de protección necesita adaptarse a la realidad actual
Ante esta alerta, la INDDHH decide actuar de oficio involucrando a los equipos técnicos de la Defensoría del Pueblo, el Mecanismo Nacional de Prevención y la Unidad Especializada en Género, para asegurar una mirada integral sobre los hechos.
La investigación, que finalmente abarcó un total de once adolescentes, revela omisiones y deficiencias por parte de organismos del Estado (INAU, ANEP, MIDES, Poder Judicial, FGN, Ministerio del Interior y ASSE) para enfrentar la violencia y explotación sexual que sufrieron. Se identificaron fallas en todos los niveles de las obligaciones del Estado: la prevención, la detección, la protección y la restitución de derechos, así como la reparación sobre los daños.
Preocupa especialmente que este caso incluye una muerte materna vinculada a un posible embarazo forzado. La INDDHH considera que el Estado incurrió en lo que se denomina violencia institucional[1] y además puede ser responsable de faltas graves relativas a sus obligaciones ante el sistema internacional de derechos humanos.
La INDDHH propone en su resolución una serie de medidas orientadas a la corrección de las deficiencias detectadas:
- implementar medidas de reparación efectivas para las adolescentes afectadas;
- realizar investigaciones administrativas y judiciales para identificar y sancionar a los responsables;
- mejorar los procesos de prevención, detección, protección y reparación de situaciones de explotación sexual infantil,
- fortalecer los recursos y la capacitación del personal involucrado en la atención y protección de las adolescentes;
- aumentar la capacidad investigativa de la Fiscalía y mejorar la articulación con INAU y otras instituciones;
- reforzar la atención a la salud sexual y reproductiva de las adolescentes, especialmente mejorar la respuesta ante embarazos forzados.
Por último, la INDDHH pone a disposición de la opinión pública la resolución e investigación con el objetivo de sensibilizar a toda la sociedad sobre este tipo de situaciones que se están dando en todo el país.
Pero sobre todo recomienda fuertemente a los poderes del Estado una revisión profunda del sistema de protección para adecuarlo a la realidad de las problemáticas que debe enfrentar en la actualidad.
Consejo Directivo
Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo
[1] Se define como toda acción u omisión de cualquier autoridad, funcionario o personal del ámbito público o de instituciones privadas, que discrimine a las mujeres o tenga como fin menoscabar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales, así como el acceso a las políticas y servicios destinados a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar las manifestaciones, tipos y modalidades de violencia contra las mujeres previstas en la ley.