Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo

Dicho Acuerdo tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva de derechos ambientales en la región, contribuyendo a la protección del derecho de las generaciones presentes y futuras a vivir en un ambiente sano y al desarrollo sostenible. Es el primer Acuerdo ambiental en la región, emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20).

La INDDHH invita a seguir la transmisión de esta jornada celebratoria convocada por la CEPAL, cuya información se encuentra en el siguiente link:

https://www.cepal.org/es/eventos/jornada-celebratoria-entrada-vigor-acuerdo-escazu

Asimismo, la INDDHH reitera el reconocimiento al gobierno uruguayo por la decisión adoptada oportunamente de formar parte de este Acuerdo y proceder a su aprobación parlamentaria y ratificación temprana. Así también exhorta a partir de la entrada en vigor, a realizar los mayores esfuerzos por parte de todos los organismos públicos competentes para su cumplimiento efectivo.

La INDDHH ha contribuido a la difusión pública de este acuerdo promoviendo la conformación del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos y Ambiente, con participación de integrantes de organismos públicos, organizaciones sociales y academia. El mismo elaboró la publicación “Derechos de Acceso a la Información, a la Participación Pública y a la Justicia en Asuntos Ambientales” en marzo de 2020. Este documento contiene además aspectos que se consideran de relevante interés para la proyección de varias de las disposiciones del Acuerdo de Escazú.

Algunas de las recomendaciones realizadas por este Grupo de Trabajo, en el marco de los lineamientos del Acuerdo de Escazú, al Estado uruguayo son las siguientes:

• Fortalecer la generación y divulgación de información científica, así como evaluaciones locales y nacionales, sobre afectaciones de salud asociadas a condicionantes ambientales.

• Fortalecer la transparencia activa en asuntos ambientales, especialmente en relación a la calidad del agua en todo el territorio nacional, la amenaza a los ecosistemas nativos, los vertidos industriales, el uso de agroquímicos.

• Reconocer las distintas formas de participación social existentes, proyectando el reconocimiento de los diferentes valores y saberes de las poblaciones locales.

• Garantizar la participación pública en asuntos ambientales (incluyendo todas las actividades que puedan afectar el ambiente, la salud y/o el desarrollo sustentable) desde etapas tempranas de los procesos de decisión.

• Fortalecer la formación académica y técnica en asuntos ambientales de los diferentes miembros de la Administración Pública (nacional, departamental, municipal y paraestatal).

• Revisar la normativa y/o procedimientos para garantizar la efectiva reparación y recomposición del ambiente en base al art. 4 de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental.