Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), a través de su Área de Salud Mental, presentó este martes un informe con recomendaciones en el que se identifican omisiones e incumplimientos en la obligación de notificar internaciones involuntarias o prolongadas, por más de 45 días, por afectaciones de salud mental, como mandata la Ley n.º 19.529. Asimismo incluye propuestas para fortalecer la rectoría, la transparencia y las garantías de derechos. 

El documento pone el foco en una obligación legal central para la protección de derechos humanos: la comunicación de estas internaciones a la autoridad competente, el Ministerio de Salud Pública (MSP), que luego replica a la Comisión de Contralor prevista en la Ley y a la INDDHH. En las conclusiones presentadas se advierte que las carencias no solo reflejan debilidades operativas, sino que configuran un incumplimiento de las obligaciones legales vigentes y limitan de forma sustantiva las posibilidades de supervisión y protección efectiva de los derechos humanos. 

El informe subraya que las deficiencias en el sistema, incluyendo registros incompletos, demoras y subregistros, afectan la capacidad del Estado de prevenir riesgos y garantizar controles oportunos.  Asimismo, se identifican limitaciones en la calidad de la información relevada, como la ausencia de datos sobre características de las personas, y surge una especial preocupación por la baja notificación en casos de niñas, niños y adolescentes, particularmente quienes se encuentran en el sistema de protección. 

En ese marco, la INDDHH advirtió que estas carencias configuran un incumplimiento de la ley y limitan las posibilidades de supervisión y protección efectiva de los derechos humanos de las personas alcanzadas por estas medidas. 

Tras la exposición del informe, se desarrolló una mesa de comentarios integrada por Hugo Rodríguez, director del Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República; Nicolás Viera, senador y presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Problemática de Salud Mental y la Ley N.º 19.529; y Daniel Borbonet, senador e integrante de la misma comisión.

Desde una perspectiva médico-legal, Hugo Rodríguez destaca dificultades que se constatan en lo que llamó "medicina defensiva", así como acciones defensivas de jueces que, al no cumplir los plazos de revisión de internaciones involuntarias que la ley obliga, redundan en situaciones de internaciones que se prolongan meses más allá del alta médica, tanto en servicios de salud públicos como privados.

Además, Rodríguez hizo especial énfasis en la negligencia que deja ver el informe e instó a la INDDHH a profundizar las recomendaciones planteadas. En particular, sostuvo la necesidad de avanzar en auditorías específicas en los casos de muertes bajo tutela, dada la especial gravedad que esas situaciones revisten.

Por su parte, Nicolás Viera agradeció el aporte de los datos presentados y adelantó que solicitará la comparecencia de la INDDHH ante la Comisión Especial de Seguimiento para exponer el contenido del informe. También destacó el valor del trabajo realizado por la Institución y el cumplimiento de su rol, pese a los escasos recursos con que cuenta para llevarlo adelante. Asimismo, expresó su preocupación por el desafío que supone cumplir con el nuevo plazo fijado para la eliminación de los centros monovalentes en 2029, luego de que este ya fuera postergado en la última Ley de Presupuesto. 

Daniel Borbonet, en tanto, remarcó que la INDDHH es garante de derechos y que una de las formas más importantes de ejercer esa garantía es contar con datos claros y análisis como los que aporta este informe. Definió los resultados presentados como “un cimbronazo” y sostuvo que lo que surge del documento trasciende una falla meramente administrativa, dejando entrever una minimización de la importancia del modelo de atención que busca instalar la Ley de Salud Mental. 

En ese sentido, señaló que la salud mental constituye hoy uno de los principales problemas de salud, con impacto transversal en todas las edades y en todos los países. Si bien defendió la Ley de Salud Mental como una muy buena norma, también afirmó que existe una responsabilidad compartida respecto de las condiciones y los recursos generados para su cumplimiento efectivo, así como sobre la necesidad de prever sanciones frente a los incumplimientos. Pese a la angustia que le generó el informe, agradeció a la INDDHH por haber realizado este aporte.