Construir tránsitos protectores

Informes

La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), a través del Mecanismo Nacional de Prevención (MNP), realiza desde 2014 el monitoreo del sistema de protección especial del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). El presente informe analiza las situaciones de riesgo que enfrentan niñas, niños y adolescentes bajo la protección del Estado, y valora el nivel de diligencia, omisión o adecuación de las respuestas estatales. El enfoque metodológico se basa en un diseño mixto que articuló la sistematización de informes del MNP, el análisis de 26 protocolos, guías y mapas de actuación, y entrevistas a actores de los organismos involucrados en la política de protección a las infancias y adolescencias.

Infancias y adolescencias en situaciones de riesgo bajo la protección del Estado

El monitoreo del MNP constata que las salidas no acordadas no constituyen incidentes aislados, sino que han adquirido una dimensión estructural dentro del sistema de protección especial. El 73 % de los centros reportó al menos una salida no acordada en un período de seis meses (95 % de los centros con población adolescente) y, en más de la mitad de los casos, se desconocía el paradero de la niña, niño o adolescente. Los registros pasaron de 2.150 salidas en 2015 a 10.332 en 2025. Durante estas ausencias, niñas, niños y adolescentes quedan expuestos a la captación por redes de explotación sexual y microtráfico. 

La respuesta estatal se caracteriza por una fragmentación operativa y una primacía del trámite administrativo sobre el deber de cuidado: denuncias automáticas sin valoración del riesgo, búsquedas que recaen en personal escaso y reingresos condicionados a trámites policiales y sanitarios. El nuevo protocolo del INAU frente a salidas no acordadas, aprobado en octubre, incorpora la valoración del riesgo y un enfoque socioeducativo; su efectividad dependerá de los recursos, la capacitación, los acuerdos interinstitucionales y el monitoreo que acompañen su implementación.

 

Dificultades en las estructuras para la protección

Se identifica una brecha crítica entre el deber de garante del Estado, plasmado en el marco normativo, y las respuestas institucionales cotidianas, que se expresa en cinco nudos principales.

Información fragmentada. No existe un sistema integrado de información que permita reconstruir las trayectorias de niñas, niños y adolescentes e identificar la acumulación de factores de riesgo. Avanzar hacia una “historia única” requiere una decisión al más alto nivel del Estado. El desafío es pasar de una lógica de registros institucionales paralelos a una lógica de información compartida, con criterios garantistas, que acompañe a cada niña, niño o adolescente en los distintos espacios que transita.

Recursos insuficientes y necesidad de especialización. Todos los organismos entrevistados describen una sobrecarga extrema. El Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes cuenta con alrededor de 16 a 20 funcionarias/os para todo el país; las Fiscalías de Delitos Sexuales de Montevideo sostienen unos 500 casos activos con tres profesionales, y el 60 % de los centros de 24 horas declaró no contar con personal suficiente. A ello se suma que, pese a que los protocolos reconocen a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho, persisten prácticas teñidas de concepciones tutelares, criterios dispares según el territorio y necesidades de formación permanente en todos los sectores.

Ausencia de criterios comunes para identificar el riesgo. La reiteración de las ausencias genera naturalización y descreimiento —expresiones como que la adolescente “usa a la policía de Uber”— cuando, por el contrario, debería elevar el nivel de alerta. El principio de autonomía progresiva no puede desvincularse de las relaciones de poder, dependencia, amenaza o explotación que condicionan las decisiones de las y los adolescentes.

Denuncia y búsqueda con lógica administrativa y punitiva. La denuncia opera muchas veces como resguardo institucional, acompañada de información escueta que no habilita una búsqueda efectiva. En territorios con presencia de crimen organizado y en zonas de frontera seca, la búsqueda enfrenta desafíos específicos. La actuación policial tiende a procesar la ausencia como “fuga”, ubicando al adolescente como transgresor y no como persona bajo protección. Se propone explorar una unidad especializada intermedia entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía, vinculada al sistema de protección.

Retorno que genera nuevas vulneraciones y reparación insuficiente. El retorno queda atrapado en procedimientos administrativos y la obligación de reiterar el relato, lo que profundiza la revictimización. Los dispositivos de reparación del daño operan con cupos extremadamente reducidos, la principal opción es establecer el acceso a salud mental y a tratamiento del consumo problemático de sustancias lo que demora meses, la internación en centros de salud mental ante la falta de respuestas protectoras configura violencia institucional.

 

Desafíos para la construcción de tránsitos protegidos

La protección como responsabilidad compartida. El ingreso a un centro de 24 horas no constituye, por sí mismo, una garantía de protección, y cada institución termina atendiendo un “pedacito” de la vida de la niña, niño o adolescente. Ningún organismo puede producir por sí solo una respuesta protectora suficiente. El desafío no es únicamente la falta de coordinación, sino la ausencia de una responsabilidad colectiva sobre el resultado de la protección. Se trata de construir una red con responsabilidades sectoriales diferenciadas pero inseparables, que comparta una misma perspectiva de abordaje y de riesgo, sin depender de respuestas “artesanales”. Se requiere, asimismo, ampliar la protección más allá del centro, fortaleciendo a referentes familiares y comunitarios protectores.

Una necesaria revisión de las prácticas. El retorno debe constituirse en una instancia de escucha, evaluación integral y reconstrucción de condiciones de cuidado, sin condicionar la protección a trámites previos. Se requieren criterios dinámicos de valoración del riesgo que activen respuestas proporcionales, evitando estrategias basadas exclusivamente en restricciones o medicalización. Se plantea que todos los organismos operen bajo el modelo similar al A.N.I.M.A. que permita dar una respuesta empática y de desculpabilización; que la intervención policial esté mediada por equipos técnicos y referentes de confianza, limitando la exposición innecesaria de adolescentes al sistema penal; y que el Poder Judicial vigile las condiciones de cumplimiento de las medidas que dispone, asegure la noticia fehaciente a Fiscalía, active la alerta Amber cuando exista riesgo vital y habilite líneas directas de actuación.

En suma, construir tránsitos protectores exige pasar de una lógica administrativa y reactiva a estrategias de protección y restitución de derechos articuladas, especializadas y centradas en el interés superior de cada niña, niño y adolescente.

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