Informe nº. 156 MNP-SP :: Panorama de las infancias y adolescencias en mirada regional (región Norte)
Informes
El informe que se presenta a continuación contiene los principales hallazgos del monitoreo desarrollado por el MNP en los departamentos de Artigas, Cerro Largo, Rivera y Tacuarembó, en el período comprendido entre octubre - noviembre de 2024. Se realizó visita a 10 de los 13 proyectos de protección especial que existían en la región, cubriendo el 77 % de los servicios de atención residencial especial en el territorio.
Uno de los propósitos del presente trabajo es generar un documento base que aporte a la discusión con actores territoriales de la región, acerca del estado del sistema de protección. Se busca generar un diálogo y retroalimentación con los actores territoriales acerca de los desafíos y potencialidades, que colaboren en la mejora del sistema y habiliten la convergencia de miradas sobre el sistema de protección especial.
En las visitas del MNP se verificaron un conjunto de dimensiones vinculadas a las condiciones de atención de los centros, y en particular a las garantías de determinados derechos. A saber, el derecho a un nivel de vida adecuado; el derecho al bienestar y desarrollo (educación, salud, derecho a la información y a ser escuchado); el derecho una vida libre de violencia (a ser protegido/a contra la tortura y tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, como también contra la explotación y el abuso).
En lo que tiene que ver con las condiciones de atención, los equipos de los centros manifestaron preocupación por el aumento de los ingresos al sistema de protección, que atenta contra la capacidad de atención de los establecimientos. Esto se agravaba en el caso de aquellos centros que funcionaban como puerta de entrada en el departamento, que debían recibir en forma inmediata a todas las niñas, niños y adolescentes. Se verificó un cupo excedido en la mitad de los centros. En uno de los departamentos se definió la situación como de “desborde total”, y como respuesta se acudía a familias de acogimiento que recibían a un importante volumen de niñas y niños, lo que excede las condiciones reglamentarias del propio INAU.
Esta situación de deterioro en las condiciones de atención se ve agravada a su vez por el déficit en la dotación de personal de atención directa y equipo técnico. De este modo, no se podía brindar una atención acorde al proyecto socioeducativo del centro, pues se veían excedidos en la capacidad de atención, y con recursos escasos para sostener el trabajo.
Respecto a las condiciones materiales, se verificó que en el 60% de los centros monitoreados (6 centros), había déficits en la infraestructura, equipamiento y mobiliario, que no permitían brindar entornos seguros para las niñas, niños y adolescentes. Se observó que cinco centros tenían hacinamiento en los dormitorios, y que inclusive uno de ellos presentaba elementos que lo asimilaba a un centro carcelario. Se hace imprescindible mejorar los espacios en los que transcurre la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes para ofrecer condiciones de vida digna.
En cuanto a la atención en salud se observó un acceso adecuado a controles generales, en cuanto a consultas básicas y atención. Pero se encontraron déficits en cuanto a la atención en salud mental, con importantes demoras en el acceso a especialistas en los departamentos. Esto constituía un desafío sustantivo, dadas las graves vulneraciones de derechos que han sufrido las niñas, niños y adolescentes que ingresan al sistema de protección, que requieren atención inmediata y abordajes especializados. De igual modo, resulta preocupante la escasez de recursos para la atención de adolescentes con consumo problemático de sustancias, dado que en los departamentos solo existían recursos de atención ambulatoria, que no eran los más adecuados para las necesidades de tratamiento.
Por otro lado, constituye un asunto crítico en los centros la sucesión de episodios de violencias en forma cotidiana, manifestado en particular en uno de los centros monitoreados, donde los adolescentes manifiestan realizar salidas no acordadas (SNA) en forma frecuente, por temor a episodios de agresividad de pares.
En lo que tiene que ver con el derecho a la educación en la región, se encontraba cumplido en cuanto al acceso a educación formal por parte de la población infantil del sistema de protección, y se los incluye también en diversas actividades recreativas y de educación no formal. Resulta un aspecto positivo la inclusión de la figura de referente educativo en cinco de los centros de la región monitoreados, que ayudaba al acompañamiento de las trayectorias. Se constataron dificultades en el sostenimiento de la trayectoria en el caso de las y los adolescentes, tanto en propuestas formales como no formales. Particularmente en tres de los diez centros en los que además se verificaron situaciones de exposición a redes de tráfico, microtráfico, explotación y salidas no acordadas periódicas.
Por otra parte, preocupan al MNP las graves omisiones estatales verificadas en la respuesta hacia las situaciones de violencia sexual contra niñas y adolescentes, y especialmente explotación sexual. El hecho inadmisible de la muerte materna en 2024 de una adolescente embarazada cuya gestación se había dado en un contexto de presunta explotación, puso en evidencia una gravísima falla del Estado uruguayo, que todavía continúa impune. Tal como se detalla en el cuerpo del informe, se vieron omisiones en todos los niveles de responsabilidad del Estado, tanto en la prevención, detección, restitución de derechos y reparación del daño.
La exposición a situaciones de presunta explotación sexual, así como también el vínculo con redes de microtráfico por parte de adolescentes del sistema de protección especial, sucedieron durante salidas no acordadas frecuentes de los establecimientos de protección. Los riesgos propios de tales salidas no fueron atendidos con la debida diligencia por parte de los diversos organismos públicos responsables, ni se dio una valoración de riesgos acorde a cada situación.
En cuanto potencialidad, merece una mirada especial la práctica y atención ofrecida por parte de un centro oficial de atención en infancia en la región, que crea un entorno garantista, y protector para las niñas y niños de residencia y contexto. Con recursos similares a otros centros de protección, logra generar prácticas de restitución y reparación de los derechos, respetuosas de las niñas y niños, con procesos individuales que se sostienen desde el compromiso del equipo con la tarea.