Informe anual 2022 del Mecanismo Nacional de Prevención (MNP)

Informes

En cumplimiento del mandato establecido en el Protocolo Facultativo a la Convención contra la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanas o degradantes (OPCAT), el MNP presenta su informe anual, que da cuenta del trabajo realizado durante todo el año 2022, desde su enfoque en la tarea preventiva de la tortura y los malos tratos en los centros de encierro en Uruguay. Este informe toma particular importancia dado que en 2022 el Comité Contra la Tortura (CAT) analizó el informe del Estado uruguayo y observó el hecho de que en nuestro país no se encuentra tipificado claramente el delito de tortura, asi como también marcó la ausencia de mecanismos eficientes de denuncia para estos casos, por el riesgo que genera para personas privadas de libertad.

En ese sentido, el documento desarrolla el abordaje utilizado por el MNP y las recomendaciones para transformar las condiciones de riesgo existentes, como el hermetismo, la dependencia y la impunidad, por condiciones de seguridad que implican apertura, transparencia y acceso a los lugares de detención. 

Para llegar a las recomendaciones de transformación necesarias, el MNP rinde cuentas sobre el trabajo realizado, con detalle del aumento de las visitas en el último año y del estado de situación de las personas en todos los sistemas: protección de niñas, niños y adolescentes, centros juveniles, unidades policiales y penitenciarias para adultos y centros de internación de salud mental.

El informe enfatiza la necesidad de dar voz y protección a las personas privadas de libertad para denunciar estos actos y da recomendaciones específicas para mejorar las condiciones en cada sistema de detención, incluyendo medidas para prevenir la violencia institucional y garantizar el acceso a la salud mental.

Datos globales sobre  visitas

Durante el año 2022, el MNP realizó un total de 121 visitas presenciales a lugares de privación de libertad. Un 50% más que en el año 2021, cuando la presencialidad en los centros se vio afectada por la pandemia por COVID-19. 

Del total, se realizaron 27 visitas a centros 24 horas del sistema de protección de niñas, niños y adolescentes del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU); 22 visitas a centros del sistema penal juvenil del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA); 20 a unidades policiales dependientes del Ministerio del Interior; 27 a unidades penitenciarias en la órbita del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR); y 25 visitas a instituciones de salud mental dependientes de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

En el período de referencia, el MNP continuó trabajando en el marco de la cooperación unicef – Uruguay, y del convenio con la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (UDELAR). Asimismo, se trabajó en conjunto con la Universidad Católica del Uruguay (UCU) y el Instituto Académico de Educación Social (IAES) - Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), con el Observatorio Uruguayo de Derechos Humanos y Salud Mental del Programa apex-udelar (OUDHSM). También, se aprobó un convenio de cooperación con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) - Organización Mundial de la Salud (OMS) para el apoyo a una línea específica de monitoreo del sistema de protección especial, vinculada a la atención en salud mental de niñas, niños y adolescentes.

Síntesis de comendaciones

En cuanto a las recomendaciones por sistema si bien en el informe se refieren varias por sistema y por centro a los efectos del presente se seleccionarán solo algunas de cada uno.

En relación al Sistema de Protección en la publicación se resaltan las relacionadas al centro Carpei, Cenadis y La Posada.

En cuanto al centro Carpei, cuya situación tomó estado público durante 2022, se recomendó: disponer el traslado de los adolescentes (de forma inmediata y con carácter cautelar del traslado) a otro centro de atención en salud mental para la protección de sus derechos;  implementar  una investigación seria, imparcial y efectiva con perspectiva de género y edad; y evitar los nuevos ingresos hasta finalizar dicha investigación. También se solicitaron medidas de reparación para las víctimas y la instauración de mecanismos adecuados de denuncias.

Del seguimiento realizado a este centro se destaca que: se realizó el traslado de 12 adolescentes; el rol positivo de los técnicos de Carpei en el traslado; y que las denuncias siguen en proceso, aunque no todas han tenido una resolución o sentencia final.

En relación al Sistema Penal de Adultos, de las recomendaciones que figuran en el informe, se desprende que hay cierto grado de cumplimiento de la recomendación vinculada al uso de cámaras corporales y  el acceso a comunicación en el caso de la Unidad nº.20, en la que se habilitó el ingreso de celulares para el área de mujeres. 

En lo relacionado a Salud Mental vale la pena resaltar la recomendaciones realizadas a la sala de salud mental del Hospital Vilardebó (ubicada en la ex Cárcel Central), que instaban a garantizar que el servicio esté disponible para toda persona que requiera tratamiento especializado en salud mental y disponer de un proyecto de abordaje integral de atención en salud mental acorde a los estándares internacionales en materia de salud mental y derechos humanos, que aún se encuentran pendientes de cumplimiento. 

Sin embargo se han identificado algunos avances en relación a la posibilidad de que las personas puedan acceder a horas de patio y a la disminución de situaciones de violencia interpersonal.

 

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