Informe de la INDDHH al Comité contra la Tortura en su 52ª sesión.

Informes

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo presenta este informe para la 52ª Sesión del Comité contra la Tortura, ocasión en la que examinará el Tercer informe periódico de Uruguay en el marco de la vigencia de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

En este informe responde algunas de las solicitudes de la Lista de cuestiones previas que deben abordarse antes de la presentación del tercer informe periódico del Uruguay, algunas de ellas refieren a la puesta en funcionamiento de la INDDHH en general y, particularmente, del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura como una de sus funciones.

Entre los temas abordados se encuentran: en primer lugar, un conjunto de cuestiones referidas a la tipificación del delito de tortura, la ley de Emergencia carcelaria, la reforma del sistema de justicia penal y la reglamentación de la ley que crea el Instituto Nacional de Rehabilitación, temas relativos a la reinserción en la sociedad de las personas liberadas, y sobre la guardia perimetral de establecimientos carcelarios por parte de personal militar.

En segundo lugar, se aborda la situación del sistema penal juvenil y la modificación del Código de la Niñez y la Adolescencia.

En tercer lugar, se analiza la situación del país en relación a la eliminación de la violencia contra las mujeres, en particular, aspectos vinculados a la respuesta de la justicia frente a las situaciones de violencia, así como las medidas de protección del Estado hacia las mujeres víctimas de violencia. Vinculado a esto, se da cuenta de situaciones vinculadas a trata de personas, explotación laboral y migraciones.

En cuarto lugar, se plantea la situación del traslado de la órbita penal a la civil de la magistrada Mariana Mota, que se encontraba a cargo de la mayoría de las causas vinculadas a violaciones a los derechos humanos durante el Terrorismo de Estado. Vinculado a esto, se abordan temas relacionados al acceso a la justicia en estas causas así como el derecho a la reparación integral.

Por último, se da cuenta de la situación del Centro de internación de máxima seguridad SER y de la instalación del Sistema de Responsabilidad Adolescente (SIRPA).

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