Resolución N° 1273/2023 de no admisibilidad
I ) Antecedentes
1. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Derechos Humanos (INDDHH), recibió el 26 de setiembre de 2022, una denuncia presentada por usted por correo electrónico, que fue ingresada en el expediente N° 2022-1-38-0000646, en la que expresa en lo sustancial.: “Quisiera realizar una denuncia ya que la escuela a donde asiste mi hija, la ha discriminado, dejándola sin paseo por no presentar carné pediátrico. Escribí a la Dirección de la escuela, donde me dijeron que la inspectora AM, haría su intervención a favor de los derechos constitucionales de mi hija y los míos como madres, no solo que no autorizó el paseo, sino que antepuso la burocracia ante el derecho de la niña.”
2. La denunciante adjuntó una carta enviada a la Inspectora AM en la que como madre de EG invoca como fundamentos de su postura, lo dispuesto por el art. 1° de la Ley 18.437 en lo que dispone que la educación es un derecho humano fundamental. La interesada agrega que “su ejercicio no está condicionado a la presentación de ningún documento como la constancia de aptitud física (CAF) o el certificado esquema de vacunación (CEV)”. En la misma misiva, cita al art.18 de la Ley 18.331 en cuanto establece que: “Ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles”, de lo que concluye que dado que el CAF y el CEV contienen información de salud y ésta es un dato sensible, no es obligación proporcionarla. Por último, cita el art. 16 inciso C de la circular 132 de 2013 y expresa que es contrario a ambas leyes y por tanto entiende que no corresponde su cumplimiento.
3. Surge además de estas actuaciones: a) que el Consejo Directivo, en sesión del 4 de octubre resolvió que se solicite a la denunciante mayor información sobre los motivos de no querer presentar el carné de salud de su hija (ideológicos, religiosos, etc.) a efectos de poder determinar la admisibilidad del caso, por lo que se le envió correo electrónico; b) la denunciante respondió que “El motivo por el cual rechazo presentar la documentación requerida por la escuela es que su exigencia carece de fundamento legal, ya que las circulares de ANEP invocadas son contrarias al marco normativo vigente el cual cité en la denuncia”;
c) que el Consejo Directivo en sesión del 11 de octubre resolvió el diferimiento sobre la admisibilidad a la espera de un informe técnico jurídico sobre derecho a la educación y cumplimiento de requisitos médicos y d) que se elevó dicho informe al Coordinador del Área Defensoría, el que compartió sus conclusiones y remitió a efectos de elaborar proyecto de resolución de no admisibilidad.
II) Consideraciones de la INDDHH
4. Analizados los hechos conforme lo establecido por la Ley N°18.446, de 24 de diciembre de 2008 y en especial su artículo 17, la INDDHH lamenta no compartir el punto de vista de la denunciante, por entender que la decisión de suspender el acceso de la niña a una actividad recreativa o paseo, o clases de educación física, está fundamentada en su interés superior y en la normativa vigente. En tal sentido, corresponde citar la Ley 18.828 de 18.09.2019, el Decreto 312/2021 de 10.09.2021(art.8) y la Circular 107 de ANEP de 18.10.2013, entre otras.
5. Las actividades recreativas o paseos incluyen movimientos físicos, que en determinados casos pueden ser desaconsejados para las personas cualquiera sea su edad, por razones médicas, por poner en riesgo su vida y/o su salud. Por tanto, resulta razonable solicitar el aval médico a través del carné de salud, como requisito previo a la realización de dicha actividad. No se advierte la posibilidad de adoptar otra medida menos gravosa que impedir la realización de la actividad a fin de evitar secuelas que podrían ser de consideración.
6. Por otra parte, la normativa internacional que obliga al estado uruguayo, como la Convención sobre los Derechos del Niño, interpretada por el Comité de los Derechos del Niño, prescribe que cuando las niñas, niños y adolescentes están bajo custodia de organismos estatales, en este caso, de tipo educativo, el estado adquiere un deber reforzado de protección. Este deber, implica para el estado la obligación de adoptar medidas para prevenir cualquier daño previsible a los derechos humanos, cuya vulneración puede acarrear su responsabilidad a nivel interno y eventualmente internacional, por lo que debe extremar los esfuerzos a su alcance y velar por los derechos de las niñas, niños y adolescentes, entre los que se encuentra el derecho a ser protegidos en el goce de la vida y la salud.
7. El ejercicio de los derechos humanos en Uruguay, -entre los que se encuentra el de realizar actividades recreativas, paseos o recibir educación física-, no es absoluto, sino que puede restringirse legítimamente por las autoridades competentes, en caso de medidas que posean una base legal, un fin legítimo y además, sean idóneas, necesarias y proporcionales, como lo admite nuestra Constitución (art.7.2) y la normativa internacional. Por otra parte, la Ley 18.437 no debe interpretarse aisladamente, sino que debe hacerse conforme a la Constitución y otras normativas legales, como las mencionadas en el numeral 4, e internacionales aplicables de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En cuanto al art.18 de la Ley 18.331, no es aplicable al caso, porque el carné de salud no procura dar a conocer datos sensibles sino que su finalidad es constituir un parámetro para evaluar el estado de salud del niño o niña, o sea en definitiva, una medida dispuesta para su protección. Resultaría irresponsable como accionar del Estado con una niña bajo su protección, que ella sufriera algún problema de salud en el transcurso de un paseo y que los padres le exigieran cuentas al estado y éste se defendiera diciendo que nada tiene que ver, porque no pidió carné de salud porque contiene datos sensibles. La normativa debe leerse en su conjunto con un criterio de razonabilidad y protección a las personas, especialmente las más vulnerables.
8. Todo lo anterior, sin perjuicio de que los padres puedan considerar esa limitación a la libertad de concurrir a clase de educación física de su hija, como un acto de “paternalismo estatal” protector, no obstante lo cual, en este caso, dicha libertad no puede prevalecer frente al interés superior de la niña, representado por sus derechos a la vida y a la salud, cuyo riesgo de vulneración puede ser evaluado por las autoridades competentes, con independencia de la voluntad de los padres de las niñas, niños y adolescentes.
III) Por todo lo anteriormente expuesto, el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo resuelve:
- Declarar que la restricción impuesta a la hija de la denunciante para concurrir a un paseo está debidamente fundamentada en la normativa vigente y en el interés superior de la niña, representado por sus derechos a la vida y a la salud, que podrían afectarse en caso de realizar actividad física sin aval médico.
- Declarar que la denuncia efectuada es inadmisible por falta de fundamentos.
- Notifíquese a la denunciante y archívense estas actuaciones, sin perjuicio. NH