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8 de marzo de 2019

7 de Marzo, 2019
El Consejo Nacional de Género y el Instituto Nacional de las Mujeres del MIDES manifiestan se sostenido compromiso con las políticas públicas de género.

Igualdad de Género, política de Estado

El Consejo Nacional de Género y el Instituto Nacional de las Mujeres-MIDES manifestamos nuestro sostenido compromiso con las políticas públicas de género y entendemos que la igualdad de género es un bien público para todas las personas. Las relaciones sociales y económicas deben estar enmarcadas en la justicia social y de género, reconociendo la más amplia libertad sustentada en valores de solidaridad y respeto.

Para ello, se requiere la permanente intervención del Estado que promueva el reconocimiento de derechos y la distribución equitativa de los bienes culturales y económicos. En este último año de gestión sostenemos que las políticas de igualdad de género deben traducirse en políticas de Estado y trascender las diversas administraciones.

Debemos, además, realizar balances, identificar desafíos y rendir cuentas ante la ciudadanía, presentando los resultados alcanzados en relación a los compromisos asumidos y, por supuesto, identificar las deudas pendientes.

Sin duda, en este período se aprobaron un conjunto de nuevas leyes que avanzan en el reconocimiento de derechos y en la creación de mecanismos que promueven la igualdad de acceso a bienes y oportunidades. Cerrar la brecha entre los derechos reconocidos y la garantía del ejercicio pleno de los derechos compromete, no solo al Estado en su conjunto — al Poder Ejecutivo y sus organismos, al Poder Legislativo y al Poder Judicial en la ampliación y adecuación de sus procedimientos y servicios—, sino también a la sociedad toda.

La participación ciudadana y el diálogo con las organizaciones sociales, de mujeres y feministas es indispensable. Han sido estas organizaciones quienes impulsaron la ampliación de derechos y la vigilancia permanente del cumplimiento de los compromisos estatales.

En este marco, es que se presenta a la ciudadanía uruguaya los esfuerzos realizados para implementar respuestas concretas e inmediatas a las diversas situaciones de vulneración de derechos, así como la consolidación de políticas públicas de mediano y largo plazo que permitan alcanzar los horizontes de igualdad de género.

La Ley Nº 19.353, de creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados es un impulso incuestionable en el camino de la igualdad, fortalece el sistema de protección social en Uruguay, avanzando en el derecho a ser cuidados y en la corresponsabilidad social y de género.

La Ley Nº 19.538 Actos de Discriminación y Femicidio; la Ley Nº 19.580 de Violencia hacia las Mujeres basada en Género; y la Ley Nº. 19.643 de Prevención y Combate a la Trata dotan de rango jurídico al derecho de vivir libres de violencia de género. Asimismo, representan un avance sustantivo en el reconocimiento de la violencia de género como violación de los derechos humanos de las mujeres en su más amplia diversidad.

La Ley Nº 19.480 crea, en la órbita del BPS, el registro de personas obligadas a pagar pensiones alimenticias decretadas u homologadas judicialmente, reconociendo una demanda histórica de las mujeres.

La Ley Nº. 19.685 de Promoción del Desarrollo con Equidad de Género promueve la autonomía económica de las mujeres y su capacidad de liderazgo, estableciendo mecanismos para facilitar que micro o pequeños emprendimientos y unidades de agricultura familiar aumenten sus oportunidades competitivas en los procesos de compras públicas.

El Consejo Nacional de Género y el Instituto de las Mujeres-MIDES manifestamos, también, nuestra preocupación por la permanencia de expresiones y actos de discriminación y violencia de género, que continúan siendo causa de graves sufrimientos y de pérdida de vidas de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Esto sucede a pesar de la toma de conciencia ciudadana, de los esfuerzos de las organizaciones sociales —particularmente de mujeres y feministas— y del fortalecimiento de las acciones estatales, tanto a nivel nacional como departamental, que aún no reflejan un impacto para la disminución de la violencia de género y de la discriminación.

La Estrategia Nacional para la Igualdad de Género al 2030 —aprobada por el Consejo Nacional de Género y el Poder Ejecutivo— representa una hoja de ruta para el diseño e implementación de las políticas públicas de género. En este marco, las instituciones integrantes del Consejo Nacional de Género han fortalecido sus programas y proyectos específicos de acuerdo a sus competencias, las que presentarán en la ceremonia oficial del 7 de marzo y en sus actividades propias.

En el mismo sentido, el Instituto Nacional de las Mujeres-MIDES ha impulsado programas y proyectos en las áreas de la educación y cultura, derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes, trabajo y prevención del acoso sexual en el ámbito laboral, fomento de la cultura de la corresponsabilidad de género en los cuidados. También multiplicó su presupuesto a más del doble en las acciones por una vida libre de violencia de género, ampliando su Sistema de Respuesta con presencia en todo el territorio nacional. Para ello, en asociación con organizaciones de la sociedad civil, ha desplegado equipos técnicos interdisciplinarios que trabajan en la sensibilización y promoción de derechos, atención de mujeres en situación de violencia doméstica o de trata con fines de explotación sexual y en la atención a varones agresores. Además, aumentó sus dispositivos transitorios de protección y fortaleció los programas orientados a facilitar proyectos de vida con autonomía, mediante soluciones habitacionales y capacitaciones laborales. Todo esto en un marco de trabajo intersectorial e interinstitucional.

También, Inmujeres ha fortalecido su presencia técnica en distintos departamentos del país, impulsando procesos participativos con redes de mujeres rurales, afrodescendientes, de frontera, entre otras. La acción del departamento de mujeres afrodescendientes ha sostenido una acción constante para impulsar una mirada de reconocimiento de la identidad afrouruguaya y de diálogo con las organizaciones de mujeres afrodescendientes, que han garantizado la inclusión de esta perspectiva en todas las actuaciones de Inmujeres y del Consejo de Género.

La transversalidad de género en el Estado se ha visto fortalecida con el Modelo de Calidad con Equidad de Género y la creación de unidades de igualdad en diversos ministerios. El propio Consejo Nacional de Género no solo ha cumplido 10 años de funcionamiento, sino que se ha consolidado, en este período, como un ámbito político institucional y social de relevancia, dada su representación institucional y su capacidad de acción.

Este 8 de marzo es el último de esta administración, reconocemos entonces el camino recorrido y los desafíos pendientes, porque los cambios estructurales llevan mucho más que un período de gobierno. Cada paso que damos en el camino de la igualdad de género es un paso en la justicia social y en la democracia de nuestro país.

7 de marzo de 2019

Instituto Nacional de las Mujeres-MIDES

Consejo Nacional de Género

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