Ministerio de Desarrollo Social

Leticia Benedet, adjunta a la Dirección de Inmujeres, destacó la pertinencia del eje propuesto para el intercambio centrado en el acceso a la justicia para mujeres y niñas, una temática que también forma parte de la agenda internacional.

En ese sentido, señaló que este asunto se encuentra actualmente en discusión en el marco de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social (CSW, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde participó la directora de Inmujeres, Mónica Xavier.

Benedet subrayó que el acceso a la justicia no se limita al funcionamiento del sistema judicial, sino que implica la posibilidad real de que los derechos reconocidos en las leyes se materialicen en la vida cotidiana de las mujeres.

En esa línea, repasó los avances normativos en la región y en Uruguay, destacando la Ley 19.580, o Ley de Violencia Hacia las Mujeres Basada en Género, que reconoce múltiples manifestaciones de violencia y establece un marco para su prevención, protección y reparación, así como la reciente aprobación de la Ley 20.443 que fija en 18 años la edad mínima para contraer matrimonio.

No obstante, remarcó que "tener buenas leyes no es suficiente" y advirtió sobre los desafíos persistentes para garantizar respuestas judiciales oportunas, eficaces y libres de estereotipos de género. Entre ellos, mencionó las dificultades para realizar denuncias, los procesos judiciales prolongados, la revictimización y las desigualdades territoriales en el acceso a servicios especializados.

Asimismo, señaló la necesidad de continuar fortaleciendo la especialización en el sistema judicial y de profundizar la incorporación de la perspectiva de género en las investigaciones y en la valoración de la prueba. También hizo referencia a nuevas formas de violencia, como la violencia digital, y a la importancia de avanzar en el reconocimiento de otras modalidades, como la violencia vicaria.

En su intervención, Benedet enfatizó que el acceso a la justicia también supone garantizar reparaciones integrales para las víctimas, incluyendo medidas económicas, sociales y simbólicas. En ese sentido, destacó políticas existentes en Uruguay, como las prestaciones reparatorias del BPS para hijas e hijos de víctimas de femicidio.

Finalmente, subrayó que el acceso a la justicia está atravesado por múltiples desigualdades, que afectan especialmente a mujeres en situación de pobreza, migrantes, rurales o pertenecientes a pueblos indígenas, y destacó la importancia de fortalecer una institucionalidad pública robusta, con recursos, información de calidad y articulación entre organismos.

"El acceso a la justicia es el puente entre los derechos reconocidos en las leyes y la vida cotidiana de las mujeres", afirmó Benedet, y concluyó que se trata de una condición fundamental para avanzar hacia sociedades más democráticas e igualitarias.