Género y entornos digitales

Inmujeres promovió diálogo nacional para abordar la violencia digital contra las mujeres

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres, Ministerio de Desarrollo Social), con el apoyo de ONU Mujeres, UNFPA y el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), realizó la actividad Violencia Digital: diálogo sobre la Ley Modelo Interamericana y su implementación en Uruguay, con el objetivo de impulsar un intercambio intersectorial que fortalezca las respuestas institucionales frente a esta forma de violencia basada en género.
Mesa de apertura de la actividad sobre violencia digital hacia las mujeres

La instancia, realizada el miércoles 25 de febrero en la sala Idea Vilariño de la Torre de las Telecomunicaciones (Antel), reunió a autoridades nacionales, organismos y expertas internacionales, academia y sociedad civil, consolidando un espacio de reflexión colectiva sobre los desafíos que plantea la violencia en entornos digitales.

Un nuevo punto de partida para el abordaje de la violencia digital

Durante la apertura, la directora de Inmujeres, Mónica Xavier, destacó el carácter estratégico de la actividad como impulso a un proceso que ya se encuentra instalado en el país. Señaló que la Ley Modelo Interamericana constituye "un mapa de ruta integral" para los Estados, al establecer obligaciones tanto para el sector público como para las plataformas digitales, promoviendo la rendición de cuentas, la transparencia y el cierre de la brecha digital de género.

Xavier subrayó que los avances tecnológicos, si bien generan oportunidades, también exponen a nuevas desigualdades y formas de violencia. En ese sentido, afirmó que "no se trata solo de reaccionar, sino de anticiparse y de adaptarse con responsabilidad y con perspectiva de derechos".

Asimismo, remarcó que Uruguay cuenta con antecedentes normativos relevantes -como la Ley 19.580, la Ley de Ciberdelitos y disposiciones en la Ley de Medios-, pero enfatizó la necesidad de seguir fortaleciendo el marco regulatorio para que no quede rezagado frente a la velocidad de los cambios tecnológicos.

En su intervención, la directora también puso el foco en la construcción de una ciudadanía digital consciente de sus derechos y responsabilidades, así como en la importancia de ampliar el debate más allá del ámbito institucional: "Queremos que la ciudadanía uruguaya sea sensible y protagonista de este debate".

Finalmente, destacó el rol del Consejo Nacional de Género (CNG) como espacio clave para el seguimiento de estos procesos, apostando a una articulación interinstitucional que permita avanzar en la adaptación e implementación de la Ley Modelo en el país.

Aportes técnicos para la implementación de la Ley Modelo Interamericana

En el segundo panel, centrado en el análisis de la Ley Modelo Interamericana, participaron la secretaria técnica del MESECVI, Luz Patricia Mejía, y la experta del Comité de Expertas (CEVI) en representación de Uruguay, Alicia Deus, quienes profundizaron en los alcances del instrumento y sus implicancias para los Estados.

Mejía destacó que la norma es el resultado de un proceso amplio y participativo a nivel regional, señalando que "esto es el resultado de una construcción colectiva, es el resultado de un trabajo profundo", que incluyó instancias de diálogo con múltiples actores y sectores.

Asimismo, subrayó la necesidad de replicar estos procesos a nivel nacional para su implementación efectiva, afirmando que la ley "requiere la consolidación de un proceso de gobernanza digital que supone replicar procesos multiactor e intersectoriales en espacios nacionales de diálogos".

En esa línea, enfatizó el papel central de los Estados en la regulación del entorno digital y en la articulación con plataformas tecnológicas, señalando que "si los estados regulan, nosotros hacemos caso", en referencia a lo planteado por empresas del sector durante el proceso de elaboración de la norma.

Por su parte, Alicia Deus explicó que la Ley Modelo establece definiciones y estándares comunes para abordar la violencia digital, entendida como "toda acción, conducta u omisión contra las mujeres basada en género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, político, económico o patrimonial", ejercida mediante tecnologías digitales.

Asimismo, subrayó que se trata de un enfoque integral que no solo contempla la sanción de conductas, sino también la prevención, la protección y la reparación, con responsabilidades compartidas entre el Estado y los intermediarios digitales.

La experta destacó además el énfasis de la norma en la prevención y en la transformación de los patrones socioculturales que sostienen la violencia de género, así como la necesidad de fortalecer la educación digital, la capacitación institucional y la cooperación internacional para dar respuestas efectivas a un fenómeno de carácter transnacional.

Un desafío democrático y de derechos humanos

Las distintas autoridades coincidieron en señalar que la violencia digital es una extensión de las desigualdades estructurales que afectan a mujeres, niñas y adolescentes, con impactos reales en su participación pública, su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos.

En este marco, se destacó la necesidad de avanzar en respuestas integrales que combinen marcos normativos, políticas públicas, educación digital y coordinación interinstitucional, así como el involucramiento de actores privados y plataformas tecnológicas.

Asimismo, se subrayó el carácter transnacional del fenómeno, lo que requiere fortalecer la cooperación regional e internacional, en línea con los estándares promovidos por el sistema interamericano de derechos humanos.

Hacia una implementación con enfoque integral

La actividad permitió profundizar en los lineamientos de la Ley Modelo Interamericana, acordada en diciembre de 2025, que propone un abordaje integral de la violencia digital contra las mujeres basada en género, incluyendo medidas de prevención, protección, sanción y reparación.

El diálogo reafirmó el compromiso de Uruguay de avanzar en esta agenda, consolidando un enfoque que articule normativa, políticas públicas y participación social para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia también en los entornos digitales.

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