Recomendaciones sobre DDHH
Kornfeld-Matte resaltó el “progreso ejemplar” que ha demostrado Uruguay en materia de políticas sociales en los últimos años, y particularmente se refirió al Sistema Nacional de Salud, al Sistema Nacional de Cuidados, a las buenas prácticas que pudo identificar en todas las políticas que lleva a cabo el Banco de Previsión Social. Asimismo, destacó el Plan Ibirapitá como una buena práctica que recomendará a otros países. Se refirió a la fuerte institucionalidad de nuestro país con la creación del Instituto Nacional de las Personas Mayores (Inmayores), la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República, la Defensoría del Vecino y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
En cumplimiento de su mandato, la experta independiente adelantó sus observaciones preliminares destacando la necesidad de universalizar la pensión básica no contributiva, desarrollar una política pública para personas con demencia, asegurar la accesibilidad de los espacios públicos, fortalecer el Inmayores e incrementar el énfasis en la protección de los derechos humanos de los grupos más vulnerables (personas en situación de calle, afrodescendientes, población LGBTI y personas dependientes con demencia).
La experta independiente incluirá sus observaciones y recomendaciones en el informe que deberá presentar al Consejo de Derechos Humanos en setiembre del próximo año.
Buenas prácticas
El mandato de la experta independiente fue creado por el Consejo de Derechos Humanos en el año 2013 y tiene como función evaluar la aplicación de los instrumentos internacionales vigentes por lo que se refiere a las personas de edad, determinando al mismo tiempo las mejores prácticas y las deficiencias en la aplicación de la legislación vigente relativa a la promoción y protección de los derechos de las personas de edad. La experta realiza visitas a invitación de los gobiernos, con el objetivo de ayudar de manera proactiva a los Estados a identificar buenas prácticas y desafíos en la aplicación de la legislación existente y a la hora de proteger a las personas de edad.