Ministerio de Desarrollo Social

En Uruguay viven al menos 197.000 personas con discapacidad. Los datos del censo de 2023 revelan brechas concretas en el acceso a derechos: trayectorias educativas más cortas, mayor desocupación y una correlación directa entre discapacidad y pobreza. Las barreras estructurales limitan la autonomía y la inclusión plena de las personas con discapacidad y sus familias.

Para revertir esta situación, el país necesita una institucionalidad de mayor jerarquía, con recursos propios y capacidad real para colocar la perspectiva de la discapacidad en el centro de todas las políticas públicas. Así lo han reclamado las organizaciones sociales y lo ha recomendado el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

En 2024, un acuerdo interpartidario lo ratificó: "Es necesario otorgar una mayor jerarquía institucional a las políticas públicas de discapacidad, de carácter supraministerial."

En 2025 se creó el Instituto Nacional de Discapacidad en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social.

En 2026 se propone completar la arquitectura con la creación de la Junta Nacional de Políticas de Discapacidad y la Comisión Nacional de Participación de Personas con Discapacidad.

Qué propone el proyecto de ley

El proyecto crea una estructura de gobernanza articulada en tres niveles:

• Junta Nacional de Polìticas de Discapacidad Un órgano supra ministerial con visión política sobre el rumbo de las políticas de discapacidad, que coordina a los diversos organismos del Estado con competencia en la materia.
• Instituto Nacional de Discapacidad Un Instituto rector que actúa como brazo ejecutor y fiscalizador de las intervenciones estatales, con presupuesto propio y capacidad de gestión autónoma.
• La Comisión Nacional de Participación de Personas con Discapacidad, un órgano asesor que garantiza la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil en el ciclo de las políticas públicas, en línea con las observaciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Esta arquitectura institucional busca unificar y coordinar las políticas de discapacidad bajo un marco normativo común, manteniendo las competencias que cada organismo ya tiene por ley, y colocando a Uruguay a la altura de las mejores prácticas internacionales.

Un proceso construido con la sociedad civil

Entre junio y diciembre de 2025, el INADIS realizó 75 reuniones en todo el país - con la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad, las Comisiones Departamentales, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos locales - en el marco de la gira de presentación del Primer Plan Nacional por la Accesibilidad y los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Como resultado de ese proceso, y atendiendo a la solicitud de la sociedad civil de contar con más tiempo para el análisis, se decidió separar el proyecto original en dos partes: la creación del Instituto Nacional de Discapacidad fue aprobada en la ley de presupuesto 2025–2030, mientras que el resto del marco normativo -que es lo que hoy se pone a consulta- continuó su proceso de elaboración participativa.

Este documento es la segunda versión del borrador y contiene modificaciones realizadas a partir del intercambio con organizaciones de la sociedad civil.

Tu voz importa: sumáte al proceso

El principio que orienta toda la política de discapacidad es claro: "Nada sobre nosotros sin nosotros." Este proyecto de ley se verá enriquecido con los aportes y propuestas de las personas con discapacidad, de sus familias y sus organizaciones, ya que tienen un conocimiento propio y vívido de la temática y, por ende, de su gran importancia.

Entre mayo y julio de 2026 se realizarán reuniones con organizaciones sociales y comisiones departamentales en todo el país. Desde junio, la plataforma de participación ciudadana estará habilitada para recibir aportes en línea. Una vez consolidados los aportes, se presentarán junto al Proyecto de Ley ante el Parlamento Nacional.