Ministerio de Desarrollo Social

Este compromiso abarca no solo a las personas a quienes se les ha reconocido la condición de refugiadas, sino también a quienes se encuentran en proceso de solicitud de asilo y necesitan apoyo y acompañamiento mientras se resuelve su situación migratoria y jurídica.

La protección social es un derecho fundamental que debe ser garantizado a toda persona que reside en el territorio nacional, sin distinción de nacionalidad, estatus migratorio u origen étnico o cultural. Por ello, impulsamos políticas que buscan promover la igualdad, facilitar el acceso a servicios básicos de calidad —como salud, educación, alimentación y vivienda— y fomentar la integración comunitaria y laboral de las personas refugiadas y solicitantes de asilo.

Nuestro enfoque reconoce la vulnerabilidad específica de quienes llegan escapando de situaciones extremas y la necesidad de diseñar respuestas adaptadas a sus trayectorias de vida, respetando sus derechos humanos y su diversidad cultural. Para ello trabajamos desde la Comisión de Refugiados (CORE) en coordinación con otros organismos del Estado, gobiernos departamentales, organizaciones de la sociedad civil, comunidades de acogida y agencias internacionales especializadas.

A través de programas específicos de atención, orientación social y articulación interinstitucional, buscamos garantizar que las personas refugiadas y solicitantes de asilo puedan reconstruir sus proyectos de vida con autonomía, dignidad y oportunidades reales de desarrollo personal y familiar.

Uruguay, como país firmante de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, su Protocolo de 1967 y la Ley N.º 18.076, sostiene su tradición de solidaridad y acogida. A esto se suma la voluntad de seguir ampliando las capacidades de respuesta del sistema de protección social para dar cumplimiento efectivo a los compromisos asumidos a nivel internacional, como lo expresado en el Foro Mundial de Refugiados 2023.

En este día de reflexión y solidaridad global, invitamos a toda la sociedad a reconocer y valorar las capacidades, los aportes y la diversidad que traen consigo las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Solo a través de políticas públicas integradoras, coordinadas y sostenidas, podemos construir un país más justo, humano y hospitalario para todas y todos.