Se declaró emergencia nacional vial en todo el país
El Poder Ejecutivo encomendó la ejecución de obras al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a través de la Dirección Nacional de Vialidad. El Ministerio de Economía y Finanzas habilitará los recursos para atender contrataciones directas y realizar las obras necesarias para mitigar y recuperar los daños ocasionados por las condiciones climáticas, de acuerdo a los relevamientos de caminería que se entregaron a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Se espera que el MTOP, junto con las distintas regionales del país, trabaje en estrecha colaboración con las intendencias para identificar y priorizar las zonas más afectadas, así como para llevar a cabo reparaciones urgentes. “Al MTOP se le pide que, con el equipamiento de distintas regionales del país, esté articulando con las intendencias y recuperando bacheos en caminos que están más críticos”, afirmó el Ministro.
La necesidad de establecer esta medida fue planteada por varios gobiernos departamentales al Congreso de Intendentes, quienes expresaron su preocupación por el estado crítico de la red vial. Las intensas precipitaciones han generado un escenario hidrológico desafiante en las principales cuencas del país, lo que no solo afecta la infraestructura vial, sino que también podría afectar el inicio inminente de la temporada de cosecha de soja, “se corre el riesgo de no poder sacar la producción si no se hace una intervención en conjunto”, advirtió el jerarca.
Por su parte, el Director Nacional de Vialidad, Hernán Ciganda, ha estado recorriendo y visualizando el estado de los caminos rurales, y próximamente la cartera tendrá un diagnóstico claro del estado de situación en los distintos puntos del país para articular la acción en el territorio, “activando algún complemento de partida extraordinaria con contrato de privados que se pueda asumir”, según señaló Falero.
La prioridad será abordar los tramos viales más críticos, aquellos que aún permiten circulación pero presentan un deterioro considerable, y restaurar los caños y alcantarillas dañados. El plazo establecido para estas acciones no debería superar los 30 a 45 días, minimizando las afectaciones en la movilidad y la circulación, facilitando el acceso a las zonas afectadas, garantizando la conectividad, la seguridad y el bienestar de la población.