Plataformas digitales

Diálogo para una regulación democrática de las plataformas digitales en Uruguay

El 22 de mayo se realizó el primer diálogo multilateral “Desafíos para la protección de la libertad de expresión y el acceso a la información en Internet”, que dio inicio al proceso de regulación de las grandes plataformas digitales en Uruguay, el cual se extenderá hasta setiembre de 2025.
Autoridades en la mesa redonda

Durante el primer diálogo se promovieron acuerdos nacionales para una regulación democrática de las grandes plataformas digitales, alineada con el derecho internacional de los derechos humanos y adaptada a la realidad del país. Este proceso de regulación será plural, riguroso y participativo, guiado por las Directrices de la Unesco para la Gobernanza de las Plataformas Digitales (2023) e incluirá instancias de diagnóstico, diálogo y consulta.

Daniel Mordecki, director ejecutivo de Agesic participó en la mesa redonda junto a expertos nacionales e internacionales donde expresó que el mundo digital atraviesa todos los ámbitos de la vida, “la economía, la sociedad, la educación, el entretenimiento, la seguridad, el delito” y que muchos sectores ya operan completamente en digital. Frente a eso, advirtió que no se está construyendo el liderazgo necesario para afrontar esos entornos.

Asimismo, aclaró que no se trata de que los líderes sepan programar o conozcan detalles técnicos, sino que comprendan que la toma de decisiones en este campo es política y “tienen la obligación de informarse, de preguntar, de asesorarse, de entender”. Agregó que cuando los temas digitales se tratan únicamente como cuestiones tecnológicas, se pierde de vista que en realidad se está discutiendo el futuro del país.

El encuentro fue organizado por el Laboratorio de Datos y Sociedad (Datysoc) y Observacom, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unseco), Agesic y la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología de la Cámara de Senadores, reunió a representantes de la sociedad civil, medios de comunicación, academia, empresas tecnológicas y organismos internacionales, así como a representantes de los partidos con presencia en el Senado.

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