Proyecto para las infancias y adolescencias de los pueblos rurales del Uruguay
Informes
Conocer las características de esa población en relación con las posibilidades de acceso a la educación, la atención primaria de salud y la justicia son aspectos fundamentales para elaborar recomendaciones y acciones específicas, así como para generar herramientas para el diseño de políticas y programas determinados que protejan sus derechos.
Cerca del 16% de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país vive en pueblos rurales, es decir, en localidades con menos de 5.000 habitantes y en la ruralidad dispersa.
El enfoque
Contribuir al desarrollo de una mirada sensible y comprometida con el bienestar de las infancias y adolescencias es un desafío constante para la promoción de los derechos humanos, y para el diseño de normativas protectoras y de las políticas públicas. Un reto al que se le suman algunas particularidades como la baja densidad de población, la vida social y comunitaria entre pocas familias numerosas, dificultades de acceso al trabajo, cambios en los modos de producción y la distancia de algunos organismos y programas de protección de derechos.
Acceso a la educación, a la salud y a la justicia
En este escenario, las diferentes observaciones y recomendaciones de organismos internacionales realizadas al Estado uruguayo subrayan la importancia de atender las condiciones especiales de vulnerabilidad que tienen las poblaciones rurales.
En relación con la infancia, destacan las del acceso a servicios integrales de salud y en particular, la atención de la salud sexual y reproductiva, que garanticen el acceso a maternidades equipadas y la atención del embarazo adolescente.
Con respecto a la educación, las recomendaciones señalan la importancia de su acceso teniendo en cuenta estrategias que eviten la repetición y la deserción escolar de los niños, niñas y adolescentes de medios rurales, particularmente en relación con la inserción y sostenibilidad de la educación media.
Por último, en cuanto al acceso a la justicia, se menciona la importancia de ampliar la cobertura de tribunales que atiendan las situaciones de violencia.
El proceso
En 2019 y 2020 el área de Descentralización llevó adelante acciones en el departamento de Cerro Largo para observar y recopilar información sobre la realidad de la infancia y la adolescencia en pequeñas localidades.
En 2021 se desarrollaron actividades de sistematización de información cuantitativa a nivel nacional y, a los efectos de obtener información cualitativa, se seleccionaron cinco localidades menores de 5.000 habitantes de cinco departamentos del país y se generaron instancias de intercambio con operadores locales y departamentales. Las localidades seleccionadas fueron Achar, Arévalo, Carlos Reyes, Constitución y José Batlle y Ordoñez.
En 2022 se están generando acciones de incidencia para la promoción de derechos de las infancias y adolescencias en pueblos rurales, orientadas a la exigibilidad de los derechos humanos y a visibilizar las características de estas poblaciones.
Esta labor se vincula con el segundo eje del Plan Estratégico de la INDDHH:
“[...] de mejora en los procesos de investigación de vulneraciones a los derechos humanos, incluyendo el abordaje de problemas de naturaleza sistémica. Asimismo, desarrolla herramientas de justiciabilidad y de exigibilidad política de los DDHH”.
Enlaces relacionados
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