15 de junio: Día mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato a la vejez
La violencia - maltrato sobre personas mayores es un problema mundial que acompaña el envejecimiento poblacional y afecta no solo la salud de nuestros mayores, sino también sus derechos humanos, lo cual requiere de atención y respuestas de la comunidad, la sociedad civil, el espacio privado y las políticas de Estado. Estas respuestas suponen jerarquizar la articulación interinstitucional y las acciones que permitan una adecuada gestión de situaciones, que sean de cercanía territorial y accesibles para esta población.
El maltrato a los adultos mayores es “un acto, único o repetido, que causa daño o sufrimiento a una persona de edad o es la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza”. Puede adoptar distintas formas: maltrato físico, psíquico, emocional o sexual, así como el abuso de confianza en cuestiones económicas (abuso patrimonial) o ser resultado de la negligencia, lo que no mengua la condición de abuso o maltrato.
La mayoría de los países de América Latina carecen de sistemas de registro e información sobre este tema. La evidencia científica, como el estudio de Manitoba (Canadá), y estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) plantean que entre un mínimo del 4 % y un promedio del 10 % de las personas mayores en la comunidad padece alguna forma de abuso, lo que en nuestro país supone 47.000 personas mayores víctimas de maltrato. El abuso - maltrato en esta población existe en todas las clases sociales y la pandemia podría haber ocasionado su incremento. Según información del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) la formas predominantes en Uruguay son la violencia psicológica y patrimonial, más allá de que esas formas de violencia muchas veces se asocian a otras como la física, etc.
En el hogar y la comunidad es donde ocurren estas situaciones predominantemente, a manos de familiares o cuidadores habituales, aunque también existe el maltrato institucional, que ocurre en hogares o residenciales y que según estudios de la OMS también son frecuentes pero hay un subregistro de los mismos.
Estereotipos y discriminación hacia la vejez:
En nuestro contexto social las personas mayores sufren discriminación por edad que se traduce en prejuicios despectivos como atributos de minusvalía, de carga social o de que son personas que no pueden hacer aportes contributivos, entre otros, sin que haya evidencia al respecto. También se les adjudica un rol poco participativo, idea que tiene origen en múltiples formadores de opinión.
Es importante integrar a las prácticas cotidianas la averiguación de este tipo de situaciones pero es un tema que está poco presente en los espacios formativos, incluso en los relacionados con la formación de recursos humanos de la salud.
A lo largo del tiempo se ha priorizados primero, la pesquisa y abordaje a la violencia ejercida sobre las mujeres, luego, sobre los niños y con bastante rezago, la violencia sobre personas mayores y personas en situación de discapacidad. Es necesario que se asocie al enfoque de género también el de generaciones y curso de vida.
Nuestro país ratificó la “Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores” de la Organización de Estados Americanos (OEA), que ya tiene efectos vinculantes en nuestro país.
En 2019 se editó y publicó la guía para la prevención, diagnóstico y abordaje integral de la violencia hacia las personas mayores.
En 2022 se desarrollará un curso virtual de capacitación hacia cuidadores de establecimientos de larga estadía para personas mayores (ELEPEM), que tiene en un módulo de aspectos vinculados a derechos y a la prevención del abuso – maltrato en ELEPEM.
Existe mucho por desarrollar y es necesario asumir que se necesita de respuestas multidimensionales que congreguen a la sociedad civil, el sector privado, el Estado y los efectores sanitarios o prestadores de servicios de salud. Los equipos de salud desempeñan un rol fundamental con acciones de promoción de cuidado, prevención de situaciones de violencia, detección y atención de las mismas. El abordaje multidisciplinario que incluya una mirada bio psico social también es necesario con el desarrollo de equipos referentes de violencia. Los instrumentos como las guías de abordaje y protocolos institucionales para este tipo de situaciones en distintas etapas de la vida también son útiles.
Algunas consideraciones sobre el abuso, maltrato o la discriminación por edad:
La Década del Envejecimiento Saludable (2020-2030) es una oportunidad para reunir a los gobiernos, la sociedad civil, las agencias internacionales, los profesionales, la academia, los medios de comunicación y el sector privado durante diez años de acción concertada, catalizadora y colaborativa para mejorar las vidas de las personas mayores, sus familias y las comunidades en las que viven.
Es necesario corregir los estereotipos sobre la vejez e integrar el tema en el sistema educativo y los medios en el contexto de una sociedad integrada, que envejece y seguirá envejeciendo.
La Organización de Naciones Unidas plantea que la protección hacia nuestros mayores vulnerables debe ir más allá de las estrategias contra la covid-19.
Existe riesgo en cuanto discriminar por edad en prestaciones o prácticas sanitarias.
El impacto en la salud y los servicios de atención a largo plazo para las personas mayores debe reconocer y enfrentar los desafíos particulares a los que se ven expuestos, incluida su capacidad para acceder a tratamiento y atención médica.
Las formas de definir, detectar y resolver el maltrato de las personas mayores tienen que enmarcarse en el contexto cultural y considerarse junto con los factores de riesgo que tienen una especificidad cultural.
Consejos hacia nuestros mayores:
Que se mantengan activos y socialmente comunicados e integrados.
Que no acepten realizar poderes genéricos a cambio de cuidados.
Que no realicen testamentos en beneficio de personas que prometen cuidarles si los firman.
Que no deleguen en terceros el cobro de jubilación o pensión salvo situaciones extremas donde no pueda decidir sobre sus asuntos financieros.
Que no realicen préstamos al consumo a nombre de terceros bajo supuestos de que serían utilizados para su bien.
Que si son maltratados denuncien o comenten la situación con amigos, vecinos, en la consulta médica; disparar los mecanismos institucionales una vez que se da conocimiento de la situación tiene un reconocido efecto protector.