El MSP presenta la Política Nacional de Garantía y Acceso Oportuno a la Salud
Uruguay cuenta con un Sistema Nacional Integrado de Salud consolidado y con amplia cobertura sanitaria. Sin embargo, para muchas personas el problema no es la cobertura formal, sino el tiempo que transcurre entre la necesidad y la resolución del problema de salud. El tiempo para acceder a una consulta, el tiempo para realizar un estudio, el tiempo para una cirugía. En salud, el tiempo no es una variable administrativa: es un determinante clínico y social. Una consulta demorada puede agravar una enfermedad, un estudio tardío puede retrasar un tratamiento y una cirugía postergada puede deteriorar la calidad de vida.
El objetivo es que el plazo deje de ser incierto y pase a estar regulado, monitoreado y gestionado activamente, con equidad territorial y responsabilidad institucional.
Como parte central de esta etapa, el Presidente firmó el Decreto Marco de Plazos Máximos de Acceso, que establece estándares obligatorios para todos los prestadores públicos y privados. En las consultas de policlínica, se fijan 24 horas hábiles para medicina general, pediatría, ginecología y medicina familiar y comunitaria; 48 horas hábiles para cirugía general y 30 días corridos para consultas con especialistas, incorporando además plazos específicos para las consultas con el médico tratante. Asimismo, se definen 30 días corridos para cirugías oncológicas no urgentes y se regulan por primera vez plazos máximos para estudios diagnósticos como tomografía computada, resonancia magnética, ecocardiograma y endoscopías digestivas. La normativa inhabilita además a que los prestadores exijan la participación de una especialidad concreta para la prescripción de un medicamento, más allá de las definidas desde la rectoría. Además, se crea una Comisión de Seguimiento en la órbita de la JUNASA y se refuerza la rectoría del MSP para exigir información y planes de mejora ante desvíos. El nuevo decreto entrará en vigencia a los 60 días de su publicación en el Diario Oficial.
Esta política nacional también elimina demoras administrativas sin justificación clínica. Próximamente se firmarán dos nuevos decretos que habilitarán la prescripción de tratamientos crónicos hasta 365 días bajo control médico y otro que adecuará la normativa de psicofármacos para evitar renovaciones innecesarias que saturan agendas. Estas medidas permitirán reducir al menos un 20% de consultas exclusivamente administrativas y liberar tiempo médico para la atención clínica efectiva.
La política abandona la lógica de acumulación pasiva de personas en espera y establece una gestión activa institucionalizada que incluye priorización clínica documentada, reevaluación periódica de casos, seguimiento de situaciones fuera de estándar, gestión quirúrgica personalizada, uso intensivo de telesalud, complementación estratégica entre prestadores, fortalecimiento del primer nivel de atención, desarrollo de un sistema nacional de información y trazabilidad y fiscalización territorial proactiva. Se integra además con la Estrategia Nacional de Salud Mental, la modernización diagnóstica, la planificación de recursos humanos y la digitalización del sistema sanitario.
Desde el Ministerio se señaló que esta política constituye una reorganización progresiva del sistema con centro en las personas. Garantizar acceso oportuno implica evitar que el tiempo agrave enfermedades, reducir desigualdades territoriales, fortalecer la rectoría del MSP y hacer efectivo el derecho a la salud.