Reunión de alto nivel para la salud de la mujer, la niñez y la adolescencia en Chile.
La subsecretaria de salud expuso sobre la experiencia uruguaya orientada a la construcción de una matriz de protección social como respuesta a las desigualdades sociales y económicas profundizadas en las últimas décadas del siglo XX.
El país define como prioridad fortalecer las políticas de primera infancia y salud sexual y salud reproductiva (SSySR). Dentro de los avances está la ley de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva (ley 18.426, 2008) que establece servicios obligatorios y consejería en SSySR y acceso gratuito a métodos anticonceptivos.
También se encuentran el Certificado Electrónico de Nacido Vivo que otorga identidad al momento del nacimiento y permite una mejor coordinación interinstitucional, la creación del programa Uruguay Crece Contigo, la ley de Despenalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la ley de Matrimonio Igualitario, la creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, el Plan Nacional de Juventudes, la definición de Objetivos Sanitarios Nacionales y el Plan Nacional de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, con participación intersectorial e interinstitucional.
Lustemberg hizo énfasis en los desafíos a futuro como forma de superar la fragmentación de los múltiples organismos estatales que cumplen funciones de rectoría, regulación y prestación de servicios, así como de mejorar la gestión por resultados y trabajar en el liderazgo político.
Por su parte, Bachelet destacó que “hoy tenemos evidencias concretas de que las intervenciones en favor de las mujeres, la niñez y la adolescencia, generan impactos tremendamente positivos y será esencial para la construcción de sociedades más desarrolladas, justas e inclusivas en el futuro”.
De la reunión participan, además, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), ONUSIDA, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), UNICEF, USAID y altas autoridades de Barbados, Honduras, Guatemala, México, Panamá, y Uruguay.
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