curso de bioseguridad

Se realizó curso de bioseguridad y biocustodia para elevar estándares de seguridad en el país

Coordinado por el Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación del Ministerio de Salud Pública (MSP) se desarrolló entre el 8 y 11 de agosto el “Curso nacional para científicos en bioseguridad y biocustodia”.
Autoridades en el evento

La capacitación, dirigida a científicos y personal de laboratorio, surge en el marco del proyecto de cooperación “Fortalecimiento de la bioseguridad y biocustodia en América Latina en línea con la resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad de la ONU”, administrado por el Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de los Estados Americanos (CICTE/OEA).

Participaron de la apertura y cierre el director general de asuntos políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores, el embajador Luis Bermúdez, en representación del MSP, la ministra, Karina Rando, y la directora general de salud, Adriana Alfonso; en representación del Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA/CICTE), la consultora, Edith Valles, y de la Organización de Estados Americanos (OEA), Claudia Barrientos.

La pandemia de covid-19 y la epidemia de H1NI en 2009 han sido notorios ejemplos de la vulnerabilidad del mundo ante las amenazas biológicas. Estos hechos y las cifras de fallecimientos causadas por este tipo de eventos, confirman la necesidad de fortalecer las capacidades de la región en materia de prevención, detección y respuesta.

Bermúdez explicó que desde la perspectiva de la política exterior, Uruguay se posiciona ante la comunidad internacional como un país pacifista, no poseedor de armas de destrucción masiva, con un firme compromiso con el fortalecimiento del régimen de desarme.

En ese sentido, Uruguay ha adherido a la mayoría de los tratados regionales e internacionales sobre desarme, y en el caso particular de las armas biológicas, nuestro país es Estado Parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre armas biológicas que constituye el primer tratado multilateral sobre desarme en prohibir el desarrollo, la producción y el almacenamiento de toda una categoría de armas de destrucción en masa.

La implementación de estos compromisos requiere de un gran esfuerzo interinstitucional que involucra a diversos ministerios y otras instituciones, entre ellos el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Salud Pública.

La formación que se desarrolló del 11 al 8 de agosto cobra vital importancia en el marco de los esfuerzos que realiza Uruguay en materia de desarme a nivel internacional y, en este caso, particularmente en lo referido a las armas biológicas.

La ministra de salud pública, Karina Rando, señaló la importancia de este curso y destacó que la iniciativa es una de las acciones tendientes a fortalecer los mecanismos de investigación y seguridad en salud, una de las líneas estratégicas definidas por la cartera, y a su vez una acción concreta para dar cumplimiento a los compromisos internacionales que el país asumió en lo relacionado a la resolución 1540 que reza: “todos los Estados deben adoptar y hacer cumplir medidas eficaces para instaurar controles nacionales a fin de prevenir la proliferación de las armas nucleares, químicas o biológicas y sus sistemas vectores (…).”

El curso, impartido en modo presencial en Uruguay, tiene como objetivo construir capacidades técnicas y fortalecer los conocimientos en bioseguridad y biocustodia para establecer un grupo de entrenadores de diferentes instituciones científicas de cada país beneficiario, quienes tendrán la oportunidad, a su vez, de difundir los conocimientos aprendidos como los principios de bioseguridad y biocustodia, prácticas de laboratorio, técnicas y métodos para el manejo de riesgos en laboratorios e instituciones de investigación.

Las acciones dirigidas a fortalecer la bioseguridad a nivel nacional, regional y mundial resultan claves y contribuyen a la toma de conciencia y de medidas concretas dirigidas a mitigar eventuales riesgos que puedan afectar la salud pública de las comunidades, el país y la región.

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