Servicio Civil promueve ajustes en vínculos laborales de adscriptos y pases en comisión
Scavarelli indicó a la Secretaría de Comunciación, respecto del artículo vinculado a funcionarios públicos con cargos de alta especialización, que la Oficina de Servicio Civil entiende que para que la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP) pueda llegar a un nivel terciario de formación se necesita contar con profesionales que tengan el conocimiento académico adecuado y que cuenten con la especificidad de la experiencia de la función pública.
El objetivo de esta normativa es permitir que aquellos funcionarios públicos que cumplen con ambos requisitos tengan la posibilidad de brindar servicios profesionales como educadores en la ENAP.
Otros de los artículos abordados tiene que ver con la facultad del Poder Ejecutivo para las reestructuras organizativas en los puestos de trabajo en las unidades ejecutoras.
Se apunta a la renovación de la autorización con la que cuenta el Poder Ejecutivo para que se puedan llevar a cabo estas reestructuras organizativas dentro del Inciso 0 dentro de cada una las Unidades Ejecutoras.
Otro de los artículos está relacionado a los funcionarios que están en comisión. Servicio Civil entiende que los organismos donde ese trabajador presta funciones deben acreditar debidamente su asistencia, deberes funcionales, horarios, licencia y otros requisitos.
“Entendemos necesaria esta confirmación, ya que cuando un funcionario está en comisión, sigue cobrando el sueldo en su lugar de origen pero presta servicios en otro lugar que lo pidió en comisión, apuntó Scavarelli.
En la actualidad, Presidencia de la República exige este trámite, pero creemos que esta política debe extenderse a toda la administración del Estado, admitió.
Respecto de la regularización de funcionarios, el jerarca reconoció la necesidad de hacerlo con alrededor de 200 funcionarios, que debido a demoras en la reestructura quedaron pendiente en el período del Provisoriato. Es importante esta aprobación “ya que es una forma de que no se produzcan desfasajes en los derechos de los funcionarios”.
El Provisoriato es un vínculo contractual con el Estado, por un período máximo de 15 meses, previo al pasaje a la presupuestación.
La normativa indica que se podrá formalizar el Provisoriato solo cuando el organismo tenga vacantes de ingreso y no haya personal a redistribuir que cumpla con el perfil requerido.
Otro de los artículos está referido a la transformación y está dirigido a los funcionarios que en el curso del desempeño de sus actividades adquieran una formación académica o profesional, que les permita calificar en el cambio de categoría.
Esa trasformación no implica un cambio en el régimen de contratación sino en el escalafón. Queremos asegurar que el Estado cuente con las personas más capaces pero que además han demostrado tener una vocación de pertenencia”.
Sobre los “adscriptos a los ministros”, Scavarelli sostuvo que, si bien nuestro país está en un régimen de competencia, la propia explotación de los recursos naturales, los controles que el Estado ejerce en las contrataciones nacionales e internacionales, determina que los ministros deban contar con la mayor capacidad de asesoramiento posible.
Explicó, además, que lo que se pretende con esta norma (que recoge la voluntad de muchos ministros) es que los jerarcas no tengan un tope muy bajo que les impida contratar profesionales que están altamente cotizados.
El planteo de los ministros responde a que las áreas más especializadas requieren de la contratación de expertos que en ámbitos privados son contratados por un monto más alto que los que ellos están autorizados a negociar, aclaró.
El crédito con que contarán los jerarcas será el mismo, aseguró Scavarelli. Simplemente que podrán contratar profesionales por un salario mayor.
“Esta norma no tiene costo, sino que simplemente permite que se levante el límite máximo para favorecer estas contrataciones”, aseguró.
“Lo importante es que los legisladores de la Comisión tengan una visión del trabajo que está realizando la Oficina del Servicio Civil. Después vendrán las discusiones necesarias que permitirán la aprobación de las normas, reflexionó Scavarelli.