Avances en la definición de una política pública de seguridad digital ciudadana
En el marco de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2024 – 2030, la iniciativa busca coordinar, articular y potenciar las acciones que el Estado desarrolla para proteger a la ciudadanía frente a incidentes y delitos que afectan su seguridad en entornos digitales. Incluye tanto medidas para detectar, prevenir y reprimir estas prácticas, como acciones de difusión y capacitación para promover un uso seguro y responsable de la tecnología.
La iniciativa surge como respuesta al creciente desafío que representan las ciberamenazas, tales como estafas, suplantación de identidad, ciberbullying y robo de datos personales, entre otras prácticas que impactan directamente en los derechos de las personas y requieren un trabajo coordinado entre diversas instituciones del Estado.
La elaboración de esta política pública se estructura en cuatro ámbitos de trabajo:
- Difusión y educación: promover acciones de difusión y capacitación en todo el país para brindar información y herramientas que permitan a las personas utilizar la tecnología de manera segura y responsable, abordando los desafíos y riesgos asociados.
- Prevención: implementar medidas de seguridad digital que fortalezcan la resiliencia de los sistemas y protejan la información de las personas.
- Marco normativo: revisar y actualizar la normativa nacional para garantizar la protección de los derechos y las libertades de la ciudadanía en el ciberespacio.
- Represión: coordinar acciones con el Ministerio del Interior para la prevención, detección, investigación y persecución de los delitos cometidos en el ciberespacio.
La elaboración de la política pública de seguridad digital es un proceso colaborativo liderado por Presidencia de la República y Agesic. La primera reunión de trabajo fue presidida por el Secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; y contó con la participación de Diego Pastorín, director general de Presidencia; Daniel Mordecki, director ejecutivo de Agesic; Carlos Negro, ministro del Interior; Fernanda Cardona, ministra de Industria, Energía y Minería; Pablo Caggiani, presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (Anep); Ana Claudia de los Heros, vicepresidenta del Banco Central del Uruguay (BCU); Álvaro García, presidente del Banco República; Alejandro Paz, presidente de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel); Jimena Pardo, presidenta del Banco de Previsión Social (BPS); y Fiorella Haim, presidenta de Ceibal.