Uruguay reflexiona acerca de la Ley de Acceso a la Información Pública
En el marco del III Seminario Internacional sobre Acceso a la Información Pública, realizado el 17 de noviembre en el Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel, se desarrolló el panel: "Reflexiones acerca del estado de situación de la Ley de Acceso a la Información Pública en Uruguay".
Los participantes de este panel fueron Jorge Chediak, presidente de la Suprema Corte de Justicia; Daniel Buquet, director del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República; Felipe Rotondo, presidente del Consejo Ejecutivo de la URCDP; Pedro Cribari, presidente de la ONG Uruguay Transparente; Alejandro Sánchez, presidente de la Cámara de Representantes, y Juan Andrés Roballo, prosecretario de Presidencia de la República.
Daniel Buquet reflexionó acerca de la relación entre el acceso a la información y la calidad institucional de la democracia uruguaya. En su opinión, luego de treinta años continuos de régimen constitucional, en Uruguay tenemos la tendencia a creer que la democracia es algo natural; sin embargo, eso tiene un riesgo: descuidar la construcción de la democracia, que es un sistema humano siempre mejorable y perfectible. Señaló que el acceso a la información es una de esas "buenas prácticas" que contribuyen a consolidar la democracia e hizo referencia a la necesidad de una "transparencia activa" en el manejo de la información, sostenida en la iniciativa de los ciudadanos y las organizaciones. No solo hay que saber que existe la Ley de Acceso a la Información Pública; también hay que difundirla y aplicarla, pues en ello se juega la calidad de la democracia, la libertad y la educación.
Felipe Rotondo citó a un catedrático español para explicar que el Derecho no es solo la norma, sino también su efectividad y aplicación: "El derecho sirve para la vida o no sirve para nada". Consideró beneficiosas las leyes de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, que complementan y equilibran dos derechos ciudadanos esenciales. Sostuvo que estas normas deberían integrarse como políticas públicas de forma transversal en todos los procesos del Estado, entre otras razones, para hacer comprensible la toma de decisiones que rigen la actividad pública. Asimismo, señaló la necesidad de incorporar estos temas en los planes de enseñanza y educación y de reforzar los poderes jurídicos de la URCDP. En resumen, consideró que el estado actual de situación gracias a la Ley de Acceso a la Información Pública es positivo, pero que aún así "se puede y se debe rendir más".
Pedro Cribari, presidente de la ONG Uruguay Transparente, destacó que el hecho de que el acceso a la información pública sea un tema de agenda pública tiene cuatro grandes beneficios: contribuye a combatir la corrupción, dota de mayor transparencia a los procesos de gestión de los sujetos obligados, brinda garantías a la gestión de los partidos plíticos y establece un freno y un control al lavado de activos provenientes de la actividad ilícita. En su opinión, la existencia de la ley es una de las razones por las cuales Uruguay es visto con buenos ojos a nivel internacional. Sin embargo, señaló también la necesidad de regular mejor su aplicación en las instituciones estatales regidas por el derecho privado que manejan fondos del Estado y hasta planteó la posibilidad de crear un nuevo organismo descentralizado que se encargue autónomamente de realizar esta tarea.
Jorge Chediak, por su parte, reconoció que la Suprema Corte de Justicia ha enfatizado lo concerniente a la transparencia y no tanto la protección de datos sensibles, cuando lo ideal es que haya un equilibrio entre ambos extremos. De todos modos, admitió que el solo hecho de que existan mecanismos de control dota de mayor legitimidad al funcionamiento del Estado. Dijo que la transparencia, además de un derecho constitucional, es algo que está bien y por ello hay que seguir avanzando. Todo tiene que estar en un lenguaje accesible y transparente y citó, a modo de ejemplo, la información acerca de las retribuciones de los funcionarios públicos. En su opinión, la regla es que se debería publicar todo lo que se pueda publicar hasta los límites que impidan hacerlo. Y culminó indicando que siempre es positivo saber que las acciones del Estado están sujetas al juicio público.
El presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Sánchez, tomó como ejemplos las leyes que regulan la jornada de ocho horas de trabajo y el trabajo rural para reflexionar que no basta la simple existencia de una ley, sino que hay que trabajar en su correcta aplicación y evaluar el comportamiento de las instituciones. En tal sentido, destacó el trabajo de la UIP e indicó que la Ley de Acceso a la Información Pública mejora y perfecciona nuestra institucionalidad democrática. Agregó que esta ley forma parte de una "agenda de democratización" y que es responsabilidad de todo el sistema político velar por el cumplimiento de las leyes que dicta. Culminó ilustrando con algunas acciones del Parlamento tendientes a brindar mayor transparencia a su gestión, como por ejemplo, la actualización permanente de la página web y el próximo funcionamiento del voto electrónico en las sesiones del Poder Lesgislativo.
Finalmente, el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, repasó buenos índices internacionales de Uruguay en aspectos como e-participación, cultura cívica, calidad democrática, estabilidad institucional, bajos índices de pobreza y corrupción y desarrollo, entre otros. Aclaró que esto no significa que el Estado asuma que no haya aspectos para mejorar, pero siempre es más fácil avanzar en temas sensibles como el acceso a la información pública partiendo de un escenario favorable. Consideró que se debe realizar una evaluación permanente de la Ley de Acceso a la Información Pública, pero que si se detectan vacíos y falencias, la solución no debe ser, necesariamente, crear nuevas normas y reglamentaciones, sino trabajar en la aplicación del espíritu de la norma. Para ello, es importante generar un cambio cultural; se puede dictar normas e incorporar tecnología, pero si no se empodera al ciudadano a pasar de la reserva a la transparencia, a comprometerse con los temas de gobierno abierto y accesibilidad, será difícil avanzar.
Un rasgo común en las presentaciones de todos los disertantes fue enfatizar la importancia de la "cultura de la transparencia", el involucramiento de la ciudadanía y el diálogo entre los actores públicos y la sociedad civil, de modo de saber mejor dónde estamos y hacia dónde vamos o, mejor aún, hacia dónde debemos ir.