Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo

Esta ley, que representó un hito en Uruguay al reconocer que la población afrouruguaya ha sido históricamente víctima de racismo, discriminación y estigmatización, ha tenido un cumplimiento dispar entre los organismos del Estado en cuanto a la cuota prevista en los llamados laborales públicos para personas afro.

El informe que analiza el cumplimiento de la ley, realizado en conjunto por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) y la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), concluye que poco más de la mitad de los organismos obligados ha implementado esta cuota laboral.

Reflejó, también, que en el período 2014-2022 han ingresado casi 3.000 afrodescendientes por la implementación de la ley, sin embargo, si no se registrara incumplimiento deberían haber ingresado cerca de 13.500 personas. Asimismo, se constató que ingresaron mayormente en puestos que requieren relativa baja calificación educativa.

Por otra parte, tomando en cuenta las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas que instan a Uruguay a asegurar el cumplimiento de la ley, desde la Institución se creó un grupo de trabajo para analizar esta situación.

Este grupo estuvo integrado por: el Instituto Afrodescendiente para el Estudio, la Investigación y el Desarrollo; el Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres; el Comité Central Israelita del Uruguay; la Facultad de Psicología de la Universidad de la República (Udelar) y la Oficina de Coordinación de las Naciones Unidas en Uruguay, coordinado por la Unidad Étnico Racial de la INDDHH.

El grupo de trabajo analizó la percepción de las personas afrodescendientes sobre la implementación de la ley a través de 207 encuestas a personas y organizaciones afrodescendientes. Este estudio mostró la falta de conocimiento sobre la ley, lo que incide en la baja postulación, y la necesidad de impulsar capacitaciones para el funcionariado público encargado de llevar adelante los concursos del Estado con el objetivo de sensibilizar sobre la aplicación de esta normativa. 

La encuesta mostró que, aunque más de la mitad de las personas encuestadas había postulado a un trabajo a través de la cuota, menos del 30 % obtuvo finalmente el cargo al que aplicó.

En relación con la cuota prevista en becas de estudio, menos del 20 % de personas encuestadas ha postulado a estas iniciativas, pero casi la mitad de postulantes finalmente la obtuvo.

En este informe también se recomienda la implementación de mayores medidas de control en relación con la postulación dentro del cupo, al percibirse que no ha resultado suficiente con la autoidentificación como requisito para aplicar a la cuota.

La presentación contó con la participación de Jimena Fernández, presidenta de la INDDHH; Ariel Sánchez, director de la ONSC; Juan Meré, en representación de la Oficina del coordinador residente de Naciones Unidas en Uruguay. La presentación del informe realizado en conjunto por la INDDHH y la ONSC fue realizada por Óscar Rorra, responsable de la Unidad Étnico Racial de la INDDHH, y Analía Corti de la ONSC, mientras que el informe resultante del grupo de trabajo contó con una exposición por parte de Vicenta Camusso, en representación de la sociedad civil, Mónica Olaza de Udelar, y Rorra por la INDDHH.

La actividad también contó con participaciones musicales de la violinista Valentina Juliette Loriente de León y el coro infantil y juvenil del Centro Integral Coral Experimental. La moderación estuvo a cargo del periodista Eduardo Delgado.