Reunión de Ministras y Altas Autoridades de la Mujer del MERCOSUR
La importancia del componente de género en el comercio exterior
Desde hace ya varias décadas se reconoce que la desigualdad de género es un factor que restringe el desarrollo humano y que se manifiesta, sobre todo, en la brecha de género en materia de participación y oportunidades económicas. Esta brecha constituye el núcleo duro de la desigualdad de género.
A esto, se suma la crisis sanitaria por COVID-19 que ha dejado muchas personas por fuera del mercado laboral, especialmente mujeres.
Al ritmo actual de cambios, esta brecha se cerraría en 202 años (FEM, 2018). Las pérdidas económicas asociadas a los actuales niveles de discriminación de género ascienden a 5 billones de dólares o 7,5% del ingreso global en 2017 (OCDE, 2019).
El comercio internacional reproduce las estructuras desiguales de las economías y las relaciones de género en los países inciden en el acceso de mujeres y hombres a los recursos productivos y a los beneficios del comercio.
La discriminación respecto del acceso al crédito para las mujeres contribuye a mantenerlas como agentes secundarias en la actividad económica. El desigual acceso a los recursos financieros significó una brecha de financiamiento entre mujeres y hombres que alcanzó a nivel global los 1.700 millones de dólares en 2017. Sólo el 23% del financiamiento otorgado a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) se destinó a empresas lideradas por mujeres a nivel mundial (IFC, 2017).
La división internacional del trabajo, plasmada en las cadenas globales de valor suele tener una importante segregación laboral. La concentración del empleo exportador femenino en sectores de baja calificación y bajos salarios conlleva una precarización del empleo, y representa una ventaja competitiva mínima frente a otros países en la medida que los costos de producción son más bajos (Berik y otros, 2004; Seguino, 2000). Las barreras de género dificultan a las mujeres romper el patrón de feminización desde los eslabones de bajo valor (Bamber y Staritz, 2016; Foro Económico Mundial, 2018).
En Uruguay, las empresas lideradas por una mujer representaban alrededor del 30% del total en 2015-2017. No obstante, la participación en las exportaciones de las empresas lideradas por mujeres fue mucho menor. El porcentaje de dueños de empresas de sexo masculino que exportaba fue de 16% y más que triplica a las de sexo femenino (5%) en 2016.
Una política comercial inclusiva contribuiría enormemente a cerrar la brecha económica de género. Uruguay y Chile fueron de los primeros países del mundo en incluir un capítulo de género en un tratado de libre comercio. De cara a las actuales negociaciones que el MERCOSUR está llevando adelante con Canadá, está previsto la incorporación de un capítulo sobre comercio y género. Asimismo, el acuerdo de libre comercio que se negocia entre el MERCOSUR y la Unión Europea también incluye disposiciones vinculadas a la promoción de la igualdad de género y el respeto a los derechos humanos de todas las mujeres. En este último, se destaca la intervinculación entre el comercio y el empleo productivo, el respeto a los estándares laborales del trabajo decente en las cadenas globales, la protección social e inclusión social y la igualdad de género.
La inclusión de capítulos y disposiciones de género en los acuerdos comerciales ha significado un enorme logro en la medida que introdujo un lenguaje nuevo y consideraciones distintas en las negociaciones comerciales. También, es muy valorado por países como Canadá, o como el bloque de la Unión Europea.
Estos capítulos enfatizan los compromisos compartidos respecto de la igualdad de género en todos los ámbitos del quehacer económico, las relaciones laborales, acceso a la educación y salud, entre otros. Declaran también la adhesión a los principales convenios internacionales que consagran la igualdad de género, como la Plataforma de Beijing, la CEDAW y los convenios 110, 111 y 156 de la OIT. Ocupan un lugar relevante en los textos las actividades de cooperación para avanzar en la implementación de los derechos e intercambiar buenas prácticas, al igual que la creación de institucionalidad para velar que los compromisos asumidos en el capítulo se hagan efectivos (Comité de Seguimiento de implementación del Capítulo de Género).
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