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Estrategia Nacional para la Igualdad de Género al 2030

Estrategia Nacional para la Igualdad de Género al 2030 pretende convertirse en una hoja de ruta, integral e integradora, susceptible de orientar el accionar del Estado en materia de igualdad de género a mediano plazo. Se hace eco del lineamiento para el quinquenio en curso: la política de género como política de Estado. Propone delinear un horizonte de igualdad de género al 2030, e integra para ello un conjunto de aspiraciones, directrices político-institucionales y lineamientos estratégicos capaces de influir en las decisiones de política pública. Se acompaña de este modo a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ambos esfuerzos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) en la definición de la Estrategia Nacional para el Desarrollo 2050. Asimismo, recupera como aportes sustantivos las diversas agendas de las mujeres y de feministas.

Descripción

La Estrategia para la igualdad de género como compromiso de Estado, permitirá dar un marco orientador a los planes específicos de los diferentes grupos de trabajo del Consejo Nacional de Género, así como acordar los pilares sustantivos para la transversalidad de la política de igualdad con participación ciudadana y de las diversas organizaciones sociales.

En tal sentido, se pretende obtener un itinerario a mediano plazo que contemple, de forma coherente y eficiente, los retos en las diversas áreas de vulneración de derechos y desigualdad. Se reconoce que el Estado debe actuar a través de la implementación de medidas en el ámbito de sus tres poderes, teniendo en cuenta las tendencias del país, manejando los factores críticos presentes e incorporando las principales prioridades identificadas por la sociedad civil para llegar al 2030 con logros sustantivos en igualdad de género.

Los compromisos y recomendaciones internacionales que el país asumió, así como la agenda nacional del movimiento de mujeres y feminista, representan desafíos para el diseño e implementación de políticas públicas.
El Estado uruguayo reconoce los avances realizados en las últimas décadas en materia de actualización de sus marcos normativos y ampliación de los planes y programas orientados a la igualdad de género. Sin embargo, reconoce insuficiencias que se convierten en compromisos de gobierno con la ciudadanía para avanzar hacia la igualdad de género.

Uno de los elementos de mayor impacto para el diseño e implementación de planes y programas ha sido la inclusión de una mirada compleja en el análisis de las desigualdades que viven las mujeres, identificando la multiplicidad de factores que la producen. La política pública debe tener la capacidad de respuesta particularizada a la ciudadanía en el marco de propuestas universales. Así la condición socioeconómica, la ascendencia étnico-racial, la edad, la identidad sexual y de género, la condición de discapacidad y el territorio donde se vive, se señalan como factores significativos que multiplican las vulnerabilidades de las mujeres a la discriminación y desigualdad.

Merecen especial atención los compromisos internacionales asumidos por Uruguay en el marco de: la Agenda Regional de Género (CEPAL); la Agenda 2030 (ONU); la Convención Internacional para la Elimina- 10 ción de Todas las formas de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW) y las recomendaciones que emitió para el Estado uruguayo su Comité de Seguimiento (2016); la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD), y las recomendaciones emitidas para el Estado uruguayo por su Comité de Seguimiento (2017); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y las recomendaciones a Uruguay emanadas de su Comité (2017); la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030, las «conclusiones convenidas» aprobadas por la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) en su sexagésimo primer período de sesiones (2017) sobre el empoderamiento de las mujeres en el cambiante mundo del trabajo. El documento «Estrategia Montevideo» fue aprobado en la Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030 en Montevideo, en 2016. Esta agenda está constituida a partir de los compromisos asumidos por los Gobiernos a través de los diversos Consensos emanados de las diversas Conferencias Regionales de América Latina y el Caribe (CEPAL). Son referencias también la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada en la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2015 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, aprobados en 2016 por las Naciones Unidas.

A nivel nacional existen iniciativas, algunas de ellas aún en curso, como el Estudio Prospectivo Uruguay 20501, llevado adelante por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que incluye entre sus ejes de análisis priorizados la igualdad de género. Las conclusiones del estos estudios son insumos definitorios para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Sustentable Uruguay 2050, que permitirá la coordinación estratégica de las políticas públicas nacionales.

Asimismo, el Diálogo Social —en tanto proceso organizado y convocado por la Presidencia de la República durante el año 2016— representa una nueva instancia para la coordinación de las políticas generales con las de género. Tuvo como objetivo generar insumos, en diversas áreas y temáticas, para contribuir a las definiciones de una estrategia de desarrollo del país para el mediano plazo. En este marco se desarrolló la mesa de trabajo nº 8: «Género y Generaciones».

Se entiende que Uruguay necesita profundizar en el corto plazo sus marcos normativos para otorgar rango legal a los compromisos asumidos por el país con la igualdad sustantiva de género. Así como para avanzar en la transformación democrática-igualitaria del Estado con una gestión pública de calidad con equidad de género y presupuestos sensibles al género. Se requiere también una arquitectura institucional trasversal de género que consolide la promoción de los planes y programas de género a lo largo de todas las instituciones del Estado.

Las aspiraciones de igualdad de género sin embargo no podrán concretarse si no se fortalecen los canales de comunicación y alianza con el movimiento social, especialmente con el movimiento de mujeres y feminista. De la misma manera, la territorialización de las acciones en las realidades locales y concretas donde las mujeres se agrupan y movilizan es de suma importancia.

Es de destacar los aportes vigentes de las agendas presentada por CNS Mujeres en los años 2009 y 2010 en la que se señalaban los principios éticos de: Justicia, Justicia de Género, Libertad, Empoderamiento Autonomía, Ciudadanía, Redistribución de la Riqueza, Igualdad, Reconocimiento, Participación Política; que se comparten y serán orientadores de esta Estrategia Nacional para la Igualdad de Género.

CNS Mujeres señalaba seis áreas temáticas de interés para el avance de las políticas públicas: Trabajo e inclusión socioeconómica, Violencia hacia las mujeres y de género, Participación y representación política, Sistema de bienestar y políticas de cuidado, Educación, Derechos sexuales y derechos reproductivos.

Por su parte, las organizaciones de mujeres rurales integradas al espacio de Diálogo —activas participantes en la elaboración de la presente estrategia— han identificado en su documento «Voces de Mujeres Rurales Organizadas: construyen una agenda nacional»3 seis áreas de acción que deberían abordarse de manera prioritaria para avanzar en el reconocimiento de sus derechos y contribuir a la mejora de su calidad de vida: ocio y tiempo libre, salud, trabajo, acceso a la tierra, participación, producción.

En el marco de la masiva y sin precedentes movilización por los derechos de las mujeres el 8 de marzo de 2017, la Intersocial Feminista —que agrupa a la central sindical y a un conjunto de organizaciones de mujeres y feministas— priorizaba las políticas públicas que garantizaran el acceso en todo el territorio nacional a servicios de calidad en salud sexual y reproductiva, para la atención integral a la violencia de género, superación de las brechas salariales en el trabajo, y participación paritaria en la toma de decisiones en todos los ámbitos, incluyendo la corresponsabilidad en los cuidados

La Estrategia Nacional para la Igualdad de Género, que se presenta, es el fruto del trabajo colectivo de un conjunto de funcionarios y funcionarias profesionales, de los distintos organismos nacionales y departamentales integrantes del Consejo Nacional de Género que conformaron el Grupo Asesor para la estrategia. Asimismo, se construyó con los insumos recogidos en las instancias de trabajo realizadas con organizaciones de mujeres y feministas, así como también representantes de la central sindical y de instituciones de los tres niveles de gobierno: nacional, departamental y municipal. Integran el Grupo Asesor de la Estrategia Nacional para la Igualdad representantes, especialmente designadas, de 17 organismos públicos, representante de la Cámaras Empresariales, PIT-CNT y organizaciones y redes de mujeres y feministas.

En un proceso de diez reuniones y dos ciclos de talleres, el Grupo Asesor analizó el marco conceptual para una estrategia de igualdad, los estudios de prospectiva de género de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y se propusieron las aspiraciones de igualdad al 2030, las directrices de políticas públicas y lineamientos estratégicos para alcanzarlas.

Paralelamente se desarrollaron instancias para recoger insumos específicos con los directores departamentales del Ministerio de Desarrollo Social —en su calidad de coordinadores de las Mesas Departamentales Interinstitucionales de Políticas Sociales— y con las integrantes de la Comisión Interdepartamental de Género del Congreso de Intendentes.

Se realizaron también tres jornadas con organizaciones y redes de mujeres y feministas y un encuentro con organizaciones de mujeres rurales.

Las diversas instancias aportaron insumos específicos, preocupaciones, reflexiones y análisis críticos que enriquecieron la elaboración de la estrategia y favorecerán su concreción como hoja de ruta para el diseño e implementación de la política pública a nivel nacional.

Sin lugar a dudas que la construcción de la igualdad de género implica profundos cambios culturales e institucionales, que afectan a las esferas estructurantes de la economía, la política y el desarrollo y también a las esferas de la vida cotidiana donde se producen y reproducen el sistema de creencias, pautas y valores que determinan las relaciones sociales.

El impulso a la igualdad se orienta hacia un horizonte siempre inalcanzable, donde la sociedad organizada tiene un papel central a desarrollar. El Estado, en su entramado institucional, requiere del ímpetu y el empuje de estas organizaciones sociales, asegurando su capacidad de escucha y avanzando en los procesos de trasparencia para responder a las demandas populares, siempre que se sustentan en principios de igualdad, justicia y solidaridad recíproca a nivel político, económico, cultural y social.

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