Variables Macroeconómicas
El contexto internacional que enfrentará la economía uruguaya en los próximos años está pautado por la incertidumbre. Las tensiones geopolíticas –con epicentros en Europa del Este y Medio Oriente– el retorno de restricciones arancelarias y los cambios en las cadenas logísticas globales generan un entorno complejo. Estas condiciones, tanto geopolíticas como económicas, afectan las perspectivas de crecimiento global y los flujos de comercio e inversión internacional.
En este contexto, las proyecciones para Uruguay en 2025 anticipan un crecimiento del PIB real de 2,6%, sustentado en la expansión del gasto de consumo final de los hogares (2,1%), en un incremento de la inversión (3,3%) y en un aumento de las exportaciones (2,7%). En paralelo, las importaciones de bienes y servicios registrarían una expansión de 4,2%.
Para 2026 se estima una expansión del producto en el entorno de 2,2%, con un crecimiento que estará traccionado por el consumo privado, como consecuencia de la recuperación real de los salarios, y en menor medida por la ejecución de proyectos que ya están en marcha o en fase de planificación avanzada.
El promedio de crecimiento esperado para el período 2025–2029 se sitúa en torno al 2,4% anual, apuntalado por la demanda interna y la externa.
El objetivo de la política económica es consolidar un aumento de la tasa de inversión en relación con el PIB y reforzar la posición de Uruguay como un destino atractivo y confiable para la atracción de capitales. En esta línea, el gobierno está desarrollando diversas iniciativas orientadas a fomentar la inversión y mejorar el clima de inversiones. No obstante, adoptando un enfoque prudente, las proyecciones que sustentan la presente Ley de Presupuesto, consideran efectos reducidos para estas iniciativas. De esta forma, se reconoce que los eventuales efectos positivos de dichas medidas podrían constituir impactos adicionales sobre la actividad.
Por el lado del consumo, los lineamientos salariales presentados para el bienio 2025–2026 contemplan incrementos del salario real compatibles con el marco inflacionario y de actividad previsto, habilitando la creación de empleo. Las pautas apuntan al aseguramiento del poder de compra del salario, con un particular énfasis en la mejora de los salarios más sumergidos. De esta manera, las proyecciones para el período implican una evolución de la masa salarial alineada al crecimiento de la economía.
En materia de precios, se espera que la inflación continúe alineada a la meta de 4,5% anual durante todo el período. Por su parte, en la medida en que la inflación continúe evolucionando conforme a lo esperado, se observe una convergencia plena de las expectativas de los agentes a la meta y no medien shocks externos adversos, el Comité de Coordinación Macroeconómica (CCM) evaluará la posibilidad de fijar un objetivo de inflación menor en el período.
En cuanto al tipo de cambio, se prevé una evolución consistente con la teoría de la paridad de precios relativa; es decir, una dinámica de la inflación medida en dólares alineada con la inflación de Estados Unidos, en concordancia con lo planteado por la teoría y respaldado por la evidencia empírica local.