Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Las desigualdades de género en el sector agropecuario se asientan en nudos estructurales cuya revisión requiere de esfuerzos sostenidos y análisis de mediano plazo. En 2021, la institucionalidad agropecuaria realizó un importante trabajo de sistematización de antecedentes, procesamiento de registros administrativos y relevamientos cualitativos para generar un diagnóstico profundo de la realidad agraria nacional desde la perspectiva de género. Ese diagnóstico (Florit, 2021), que enmarca la Política de Género del Agro, da cuenta de los núcleos de desigualdad en el sector, y las expresiones específicas que toma en diferentes dimensiones de la vida productiva y social del medio rural. 

En esta sección se presenta una versión resumida y actualizada de ese diagnóstico, incorporando los impactos de la política precedente y agregando una dimensión específica en relación al ambiente y la naturaleza. De esta manera las próximas páginas presentan el contexto de las Uruguay agropecuario y la situación en materia de género en los sistemas agroalimentarios, la gestión del conocimiento, la relación con el ambiente y la naturaleza, la participación y los patrones culturales y la institucionalidad agropecuaria. 

4.1. Perspectiva conceptual

El diagnóstico que enmarca esta política parte conceptualmente de la perspectiva de género. Este enfoque teórico tiene una vasta producción tanto conceptual como empírica y se orienta de desnaturalizar formas de desigualdad que existen entre las personas y construir herramientas para su revisión (García Prince, 2010) 

Desde esta perspectiva existen construcciones sociales que se atribuyen al sexo de nacimiento, e inclusive antes de él, y que determinan y condicionan la forma como cada persona desarrolla sus trayectorias vitales. Se trata de un conjunto de estereotipos e imaginarios sociales sobre qué es esperable de las personas según su sexo, que se reproducen mediante procesos de socialización con marcas de género y durante el transcurso de la vida se traducen en diferencias de oportunidades, roles, estímulos y sanciones (Deere y León, 2001; Aguirre, 2008). El resultado final, constatado a nivel global, son desigualdades persistentes de acceso a recursos y reconocimiento entre personas en base a esos estereotipos de género (Aguirre, 2008; Batthyány y Genta, 2016; Florit, 2021 y 2022). 

Al sistema político, económico y simbólico que sostiene la reproducción de estas desigualdades se le ha dado en llamado patriarcado en el marco de este enfoque teórico. (Mies, 2018)

En términos económicos supone el proceso de división sexual del trabajo que distingue todo el trabajo socialmente necesario entre trabajo para el mercado y trabajo que no es para el mercado y que no se reconoce como tal. Esta división feminizó y quitó reconocimiento y valor económico a las tareas de reproducción de la vida, y con el ingreso de las mujeres al mercado laboral, reprodujo sesgos de roles y remuneraciones. La división sexual del trabajo atribuye a las mujeres determinados roles y a los varones otros, y toma en cada sistema de producción y reproducción características específicas. (Hirata, 1997) Si a nivel de las mujeres esta división supone un menor acceso a recursos económicos y autonomía, a nivel de los varones la división sexual del trabajo aparece como un mandato de actuar como proveedores y un desprestigio social y afectación personal cuando no se cumple con ello. (UNFPA – Inmujeres, 2016).

Por su parte, en términos políticos el patriarcado implica sistemas de distribución del poder concebidos con sesgos de género, con una predominancia de varones en las jerarquías políticas e institucionales, y en los espacios de decisión, así como la asociación del liderazgo con las características de lo que se identifica hegemónicamente como masculino (UNFPA – Inmujeres, 2016; MMPGyDS, 2022). El mandato simbólico exige además a los varones detentar el liderazgo, demanda una masculinidad de la dominación y el poderío, que frecuentemente lleva a asumir situaciones de mayor riesgo físico y violencia. (MMPGyDS, 2022)     

En el plano simbólico el patriarcado implica que las concepciones y visiones asociadas a los roles atribuidos a las mujeres tienen menor valor social e inclusive son invisibilizadas en los imaginarios sobre la historia, la producción, etc. (Hirata, 1997) Un aspecto clave de estas dimensiones feminizadas y desvalorizadas en el plano social, es justamente el valor de la reproducción de la vida y el cuidado de esta en contextos de codependencia. (Batthyánny y Alemany, 2022; Trpin, 2024) 

Como sistema, el patriarcado supone entonces un conjunto de pautas sobre un “sujeto ideal” masculino (varón, blanco, heterosexual, adulto, con acceso a recursos), y los mecanismos de reproducción y dominación de ese sujeto frente a las mujeres, pero también frente a otros varones que no responden a estar características, niños/as,  jóvenes y ancianos/as, y frente a la naturaleza. Se trata entonces de las formas económicas, políticas y simbólicas que toma el sistema, y no de personas concretas en contextos concretos (Mies, 2018).

En términos de análisis y para diseño de políticas públicas, resulta central además indicar que estos patrones de género no son únicamente perjudiciales para las mujeres ni para todas por igual, sino que es necesario realizar estudios interseccionales que develen cómo opera el género en diferentes condiciones territoriales, étnico – raciales, de migración, generacionales, de orientación sexual y de discapacidad, entre otros elementos que construyen jerarquizaciones sociales y discriminaciones en este marco. 

Como se trata de trata de construcciones sociales históricas se encuentran fuertemente arraigadas en la cultura de la sociedad, pero, al mismo tiempo, como toda construcción humana, es posible desnaturalizarlas y revisarlas. (CNG, 2018)

Desde esta mirada, la Política de Género Agro se rige por el principio de igualdad que implica reconocer los mismos derechos y oportunidades a todas las personas, y actúa desde una estrategia de equidad, asumiendo la necesidad de realizar acciones diferenciales para acceder a esa igualdad sustantiva, dadas las condiciones disímiles de partida (CEPAL - ONU Mujeres, 2025). 

Frente a ello, esta política se enmarca en la perspectiva de transversalidad de género que asume que el Estado constituye un actor clave en la reproducción o reversión de las desigualdades y de los elementos patriarcales antes reseñados. Desde este rol clave, se entiende que es posible revisar los principios orientadores de los estados, las instituciones públicas y las políticas, colocando la equidad como lineamiento central en el quehacer estatal. De esta manera el enfoque de transversalidad de género propone incluir este análisis en todas las políticas institucionales, y a lo largo de todas las fases de la misma (García Prince, 2010). La orientación central de esta perspectiva es que es necesario construir un quehacer público que reconozca las injusticias basadas en género propias y del medio en que se desarrolla, y activamente las transforme. Desde la transversalidad de género el desarrollo de políticas afirmativas, focalizadas en poblaciones específicas, es sólo una herramienta de una batería más amplia de acciones que buscan incorporar esta mirada en la corriente principal de la política pública, en este caso, en el modelo de desarrollo agropecuario. Por esta razón, la Política de Género Agro identifica a las instituciones agropecuarias y sus políticas como el área de intervención. 

Finalmente, cabe señalar que la evidencia nacional e internacional ha puesto de manifiesto que la introducción de la perspectiva de género, en instituciones, empresas, organizaciones sociales y políticas públicas, genera mejores condiciones de bienestar para el conjunto de la sociedad (Batthyány y Genta, 2016; Florit, Acosta y Sarli, 2025) 

4.2. Contexto: Uruguay y su sector agropecuario

El sistema agroalimentario de Uruguay constituye un pilar de la economía nacional y un importante componente simbólico de la identidad país. El sector representó el 8% del PBI para el año 2023 y se eleva a 14% a 16% si se considera la agroindustria (Uruguay XXI, 2024), es además el principal componente de las exportaciones nacionales. 

El país constituye un abastecedor mundial de productos agropecuarios y de la pesca, y su prestigio le ha permitido el ingreso a más de 160 países, incluyendo mercados de alta exigencia (Uruguay XXI, 2024; Gorga y Piegas, 2024). Así mismo, constituye un sector de importancia estratégica para la alimentación y el mercado interno (DIEA, 2024). Las diferencias territoriales y ecológicas existentes constituyen un potencial de Uruguay y sus 16 millones de hectáreas productivas.

Entre los desafíos que enfrenta el sector se encuentran: (i) la desigual distribución de la tierra; (ii) las relaciones entre eslabones de las cadenas; (iii) la diversificación de mercados internacionales; (iv) la escala y pautas de consumo del mercado interno; (v) las asimetrías en la productividad dentro del sector y rubros; (vi) la presión de los recursos naturales y la pérdida de biodiversidad; (vii) el cambio y la vulnerabilidad climática, en especial el acceso al agua; (viii) nuevos retos asociados a la inocuidad y la sanidad; (ix) las condiciones del empleo; (x) las condiciones de producción y reproducción de la agricultura familiar; (xi) las relaciones entre la producción y la vida en los territorios rurales; (xii) las tendencias migratorias y desigualdades que afectan al sector en términos de género y generaciones (Aguirre y Laguna, 2023; OPYPA, 2024; Durán, 2024; Florit et al, 2024; FAO, 2025). Los estudios orientados al análisis de los sistemas agroalimentarios y especialmente aquellos que consideran los desafíos globales -y también nacionales- en materia de alimentación y nutrición, hacen énfasis en la introducción de mejoras en las formas de producción, comercialización, consumo y articulación, que permitan avances en la alimentación, la salud y la economía (Acosta, 2025; FAO, 2025).

Por su parte, los cambios en la estructura productiva y el empleo, evidencian procesos de concentración, contracción de los puestos de trabajo, incorporación creciente de tecnología, impactos de la automatización en los puestos de trabajo y demanda creciente de formación -especialmente digital- (Ackerman y Cortelezzi, 2017; Aguirre y Laguna, 2023; ONU, 2025). 

Todos estos son marcos contextuales en los cuales es necesario considerar el mundo del trabajo agropecuario, la generación de riqueza y producción en el sector y las brechas y potenciales oportunidades en materia de género. En ese sentido, los estudios sobre género y trabajo agropecuario a nivel internacional señalan los riesgos de una inserción precaria de las mujeres en las cadenas globales de valor (Lara Flores, 1995 y 2001; Linardelli, 2024; Di Bona, 2025), así como el perfil de género en Uruguay señala la concentración de las mujeres en ramas de menor productividad y la necesidad de atender a estos cambios en las políticas de desarrollo productivo (ONU, 2025).   

Las políticas públicas pueden generar condiciones habilitantes para que se desarrollen trayectorias productivas que aborden estos desafíos de manera sostenible y con equidad. Se identifica para ello un rol importante de las instituciones públicas agropecuarias y la articulación interinstitucional, los diálogos con la sociedad civil y el sector productivo, la investigación y la gestión del conocimiento y la tecnología (OPYPA, 2024; FAO, 2025). 

Directamente vinculada a los sistemas agroalimentarios, es necesario atender a la ruralidad como territorio y espacio de vida de las poblaciones. En Uruguay se trata de una extensa superficie territorial con una muy baja densidad poblacional y con un menor entramado de instituciones y servicios (Riella y Mascheroni, 2021). Una mirada a las desigualdades de género en el agro y la pesca, requiere entonces un acercamiento tanto al mundo agropecuario como sector productivo como a estos territorios como espacios de participación y vida de quienes allí habitan. 

4.3. Brechas de género en los sistemas agroalimentarios

La autonomía económica en el medio rural tiene una estrecha relación con las posibilidades de ejercer roles en los sistemas agroalimentarios. En ese marco, el acceso y formas de participación en las relaciones laborales, en la producción directa y en la propiedad y gestión de las empresas de producción primaria, comercialización y agroindustria es central para pensar el acceso a recursos y el trabajo en el agro. Las desigualdades de género que operan en esta órbita son determinantes de las condiciones de vida de mujeres y varones en este medio, y por lo tanto de sus posibilidades y oportunidades para elegir vivir en y de él. La autonomía económica constituye además una dimensión central para el ejercicio de otros derechos (Florit, 2024). El estudio de las condiciones de género en el trabajo rural y los sistemas agroalimentarios ofrecen un primer núcleo de desafíos claves, sintéticamente reseñado a continuación: 

• Según el Censo de Población y Vivienda (INE, 2023), 142.753 personas viven en el medio rural disperso, de ellas el 45,9% son mujeres, un total de 65.524 mujeres de la ruralidad dispersa. Si se consideran también las mujeres de localidad hasta 5.000 habitantes se trata de 294.235 mujeres[1] (ECH, 2024). 

• El índice de masculinidad en la ruralidad, se incrementa a partir de la juventud, evidenciando sesgos migratorios vinculados a trayectorias de pasaje a la vida adulta (INJU, 2020). 

• En relación a la tierra, los datos preliminares del CGA (DIEA, 2025) ubica en 26% las explotaciones con mujeres como referentes, un incremento significativo frente 19,7% del CGA 2011, pero aún insuficiente. Por su parte, la tierra del INC vinculada a unidades de producción familiar, presenta una titularidad de mujeres del 27% de las unidades en propiedad y 39% de las unidades en arrendamiento a 2024 (INC, 2024). 

• A pesar de los desafíos de medición[2], los registros administrativos de la institucionalidad agropecuaria evidencian una brecha de género persistente en la titularidad de los recursos productivos y las empresas (Florit, 2021)[3]. Este escenario del agro, es consistente con los estudios a nivel nacional que señalan que las mujeres acceden en menor medida al crédito, a los recursos para producir y a la titularidad de empresas, destacando además una subrepresentación de las mujeres en las empresas de mayor tamaño, de más larga data, en ramas de alta productividad y en sociedades de capital (ANDE, 2024; BID, 2024; ONU, 2025).

• Los antecedentes nacionales han señalado que existe una menor participación en la toma de decisiones por parte de las mujeres, y que esa menor participación es consecuencia de estereotipos de género y roles asignados. Adicionalmente, las mujeres cuando acceden a la dirección de los procesos productivos son más inclusivas en la toma de decisiones. (Florit et al, 2013; Bernheim, 2018; Florit, 2022; Polcaro, 2022).

• Adicionalmente, los análisis señalan que una menor participación en la titularidad y en la toma de decisiones, se acompañan de un menor acceso a las utilidades de las empresas, el ingreso generado por el trabajo en la producción y el manejo de los recursos económicos (Florit, 2022). Incide en este escaso reconocimiento del trabajo agropecuario de las mujeres, el imaginario social de un trabajo de “ayuda” a “el productor”, que es reforzado por las políticas estatales de titularidad única, la figura de “cónyuge colaborador/a” de BPS y los mensajes institucionales que visualizan al varón como único interlocutor (González y Deus, 2010; PNUD, 2014; Santos, 2016; Florit, 2022; Gallo, 2023). 

• El acceso a mercados, tanto de la pequeña producción como en el sector empresarial de mayor porte y exportador emerge como un desafío particular para las mujeres, como una expresión específica de las desigualdades de género que ha sido documentada dentro y fuera del país (Champion, 2015; OMC, 2017; CEMM, 2025). 

• En estrecha relación con lo anterior, el conocimiento nacional muestra la persistencia de una división de tareas basada en estereotipos de género que concentra en las mujeres aquellos roles agropecuarios más cercanos a la vivienda, con posibilidad de hacer interrupciones para introducir trabajo doméstico, repetitivos y de menor reconocimiento público, generando un continuum de trabajo productivo - reproductivo (Batthyány, 2013; Grabino, 2016; Florit, 2022; INALE, 2023). Por su parte, en los varones se concentran las tareas vinculadas al manejo de recursos, decisiones centrales de la estructura productiva y contacto con agentes comerciales, intermediarios y agentes estatales, así como aquellas actividades que suponen control de los vehículos (Florit et al., 2018; Florit, 2021; INALE, 2023). 

• En el medio rural existe además una importante brecha, superior a la nacional, en las tasas de actividad. Gallo (2024) identifica que mientras el 49,2% de las mujeres del medio rural y zonas hasta 5000 habitantes eran activas, este guarismo se ubicaba 69,2% en varones (en base a ECH, 2022). Esto se vincula estrechamente por los sesgos de género en el acceso al trabajo agropecuario donde las mujeres ocupan únicamente el 19,2% de los puestos de la fase primaria y el 35,5% de la agroindustria (DIEA, 2023), por debajo del promedio nacional (48%). 

Cuadro 4.1. Proporción de mujeres entre personas ocupadas por subsector

Fuente: OPYPA – DIEA (2023), en base a ECH 2022

• Debe señalarse además que, en los puestos de trabajo, las categorías de ocupación son diferentes entre varones y mujeres, existiendo una mayor representación de las mujeres en las categorías de integrante del hogar sin remuneración (13,6% de ellas, frente a 4% de ellos) y menor presencia entre asalariados/as (49,3% frente a 58,2%) (Gallo, 2024[5]). 

• La proporción de mujeres entre los/as asalariados/as del agro ha crecido, pero las mujeres se concentran en los trabajos transitorios y en condiciones de vulnerabilidad laboral (Ramírez, 2024).

• Las mujeres acceden a empleo de menor calificación y jerarquía, y consecuentemente a menores ingresos, a pesar de tener mayor nivel educativo promedio (Mascheroni y Riella, 2016; Cardeillac et al., 2020; Maubrigades, 2020). Existe segregación vertical y horizontal en los puestos de trabajo tanto calificados como no calificados, y diferentes formas de violencia hacia las mujeres (Mascheroni, Florit y Courdin, 2024). 

• Los estudios sobre Uruguay señalan que la precarización se vincula con estereotipos de género y dificultades para la conciliación del trabajo de cuidados y el asalariado, en un contexto de alta desigualdad en la carga de trabajo reproductivo y la construcción de un imaginario masculino de “trabajador ideal” (Florit, 2021; Mascheroni et al 2022). Esta situación se complejiza en un sector agropecuario con dificultades para incorporar cláusulas de equidad en la negociación colectiva (Montano, 2022). 

• Imaginarios sociales sobre la masculinidad y la femineidad permean la distribución de tareas tanto en la producción directa familiar, como en las relaciones de empleo por contratación. A pesar de identificarse cambios en algunas dimensiones (MGAP, INIA y FCS, 2025), la asociación del varón con la fuerza, la tecnología, la experiencia y el mundo público, y de las mujeres con lo doméstico, la sensibilidad y el cuidado, continúan estructurando roles y posibilidades en el medio rural, la pesca y las cadenas agropecuarias. 

• Resulta central señalar que si bien existen patrones generales en relación a la división sexual del trabajo, la menos autonomía económica y las limitantes de acceso a recursos en el agro, la pesca, la comercialización y la agroindustria, es necesario profundizar en cada rubro y subsector, ya que las expresiones de esta desigualdad son disímiles, y miradas más profunda cadena a cadena permitirían comprender las necesidades específicas y posibilidades de modificación. 

• Cabe, además, desde un enfoque de sistemas agroalimentarios, señalar la existencia de dimensiones vinculadas a la nutrición y el acceso a dietas inocuas y saludables que también tienen impactos diferenciales de género. En un marco de encarecimiento del acceso a dietas saludables y concentración de la pobreza en niños/as y mujeres, especialmente en hogares monomarentales, existen desafíos específicos en materia de género, seguridad y soberanía alimentaria (Acosta, 2025; FAO, 2025; FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF, 2025). El país ha diagnosticado además que en hogares rurales y poblaciones de hasta 5000 habitantes con niños/as de 0 a 4 años, es mayor la percepción de inseguridad alimentaria que en el medio urbano, y que existe un 55% de estos hogares que sufren inseguridad alimentaria leve (28,4%), moderada (17,9%) o severa (8,9%) (MIDES, 2025). 

• Las limitaciones de acceso a ingresos de trabajo asalariado y recursos productivos jaquean la autonomía económica de las mujeres. Suponen por lo tanto una mayor vulnerabilidad de las mujeres a situaciones de crisis social, económica y ambiental, así como exposición a la violencia basada en género. Se ha reseñado que frente al no acceso a recursos propios se limitan las opciones de las mujeres de diferentes edades de permanecer en el medio rural y de hacer opciones en términos de sus trayectorias educativas, de desarrollo personal y sexo – afectivas (Florit, 2022). 

• La contracara de este proceso lo constituyen las experiencias nacionales e internacionales que evidencian que la equidad de género en el acceso a los recursos productivos, las empresas y el trabajo no sólo constituye una necesidad ética, sino que tiene impactos positivos en la productividad y los procesos internos de las empresas (FAO, 2011; ONU, 2019; Bernheim, 2018; Balestero et al., 2021; Dogliotti et al, 2023). 

• A nivel de políticas públicas en el sector agropecuario se cuenta con una década de políticas afirmativas de apoyo a la producción de diferentes características. La evaluación de estas políticas ha evidenciado la importancia que tienen tanto en procesos de iniciación productiva como en el fortalecimiento de trayectorias productivas autónomas. Adicionalmente, las experiencias de transversalización de políticas públicas agropecuarias (de ATER, producción y tierra), han evidenciado en todos los casos impactos en el acceso de las mujeres, poniendo de manifiesto que cuando se incorpora la perspectiva de género existe un interés de las mujeres para el acceso a recursos agropecuarios (Florit y Sganga, 2018; Castelar y Florit, 2019; Florit, Sarli y Scavarelli, 2023; Florit, Acosta y Sarli, 2025; MGAP/INIA/FCS, 2025). 

• El proceso de transversalización de políticas agropecuarias, las normativas específicas[6] y la generación de políticas afirmativas de apoyo a la producción, han generado impactos en el acceso de las mujeres a los recursos estatales, en la concepción de sí mismas como sujetas de políticas públicas del sector y en el empoderamiento en los procesos productivos (Florit, Acosta y Sarli, 2025). Con una perspectiva de mediano plazo, los avances han sido sustantivos en el proceso de institucionalización en las últimas décadas (Castelar y Florit, 2019). No obstante, los nudos estructurales antes reseñados evidencian que aún resta un profundo y sostenido trabajo en el diseño de planes, políticas y planificaciones estratégicas, así como en los patrones productivos, comerciales y de empleo.

Fuente: Elaboración propia en base a consultas ciudadanas y al funcionariado, años 2020 - 2021 y 2025.

Fuente: Elaboración propia en base a consultas ciudadanas y al funcionariado, años 2020 - 2021 y 2025.

4.4. Gestión del conocimiento y brechas de género 

En el agro, es clave disponer de información confiable para la toma de decisiones y desarrollos tecnológicos adecuados a la realidad nacional y local, capaces de mejorar la producción (INIA, 2025). Al mismo tiempo, la investigación agropecuaria sólo si es utilizada y adquirida puede generar impactos en el sector. Por lo tanto, los sistemas de gestión del conocimiento a nivel agropecuario combinan la investigación con dispositivos de acceso a los nuevos conocimientos, tanto en formato de capacitación como de difusión y extensión rural. Se trata por lo tanto de sistemas complejos de los que son parte los centros de investigación agropecuaria públicos y privados, las estrategias de identificación de demanda y agenda de investigación, los procesos de formación académica y universitaria de quienes investigan, los sistemas de estímulos y financiamiento nacionales e internacionales, los ámbitos y productos de difusión de conocimiento, las diferentes formas de capacitación de quienes integran y/o trabajan en las unidades productivas y los dispositivos públicos y privados de asistencia técnica y extensión rural. Un acceso equitativo al conocimiento implica un análisis que contemple desde qué temas e investigaciones se estimulan y quiénes tienen las condiciones para generarlas, hasta quiénes acceden a los beneficios de ese conocimiento y cómo se diseñan las políticas de extensión rural y capacitación. 

No obstante, existen brechas de género que operan en la gestión de conocimiento del agro en el país, a saber: 

• La posición desigual de las mujeres en los predios y los propios procesos de socialización diferencial implican que existan necesidades de conocimiento, tecnología e investigación disímiles. Sin embargo, en Uruguay no existe una agenda de demandas de investigación de las mujeres sistematizada, ni por los centros de investigación agropecuaria ni por las organizaciones rurales (Florit, 2025a) [7]. 

• Por su parte, las evaluaciones del impacto positivo y retorno de la investigación investigación e innovación en el sector agropecuario no incluye un análisis de género que permita conocer cómo los beneficios de la investigación llegan a la heterogeneidad del sector agrario (INIA, 2025). 

• Así mismo existen dificultades para la inclusión de la perspectiva de género en los procesos de investigación[8], más allá de la agenda en sí (PROCISUR, 2024), Quienes investigan no cuentan en general no cuentan con las herramientas técnicas para esta transversalización. Además, el país carece de líneas institucionales permanentes en materia de investigación agropecuaria con perspectiva de género (Florit, 2025). 

• Adicionalmente, el país no cuenta con un análisis de género de las cadenas de valor agropecuarias a efectos de considerar los acentos en materia de investigación, inversión, re diseño y políticas de desarrollo y comercio con perspectiva de género[9]. 

• Por su parte, de los 81 registros administrativos de la institucionalidad agropecuaria identificados en 2024, sólo 18 incluían la variable sexo y permitían el análisis de género. Por su parte, el Censo General Agropecuario y nuevas estadísticas del sector han incorporado dimensiones para este análisis (MGAP, INIA, FCS, 2025), y al interior del MGAP se creó una resolución específica que mandata a esta inclusión (Res. 721/024). 

• A nivel de trayectorias de investigación, si bien existe una leve feminización (52% en SIN), las mujeres investigadoras del agro representan únicamente el 25% de quienes están categorizados en el nivel superior del Sistema Nacional de Investigadores del sector (ANII, 2025). Al interior de INIA en tanto, las mujeres han alcanzado el 44% de los roles de líderes de proyecto en el Plan Estratégico Institucional 2021 – 2025 (marcadamente superior al 28% del PEI 2011 – 2014), pero capturan únicamente el 28% de los fondos como en el PEI previo (INIA, 2024). 

• Persisten a su vez sesgos en los procesos de formación agraria base potenciales extensionistas, asesores/as e investigadores/as. Sólo el 32% de quienes egresan de Facultad de Agronomía son mujeres, y en Facultad de Veterinaria que existe una feminización de la matrícula, la misma se invierte en las opciones vinculadas a grandes animales y el sector agropecuario (UdelaR, 2023; Berdeguié, 2018). Por su parte las mujeres que efectivamente se profesionalizan en el agro cuentan con mayor desarrollo de posgrados y formación, pero esto no se refleja en el mercado laboral (UdelaR, 2023; ANII, 2025). 

• Las consultas ciudadanas y al funcionariado identifican diferentes factores que desestimulan u obturan las trayectorias científicas de las mujeres en el agro: la masculinización, estereotipos de género, tratamientos desiguales entre colegas, diferentes formas de violencia basada en género entre otras, en definitiva: “techos de cristal y pisos pegajosos” (ONU Mujeres, 2024). Por su parte, el estudio sobre trayectorias de las mujeres en las carreras científico-tecnológicas en Uruguay indican como factores que afectan sus trayectorias las mayores cargas de cuidado, la menor participación en cargos jerárquicos y de decisión vinculados a su formación y el acoso en los ámbitos laborales y educativos (MIMCIT, 2020).

• En el ámbito de la asistencia técnica y extensión rural, persisten sesgos significativos que limitan el pleno ejercicio profesional de las mujeres en el sector agropecuario. Estos se manifiestan tanto en las posibilidades de cumplimiento del rol de extensionistas como en la valoración profesional, vinculados a la sobrecarga de tareas de cuidado y a un menor reconocimiento por parte de quienes reciben el asesoramiento. A modo de ejemplo, las agrónomas representan únicamente el 13% de quienes figuran en los planes de manejo de suelos ante la Dirección General de Recursos Naturales (DGRN, 2025).

• En materia de transferencia de tecnologías, en referencias especializadas se documenta la existencia de brechas de género en el acceso al asesoramiento técnico, así como patrones diferenciados tanto en extensionistas como en grupos y familias productoras. Estas dinámicas reducen significativamente la incidencia de las mujeres en la toma de decisiones y en el acceso al conocimiento específico (Florit et al., 2013; Bernheim, 2018; Florit, 2021; Florit, 2022). 

• No obstante, la evidencia empírica demuestra que los servicios de asesoramiento diseñados transversalmente con perspectiva de género logran un mayor involucramiento de las mujeres y generan efectos positivos en los sistemas productivos (Bernheim, 2018; Dogliotti, et al., 2023). En este contexto, resulta particularmente preocupante la retracción de la ATER provista por el MGAP durante el último quinquenio, especialmente la ausencia de componentes organizacionales y sociales. Esta reducción implica una afectación general del sistema, pero impacta de manera especialmente crítica a las mujeres, dado que el apoyo integral desde una perspectiva holística constituye una demanda recurrente en este segmento poblacional.

• Respecto al acceso a la formación agropecuaria, el último quinquenio ha evidenciado un incremento muy significativo en la participación de las mujeres, tanto a través de iniciativas presenciales y virtuales focalizadas en mujeres, como la ampliación de la oferta y difusión en medios feminizados de los restantes cursos virtuales. Durante el período 2021-2025, se registraron 2.700 participaciones en cursos exclusivamente dirigidos a mujeres, y representaron el 52% de las personas beneficiarias en los 32 programas de las plataformas de educación virtual del sector durante 2024[10]  (INASE, INAC, MGAP, IPA).

• Sin embargo, la contracara de este avance revela limitaciones importantes tanto en la transversalización como en el acceso a instancias presenciales y cursos de mayor duración. De los 32 cursos virtuales ofrecidos en las plataformas de la institucionalidad, únicamente cuatro incluyen esta perspectiva. Mientras, en las actividades generales de formación y extensión presenciales de 2024 de IPA las mujeres constituyen el 35% de las 8.741 personas asistentes, pero, por ejemplo, en los 12 cursos presenciales del convenio IPA – MARFRIG -los de mayor cobertura en 2024-   sólo el 18% fueron mujeres[11].

• Las experiencias de formación virtuales exclusivas para mujeres desarrolladas por el Instituto Plan Agropecuario evidencian particularidades en los procesos de aprendizaje. Se constata que las mujeres tienden a abordar los temas de manera más holística, considerando la producción dentro de sistemas integrales que incluyen la relación con el medio ambiente, el entorno y la calidad de vida. Las dinámicas centradas en rescatar saberes y experiencias tradicionalmente invisibilizadas generan un impacto significativo tanto en la apropiación del conocimiento, las posibilidades de aplicación, así como en el fortalecimiento del autoconcepto de las participantes (Perugorría, 2024). 

• La alta valoración registrada respecto a las iniciativas focalizadas y la demanda persistente de capacitación especializada señalan la necesidad de mantener acciones específicamente dirigidas a mujeres que garanticen la perdurabilidad del impacto logrado. Paralelamente, se requiere avanzar en la incorporación del enfoque de género en los programas generales y propiciar el acceso equitativo a modalidades presenciales y cursos de mayor profundización.

Fuente: Elaboración propia en base a consultas ciudadanas y al funcionariado, años 2020 - 2021 y 2025.

4.5. Género, ambiente y naturaleza 

La producción agropecuaria depende fuertemente de la naturaleza que la sustenta a través del uso del suelo, el agua, los servicios ecosistémicos y el territorio como lugar de producción, pero también de residencia y de identidad cultural. El modo en que el sector agropecuario produce, impacta en el territorio condicionando no sólo los resultados productivos sino el estado y conservación del ambiente, las condiciones de vida y las oportunidades presentes y futuras para la población rural, afectando diferencialmente a las mujeres. 

Las condiciones de vida de las mujeres en el medio rural y el agro están estrechamente entrelazadas con la situación del ambiente y la naturaleza. Este vínculo se relaciona con los procesos antedichos de división sexual del trabajo y acceso desigual a recursos, que generan mayor vulnerabilidad ambiental y climática, y como contracara una activa agenda de las mujeres en torno a la naturaleza, los modelos productivos, la relación con el ambiente y el cuidado de la vida (Batthyánny y Alemany, 2022; Trpin, 2024). El hecho de que la agenda ambiental sea en sí misma una agenda que es colocada por las organizaciones y colectivos de mujeres rurales, lleva a entender que en esta dimensión es central tanto la identificación y reducción de brechas de género, como la identificación de desafíos y oportunidades para la agenda ambiental de las mujeres. 

Los antecedentes nacionales y consultas ciudadanas señalan que: 

• Frente a eventos climáticos extremos el menor acceso a recursos y las responsabilidades de cuidados afectan especialmente a las mujeres. Estos eventos impactan sobre la producción y las tareas reproductivas y domésticas, recargando a las mujeres con una mayor carga global de trabajo y a nivel emocional (estrés climático) (ONU, 2019). Además, la evidencia señala que en estos contextos se incrementa la violencia hacia las mujeres (ONU Mujeres, 2025).   

• Las consecuencias producidas por el cambio y variabilidad climática tienen un impacto diferenciado en las personas debido a las relaciones de género (ONU, 2025). En este sentido, en el marco de los Diálogos regionales del Plan de Acción de género y cambio climático (MA - SNRCC, 2024), las consultas ciudadanas en territorio dan cuenta que las mujeres identifican como factores que favorecen su exposición a situaciones de mayor vulnerabilidad: el aumento del trabajo no remunerado, la afectación de la salud mental y física, la pérdida económica y el aumento de la violencia basada en género. Esta afectación se intersecta con otras dimensiones de discriminación y segregación, generando mayor vulnerabilidad y riesgo ambiental también a disidencias, migrantes, personas en situación de discapacidad, vejeces e infancias (MA - SNRCC, 2024). 

• El análisis de los impactos del cambio climático sobre la salud de quienes trabajan, jerarquiza al agro como un sector de alta afectación para todas las dimensiones estudiadas (Álvarez, 2025). De modo que en esta población se combinan los efectos del tipo de trabajo y la mayor vulnerabilidad de género. A pesar de ello, un estudio sobre percepciones en relación al cambio climático y sus afectaciones realizado con referentes e informantes calificados/as, señala que en el sector agropecuario no se perciben los impactos diferenciales sobre mujeres y varones, lo cual es un obstáculo para la precisión de las políticas en la materia (PNUD, 2021). 

• Existe un proceso de mayor visualización e integración de las mujeres rurales a espacios de consulta y participación en temas climáticos y ambientales. En el proceso de preparación de insumos del sector agropecuario para la NDC3, participaron 41% de mujeres y 59% de varones[12] (OPYPA, 2024). A nivel nacional existe un esfuerzo por incorporar la mirada de género en sintonía con los marcos de la Convención de Cambio Climático, en ese camino Uruguay ha sido reconocido por su protagonismo en el Plan de Acción de Género[13] de la convención y dentro del sector agropecuario se ha integrado a la NDC3 una medida transversal que incorpora las dimensiones del cambio climático a la política de género del agro y ha incrementado las medidas responsivas en la NDC2.  

• Sin embargo, cabe señalar que nudos relevantes de su perspectiva y prioridades tienen limitaciones para ser integrados en el diseño efectivo de las estrategias ambientales y agropecuarias. Elementos centrales de su agenda como la jerarquización de la agroecología, la producción familiar, la protección ambiental de las comunidades rurales y la soberanía alimentaria, tienen un lugar muy reducido en las medidas de la NDC3[14]. 

• Por su parte, existen sesgos en el liderazgo de las mujeres en cargos de toma de decisión de la gestión ambiental, por ejemplo, actualmente de los 19 Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales (CECOED), sólo en los departamentos de Río Negro y Lavalleja hay una coordinadora a cargo[15]. Si consideramos la participación en procesos de gestión territorial y de áreas protegidas, encontramos que, en ámbitos nacionales como las Comisiones de Cuencas, la Comisión Técnica Asesora de la protección del medio ambiente (COTAMA) y las Comisiones Asesoras Específicas de las áreas protegidas (CAE) se observa inequidad en la participación de las mujeres y hombres, tanto a nivel de la asistencia como de las intervenciones (Píriz, 2017). Asimismo, la proporción de mujeres representantes institucionales es mayor a la de mujeres representantes locales, lo que manifiesta una necesidad de fortalecer la equidad en las representaciones comunitarias y de sociedad civil (Píriz, 2017). Finalmente, se identifica que también existen desafíos en la representación de las mujeres al interior de las organizaciones ambientales del sector y en los roles técnicos (Chiappe, 2018; Migliaro, 2020).   

• Las actividades realizadas desde la institucionalidad agropecuaria en materia de género, ambiente y naturaleza son altamente valoradas por la sociedad civil (Rodríguez, 2025). No obstante, en la evaluación ciudadana del PNG Agro se señaló la existencia de debilidad y escaso desarrollo de los temas ambientales y climáticos, y se identificó la necesidad de mayor profundidad y alcance de la política sectorial en esta materia (Florit, Acosta y Sarli, 2025). 

• El equitativo acceso de las mujeres a las políticas de sostenibilidad de la institucionalidad agropecuaria se vincula directamente con la introducción de acciones afirmativas en el diseño de las convocatorias. Mientras políticas transversalizadas tienen mejoras sustantivas en sus desempeños en materia de equidad, las que no incluyen esta mirada en forma estructural en su diseño mantienen altas brechas y profundizan el acceso diferencial a los recursos estatales[16].

• Como se ha señalado, existe una menor incidencia en la toma de decisión de las mujeres en la producción agropecuaria (Florit et al, 2013). Como contracara la evidencia nacional muestra que la inclusión de las mujeres en la gestión de los predios deriva en una mayor introducción de medidas de sustentabilidad (Bernheim, 2018; Dogliotti et al, 2023). 

• Las mujeres tienen un rol más activo en la conservación de la biodiversidad, un fuerte protagonismo en el cuidado y reproducción de las semillas nativas y criollas y un rol clave en la reproducción de plantas de usos medicinales (Courdin, Litre y Correa, 2014; Cabrera et al., 2020; Pereyra, 2023; Scasso, 2025). Además, existe evidencia que las mujeres son más adherentes a adoptar prácticas agroecológicas favoreciendo el uso de insumos biológicos, disminuyendo así el uso de fertilizantes y plaguicidas sintéticos, y que a su vez producen y comparten sus propias semillas y saberes (Chiappe, 2018 y 2020; Pereyra, 2023)

• Los temas ambientales y en particular el cuidado de la salud en los procesos productivos y en los territorios circundantes constituyen preocupaciones centrales de la agenda de las mujeres (Bernheim, 2018; Chiappe, 2020; Florit, 2021). A pesar de esta preocupación, Chiappe (2020) identifica que barreras sociales y formas de violencia inhiben a las mujeres de denunciar las aplicaciones incorrectas de agroquímicos. En situaciones de conflictos ambientales y preocupación por la protección de la salud humana y de la naturaleza, las mujeres van a la vanguardia. Este fenómeno se puede explicar en función de su rol en la gestión de los recursos naturales sobre todo la producción de alimentos y el cuidado del agua, así como también debido a su papel de cuidadoras no solo de su familia sino también de toda la comunidad. Esto conlleva a que las mujeres son particularmente vulnerables a situaciones de violencia (ONU, 2021).

• Por su parte, se identifica que modelos que responden a las prácticas culturales y productivas que desarrollan las mujeres y colocan en sus agendas -agroecológicas, de transición, orgánicas y las vinculadas a la bioeconomía[17]-,  tienen menor visibilidad y reconocimiento en la agenda de las políticas públicas, y acceso limitado a financiamiento, insumos adecuados (bioinsumos), investigación, asistencia técnica, capacitación y vías de comercialización donde se reconozca el valor agregado de esta forma de producción (Florit, 2021; Florit et al., 2024; CS, 2025a). 

Fuente: Elaboración propia en base a consultas ciudadanas y al funcionariado, años 2020 - 2021 y 2025.

Fuente: Elaboración propia en base a consultas ciudadanas y al funcionariado, años 2020 - 2021 y 2025.

4.6. Participación y cambio cultural 

Los estudios de género han dado un valor importante a la dimensión simbólica, entendida como el conjunto de nociones, creencias y construcciones culturales que habilitan u obturan determinados roles, identificaciones, posibilidades. En materia de género resultan claves tanto la imagen que cada persona hace de sí misma -a través de procesos de socialización-, como las miradas y contenidos que circulan en el intercambio con otros/as (CNG, 2018). Por eso, la dimensión de participación, incidencia y patrones culturales es un elemento especialmente importante cuando se piensa en términos de construir oportunidades. 

Considerando tanto las condiciones de participación, organización e incidencia, como los mensajes y estereotipos que circulan en el agro, la pesca y el medio rural, los antecedentes y consultas señalan que: 

• En materia de reconocimiento, tanto especialistas como quienes integraron las consultas ciudadanas identifican un proceso de visualización significativamente mayor de las mujeres rurales. 

• En el plano del asociativismo se identifica que existe una importante actividad de las mujeres rurales en los territorios, tanto como integrantes de grupos de mujeres como siendo parte de organizaciones mixtas. Maubrigades et al. (2025) identifican la existencia de 81 grupos de mujeres rurales distribuidas en todo el territorio nacional, mientras Rodríguez (2020) en un relevamiento de 55 organizaciones de base de CNFR da cuenta de que el 31% de la masa social son mujeres. Este asociativismo, histórico a nivel del país (Chiappe, 2006), se ha profundizado en la última década en estrecha relación con las políticas públicas de género y el fortalecimiento de las áreas de género en organizaciones nacionales (Rodríguez, 2020; Maubrigades et al, 2025). Esto es consistente con las evaluaciones realizadas de las políticas afirmativas de apoyo a la producción de MGAP que señalan la persistencia de los grupos más allá del apoyo inicial (Acosta, Florit y Sarli, 2025). Sin embargo, persisten brechas en las representaciones de estas gremiales en espacios productivo – comerciales y de carácter nacional (Rodríguez, 2020; Guidobono et al, 2025) 

• Respecto al asociativismo identificado a nivel territorial, se destaca la existencia de un alto porcentaje de grupos de mujeres que desarrollan actividad productiva y/o comercial, siendo el 67% de los grupos relevados en el estudio exploratorio de Maubrigades et al (2025). Esto evidencia una búsqueda activa de las mujeres de realizar su autonomía económica a través del asociativismo con pares. 

• En este sentido, cabe señalar que existe una diferencia entre la generación de organizaciones formales de mujeres, la integración de mujeres a organizaciones mixtas y los grupos territoriales de mujeres. Se trata de un amplio entramado en el territorio, funcional al empoderamiento, pero con implicancias disímiles. En el caso de las expresiones territoriales de grupos de mujeres, el relevamiento de Maubrigades et al. (2025) indica que se trata de formas de asociativismo eminentemente no formales, por lo que los grupos en sí no serían una vía oficial para comercializar formalmente o acceder a recursos públicos, excepto los vinculados a políticas de primer nivel que no exigen formalización previa (Acosta, 2025).  

• Asimismo, un alto porcentaje de los grupos realizan también actividades sociales (Rodríguez 2020), 61% en el relevamiento de Maubrigades et al (2025). Evidenciando una mirada más holística del asociativismo de las mujeres que ha sido reseñada vastamente (Pereyra, 2023; Perugorría, 2024; Acosta, 2025). 

• En el estudio realizado sobre organizaciones de base, CNFR identifica que en el 89% de las directivas existen mujeres participando (Rodríguez, 2020), a pesar de ello, a 2020 se identificaba que sólo el 28% de quienes ejercían la presidencia eran mujeres. 

• Existe debilidad en el asociativismo de determinados perfiles en particular, en especial baja presencia de jóvenes y grupos de jóvenes (Rodríguez, 2020), así como entre asalariadas (Mascheroni, Florit y Courdin, 2024). La ausencia de estos colectivos debilita la posibilidad de construir agendas específicas e incidir desde ellas en las políticas públicas. Una mirada generaciones señalaba a nivel de directivas de CNFR un claro desafío en relación a las juventudes, donde sólo el 30% de las directivas integraban personas jóvenes (Rodríguez, 2020).

• Adicionalmente, persiste una concepción que separa el nivel de la participación social de la política y una masculinización de lo político (Guidobono et al, 2025). Como ejemplo de ello, aparece la masculinización del tercer nivel de gobierno donde se expresa la mayor proporción de la población rural. Considerando los 125 municipios del interior del país, se identifica que únicamente 19 alcaldías están ocupadas por mujeres[18]. 

• Cabe destacar, como contracara, que en el último quinquenio asumen mujeres en lugares de liderazgos en organizaciones nacionales históricamente masculinas (Guidobono et al, 2025), consistente con los procesos de visibilización de las mujeres rurales y de su capacidad de agencia ya reseñado.

• A pesar de estos cambios en el plano simbólico, se identifica que existe una brecha de acceso a espacios de participación e información no sólo basada en género, sino dentro de las mujeres. En este sentido las consultas ciudadanas indican persistentemente la existencia de un contingente de mujeres rurales que no acceden a información sobre sus derechos, espacios de participación y capacitación, evidenciando la necesidad de mecanismos con mayor cobertura y alcance en materia de comunicación e información (EDMR, 2015; MGAP/INJU/INC/REAF, 2019). 

• Un aspecto que surge en esta dimensión se vincula con las creencias y estereotipos en torno a qué es esperable para un varón y qué para una mujer, en términos de roles, vínculos, rasgos de personalidad. Esos estereotipos aparecen como limitantes y se forjan y reproducen desde los espacios de socialización. En ese sentido, los análisis realizados por INEED indican que existen retrocesos en los patrones de género de los varones jóvenes a nivel nacional y las consultas ciudadanas con mujeres jóvenes rurales indican la persistencia de imágenes y discriminaciones basadas en género y generaciones, no sólo por sus pares sino también desde el mundo adulto (UNFPA – Inmujeres, 2016; MGAP/INJU/INC/REAF, 2019, INEED, 2025). 

• Resulta significativo señalar que como una marca de época, existen resistencias activas y retrocesos parciales en el reconocimiento los derechos de las mujeres  a nivel global (ONU Mujeres, 2025b), tiene su correlato en el medio rural del país a través del rechazo activo a los derechos de las mujeres y negación de la equidad de género en el medio rural como una prioridad en el país, lo cual implica desafíos adicionales en materia del trabajo con las masculinidades (UNFPA – Inmujeres, 2026; INEED, 2025)

• Adicionalmente, se identifica la persistencia de una cultura que segrega a las personas por el género y también diferentes formas de discriminación en base a las condiciones afro, migrantes, juventud, vejez y por orientación sexual (MGAP/INJU/INC/REAF, 2019; MA-SNRCC, 2024; Florit, 2025b). Además de formas de violencia, en particular de sexual, hacia niños, niñas y adolescencias (INDDHH, 2020 y 2022). 

• Como expresión más dura de estas construcciones sociales en torno al género, persiste un alto nivel de situaciones de violencia basada en género (Florit et al, 2024; Trpin, 2024; Guidobono et al, 2025). La última encuesta de prevalencia de violencia basada en género, señala que el 60,3% de las mujeres de 15 y más años, residentes en localidades de menos de 5.000 habitantes y rurales sufrieron alguna forma de violencia a lo largo de su vida y 8,6% de ellas declaran estar viviendo violencia basada en género en el momento de la encuesta (CNG, 2019).

• Entre los elementos que configuran la realidad de los territorios rurales y la invisibilización de las condiciones de vida, se encuentra el acceso limitado a servicios (INDDHH, 2022). Resulta significativa la necesidad de una agenda extra sectorial más profundamente reconocida en la materia y en particular un mayor acceso en el medio rural a: servicios de salud, cuidados, deporte y recreación, entre otros (EDMR, 2015; Florit, 2025b).  

• En este sentido, la bibliografía destaca la necesidad de contemplar como recursos para construir políticas públicas efectivas reconocer y estimular experiencias y expresiones locales, de entramados comunitarios específicamente territoriales, integrando los saberes situados de las mujeres y comunidades (Pereyra, 2023; Trpin, 2024; Maubrigades, et al, 2025). En ese marco, los ámbitos comunitarios y territoriales, en especial las Mesas de Desarrollo Rural, aparecen como espacios reconocidos por las mujeres y sus organizaciones para incidir e informarse (CS, 2025b).  

Fuente: Elaboración propia en base a consultas ciudadanas y al funcionariado, años 2020 - 2021 y 2025.

4.7. Institucionalidad agropecuaria 

Un último eje en torno al cual se estructuran las desigualdades de género en el medio rural y el agro, es justamente las instituciones agropecuarias. Las instituciones públicas constituyen ámbitos desde los cuales las administraciones de gobierno priorizan líneas de acción, estructuran planificaciones y actúan sobre el modelo de país con orientaciones específicas. Como instituciones no monolíticas, son espacios donde diferentes perspectivas confluyen, dialogan y se producen política pública, pero, asimismo, como instituciones jerárquicas se estructuran en torno a lineamientos institucionales generales.  

En ese marco, un análisis desde la perspectiva de género de la institucionalidad pone el foco en dos ejes, por una parte, los procesos de institucionalización de esta perspectiva en términos de las competencias y estructura organizacional -condiciones para la transversalidad de cometidos sustantivos-, y por otra parte, un análisis de las condiciones de equidad de género al interior de la organización y de quienes trabajan en ella, en suma, en su política interna. 

En términos de género en la institucionalidad agropecuaria como estructura y como organizaciones, cabe señalar: 

• La institucionalidad cuenta con una experiencia común de ejercicio de políticas públicas de género, con una planificación específica en la materia y referentes institucionales que coordinan dentro del sector para su implementación. A nivel nacional e internacional esa trayectoria ha sido reconocida como buena práctica por su impacto (CEDAW, 2023[19]; ONU, 2025), y la metodología ha sido replicada en otras experiencias nacionales (PNAF, 2024). Existe una larga historia de trabajo hacia el medio y con las organizaciones de mujeres rurales. 

• Los avances de la perspectiva de género se han dado en todas las instituciones. En todas ellas se ha incorporado alguna medida de institucionalización (presupuesto, planificación, cargos, referentes formales, comisiones, procedimientos o protocolos, jerarquización). 

• Existe una menor trayectoria en materia de género en las condiciones de trabajo internas y los niveles son dispares entre instituciones. En el último quinquenio, los énfasis en materia de política de género han sido diferentes según institución, mientras INIA, INAC e INASE se centraron en la política interna, MGAP, IPA, INAVI e INALE se focalizaron principalmente en los cometidos sustantivos. 

• Las instituciones agropecuarias siguen teniendo alta masculinización de las jerarquías, el nivel máximo de la institucionalidad agropecuaria nacional (Ministro, Subsecretario, Presidentes de Institutos) está totalmente ocupado por varones. En el segundo nivel de jerarquías (Direcciones de Unidades Ejecutoras, Integrantes de Juntas y Directorios) sólo el 21% son mujeres.

Cuadro 4.2. Proporción de mujeres entre personas ocupadas por subsector

Fuente: Elaboración propia en base a reportes institucionales, 2025.

• En términos generales el alcance de las actividades de sensibilización ha sido alto, alcanzando a 568 funcionarios/as con instancias de capacitación durante el PNG Agro (Florit, Acosta y Sarli, 2025). No obstante, el correlato entre esos procesos y los cambios culturales son lentos y no necesariamente automáticos. 

• Si bien es disímil entre las instituciones, las consultas al funcionariado señalan persistentemente la existencia de formas de discriminación hacia las mujeres, obstáculos en el acceso y desempeño de roles jerárquicos, adjudicación de roles con estereotipos de género y diferentes formas de violencia basada en género. Asimismo, se identifican que existen formas de discriminación hacia la población afro y disidencias, y ninguna de las instituciones alcanza aún la cuota de ingreso previstas por las Leyes 18.651, 19.122 y 19.684, vinculadas a las personas en situación de discapacidad, afro y tans respectivamente. Finalmente, se indica la existencia de penalizaciones por maternidad[20] y ausencia de una perspectiva institucional de corresponsabilidad del cuidado -en todas las etapas de la vida-. 

Cuadro 4.3. Mecanismos de inclusión y equidad

Fuente: Elaboración propia en base a reportes institucionales, 2025.

• El Ministerio cuenta con una Unidad Especializada en Género directamente dependiente de Ministro en calidad de asesoría, con recursos humanos y presupuestales asignados y con una Comisión Especializada de Género que actúa como órgano de coordinación con todas las Unidades Ejecutoras. Incorpora la perspectiva de género en presupuesto y planificación, y la Unidad integra el gabinete ministerial. Por su parte, el trabajo en acciones de género ha permeado en forma diferentes en las distintas Unidades Ejecutoras, pero ha avanzado en todas ellas en cada nueva planificación. Se ha incrementado el número de funcionarios/as con formación de posgrado en género y se ha realizado sensibilizaciones masivas. Como contracara de este proceso de fuerte institucionalización hacia los cometidos sustantivos, la política interna ha sido significativamente menos abordada. En el MGAP no se han aprobado medidas internas específicas en materia de género (cuidados, licencias, análisis organizacional, violencia basada en género, acoso sexual laboral) desde 2019 (Res. 1705/019) y, a pesar de tener un protocolo de Acoso Sexual Laboral desde 2019, en los años 2024 y 2025 no ha funcionado la Comisión de ASL. 

• En el caso de INC la trayectoria en transversalización de la política tiene un hito relevante en 2014 a partir de la cotitularidad. Adicionalmente, en 2019 se incorpora una técnica especializada en género como referente de las políticas que, a la fecha, depende de la gerencia general. El INC cuenta con un protocolo de acoso sexual laboral funcionando y otro de abordaje de situaciones de violencia basada en género y generaciones entre la población colona, con el que trabajan tanto la técnica en género como la funcionaria de abordaje sociofamiliar y comunitario que dispone el INC. En el periodo 2020 – 2024, si bien el instituto jerarquizó el rol y aprobó una política afirmativa de acceso a tierra para mujeres, tuvo un retroceso en términos de retracción financiera y de compra de tierras que afecta a todas las dimensiones de la política institucional, también el alcance de la política de género (Florit, Acosta y Sarli, 2025).

• Un nivel de institucionalización diferente tiene INASE e INIA, en ambas instituciones existen Comisiones liderando el proceso de desarrollo del Modelo de Calidad con Equidad, y al mismo tiempo, trabajando lineamientos de la perspectiva de género en planificación estratégica y en acciones vinculadas a cometidos sustantivos. En el caso de INASE ese proceso orientado a los cometidos hacia el medio es liderado por las referentes de la institución frente a la CEG Agro, en el caso de INIA la tarea la asume la propia comisión y las referentes son delegadas de ese proceso. Ambas instituciones priorizaron en su trabajo la política interna, realizando durante el periodo 2020 – 2024 un profuso diagnóstico, procesos de sensibilización y generación de normativas internas, vinculadas al Modelo de Calidad con Equidad de Género. En ninguno de estos casos existen cargos exclusivos para el trabajo en género. Ambas instituciones tienen aprobada su política de equidad de género en el marco del modelo. 

• En el caso de IPA cuenta con una referente en género que sin tener en exclusividad esa tarea, aborda la temática previamente al PNG Agro. Su rol incluye tanto la representación institucional en el espacio de la CEG Agro como el diseño de las políticas de género de IPA y otros espacios de representación en la materia. El instituto ha realizado procesos de sensibilización interna, su referente se ha posgraduado en género en el marco del PNG Agro y cuenta con un protocolo de acoso sexual laboral, aunque no funcionado. 

• En el caso de INAVI, INAC e INALE los procesos son más incipientes. En términos de institucionalidad los tres institutos han asumido compromisos y referentes de género a partir del PNG Agro, y sus referentes son quienes participan en la CEG Agro y lideran las acciones institucionales en materia de género.  Además del cumplimiento de compromisos hacia el medio (encuestas, encuentros, seminarios, pasantías), las tres instituciones han participado de sensibilizaciones en el marco de la coordinación interinstitucional, e INAC se ha focalizado en la sensibilización interna y en las buenas prácticas en clave de género en los programas de comunicación y capacitación externos.  La situación en materia de mecanismos de acoso sexual laboral es diferente, INAC tiene un mecanismo funcionando, INAVI lo ha aprobado en forma reciente pero aún no iniciado su funcionamiento e INALE no cuenta con mecanismo de atención del acoso sexual laboral. 

• La política interna, tanto en equidad como en inclusión, supone por lo tanto un desafío aún a profundizar, con experiencias dentro del sector positiva que pueden ser tomadas como prácticas útiles para replicación y sinergias. 

Fuente: Elaboración propia en base a consultas ciudadanas y al funcionariado, años 2020 - 2021 y 2025.