Ministerio de Salud Pública

En la conferencia previa al llamado a sala de la Cámara de Representantes el viernes 14, tanto el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, como el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, se refirieron a uno de los temas por el cual fueron convocados, que es la decisión del Ejecutivo de posponer la apertura de febrero de 2019 del período de movilidad regulada (lo que se conoce como “corralito mutual”), es decir, el cambio de prestador, salvo excepciones debidamente justificadas.

El ministro Basso explicó que, con el trabajo de un grupo especialmente creado, se procura aportar elementos al marco jurídico existente, ya que su ampliación es necesaria para que toda la cadena de responsabilidades quede involucrada en el delito de intermediación lucrativa. Esto seguramente implique una propuesta a nivel parlamentario, añadió.

“Debemos asegurarnos de que el fenómeno se erradique”, sostuvo Basso. Afirmó que las autoridades tienen permanente contacto con la Justicia e incluso se invitó a un representante de la Suprema Corte de Justicia y de la Fiscalía General de la Nación al grupo de trabajo que ya integran la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio del Interior.

En este marco, el ministro realizó un repaso del proceso que derivó en esta decisión. Recordó que en 1981 se estableció como delito la intermediación lucrativa (ofrecer dinero para el cambio de prestador) y, sin embargo, durante muchos años, se insistió en esa maniobra. Entre el 2000 y el 2009 se cerró la posibilidad de cambiarse de prestador, hasta que, con la reforma sanitaria, se generó una serie de regulaciones para poder concretar la movilidad. De todas formas, se siguieron registrando situaciones de este tipo.

En 2016 ingresó el último colectivo importante de jubilados al Fonasa y se volvió a originar un volumen importante de delitos de intermediación lucrativa, que derivaron en cuestiones judiciales de visibilidad pública. Basso recordó que, si bien más de 30 personas fueron procesadas, no se cerraron las investigaciones.

Ante la persistencia de este tipo de delitos, se trabajó durante todo 2018 para procurar resolver el aspecto de la trazabilidad del usuario y evitar las falsificaciones. Si bien con el sistema previsto se limitaba el fenómeno, no se lograba eliminar, por lo que se decidió emitir un decreto que postergara la apertura del “corralito” a 2020 y complementar en ese tiempo el trabajo que se venía haciendo, lo que incluye avanzar en el citado marco jurídico, para lo cual se creó el grupo de trabajo.

Consultado sobre el papel de las instituciones, Basso aclaró que los prestadores contratan empresas para promoverse y en los contratos se aclara que la institución no se responsabiliza del mal uso de los recursos. De todos modos, consideró que, en algún momento, el fenómeno se dispara y aparece el mecanismo de intermediación lucrativa, que se debe erradicar. “No puede ser que dineros públicos que pagamos todos para la atención sanitaria se desvíen para la captación de afiliados, que nada tiene que ver con los gastos asistenciales”, agregó.

El ministro Ernesto Murro, por su parte, dijo que, desde su ingreso como director social al Banco de Previsión Social (BPS), en 1992, se aplicaron multas, se hicieron denuncias penales y se ayudó a crear normas. Asimismo, aseguró que el sistema de seguridad social mejoró en estos años de tal forma que colaboró en evitar la intermediación lucrativa.