Suicidio en adolescentes en Uruguay: un análisis desde el sistema de salud
Informes
Introducción
El suicidio es un grave problema de salud pública, con un alto impacto a nivel familiar, social, comunitario y económico. Constituye sin excepción, un acto en extremo trágico. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021a), más de 700.000 personas se suicidan cada año. Entre los jóvenes de 15 a 29 años, el suicidio constituye la cuarta causa de muerte a nivel mundial.
Dentro del continente americano, Uruguay presenta una de las tasas de suicidio más altas. En el año 2021 se suicidaron 758 personas, lo que representa la tasa más alta en los últimos 25 años (21,39 cada 100.000 habitantes) (Ministerio de Salud Pública [MSP], 2022). La evolución de la prevalencia de muertes por suicidio en Uruguay en los últimos años apunta a que, si bien se registra un aumento en esta causa de muerte en todos los grupos edad, los más jóvenes son los que presentan el incremento más marcado (González, 2015). Las cifras oficiales muestran que, en Uruguay, en el año 2021 se suicidaron 16,4 adolescentes de entre 15-19 años por cada 100.000 habitantes, ubicando al suicidio como la primera causa de muerte en esta franja (MSP, 2022). El suicidio presenta características particulares específicas para esta franja etaria, lo que torna fundamental su estudio diferenciado del perfil de la conducta suicida en adultos (Berk & American Psychiatric Association Publishing, 2019).
Se estima que la pandemia por COVID-19 puede haber recrudecido los factores de riesgo de suicidio debido, entre otros factores, al aumento de los trastornos por consumo de alcohol y otras sustancias, ansiedad, depresión, violencia y sensaciones de pérdida (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2020). La adolescencia ha sido considerada como uno de los grupos poblacionales especialmente vulnerables a los impactos negativos de las medidas de distanciamiento social en la salud mental (Amorós-Reche et al., 2022; Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 2020; Nearchou et al., 2020; Panchal et al., 2021). También es importante mencionar dentro de los factores de riesgo, las posibles dificultades para el acceso a la atención en salud en general y a la salud mental en particular, en el contexto de la pandemia.
Atender a la problemática del suicidio y sus posibles predictores constituye una prioridad para la salud pública, requiriendo de colaboraciones y coordinaciones multisectoriales, sensibilización de la población general, creación de capacidad, financiamiento, vigilancia, seguimiento y evaluación (OMS, 2021a). Resulta esencial el trabajo en promoción de salud mental y prevención del suicidio que involucre a diversos sectores de la sociedad: salud, familia, educación, academia, empleo, medios de comunicación, entre otros.
La meta número 3 de la Agenda para el Desarrollo Sustentable apunta a asegurar la existencia de vidas saludables y la promoción de bienestar para todos los rangos etarios. Asimismo, el objetivo 3.4 estipula la reducción imperativa a un tercio de la mortalidad prematura debida a enfermedades no transmisibles por medio de la prevención y el tratamiento, y de la promoción de salud mental y bienestar. La reducción de la mortalidad generada por suicidios constituye un elemento clave al momento de evaluar el progreso de las políticas asociadas a salud mental, por lo que ha sido incluido en el Plan de Acción Integral de Salud Mental 2013-2030 (OMS, 2021b). Dicho objetivo no será alcanzable a menos que las acciones para implementar planes y propuestas sean sistemáticas, integrales, basadas en la evidencia y culturalmente relevantes, una mirada a la que la presente investigación pretende sumar esfuerzos.
En lo que refiere a la política de prevención del suicidio en Uruguay, en el año 2004 se creó la Comisión Nacional Honoraria de Prevención del Suicidio (CNHPS) (Decreto Nº 378/004) con integración del Ministerio de Salud Pública, Ministerio del Interior, Ministerio de Educación y Cultura y, desde el año 2011, Ministerio de Desarrollo Social. La Estrategia Nacional de Prevención del Suicidio 2021-2025 se centra en mejorar la atención a personas con riesgo de suicidio y sus familias, mejorar las capacidades de todos los actores involucrados para prevenir el suicidio, y atender adecuadamente a los intentos de autoeliminación (IAE) (MSP, 2022). Además, el Plan Nacional de Salud Mental 2020-2027 destaca como uno de sus principales objetivos la prevención del suicidio y disminución de la tasa de suicidios en el país.
El Plan tiene como propósito “contribuir a mejorar la salud mental de las personas mediante la definición, e implementación de las estrategias más efectivas para promover la salud mental, prevenir, reducir la morbimortalidad y discapacidad de las personas con trastornos mentales y brindar una atención de calidad, basada en los derechos humanos y centrada en un modelo comunitario e intersectorial de atención” (MSP, 2020, p. 25).
En el marco de estas líneas de acción y prestando especial atención a la infancia y la adolescencia, el Área Programática de Salud de Adolescencia y Juventud del MSP con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) propuso analizar las circunstancias y características de los suicidios de menores de 19 años, entre los años 2018 y 2021, con especial interés por comprender las interacciones de los adolescentes y sus familias con el sistema de salud.
Para tomar decisiones basadas en evidencia sobre cómo intervenir eficazmente para la detección temprana y el manejo oportuno de condiciones de riesgo en salud mental juvenil, y específicamente en la prevención del suicidio, se requiere de investigación que posibilite una mejor comprensión del fenómeno en el Uruguay. De particular interés, resulta el conocimiento acerca de cuál fue la interacción del prestador de salud con los adolescentes que se suicidaron y sus familias durante el período en análisis.
El estudio se desarrolló en el segundo semestre de 2022 y el primer trimestre de 2023, y está compuesto por tres fases: i) investigación documental y bibliográfica de antecedentes, ii) relevamiento y análisis de datos contenidos en los certificados de defunción e historias clínicas de los adolescentes (autopsia psicológica), iii) realización de grupos focales de discusión con profesionales de la salud en contacto con adolescentes.
A partir de lo anterior, y con el propósito de disminuir las brechas de la atención en términos de salud mental en adolescentes y jóvenes, y específicamente aquellas que todavía impiden la prevención del suicidio en dichos grupos etarios, se propuso un conjunto de recomendaciones para fortalecer al sistema sanitario como actor clave en la prevención, pero también en la promoción de salud mental. Aunque la prevención del suicidio es una labor de todos, se entiende que los actores claves encargados de proponer e implementar las políticas públicas en salud mental adolescente y juvenil, así como el personal sanitario en contacto directo con adolescentes y jóvenes, podrán beneficiarse de los resultados derivados de la presente investigación.
Se adjunta documento.