Acta N° 19/2026
Reuniones de Directorio
Acta de la reunión de la Junasa del 14 de octubre de 2026, hora 14:00.
Asistentes: Ec. Gabriela Pradere (Presidenta), Cra. Giselle Jorcin (alterna Presidencia), Ing. Silvia Belvizi (representante titular MSP), Ec. María Carnevale (alterno MEF), Esc. Cecilia Lopez (titular Prestadores), José Luis González (alterno de Prestadores), Dra. Daniela Paciel (alterno trabajadores), Mario Bentancor (titular de Usuarios).
Invitado: Dr. Federico Martiarena – Administración de los Servicios de Salud del Estado.
Secretaría: Lorena San Martín.
Asesoría Letrada: Dr. Carlitos González Domínguez y Dra. Amparo Cruz
Temas a conocimiento:
Presentación sobre accesibilidad
Se realiza una presentación sobre accesibilidad a cargo del Lic. Gerardo Bruzzone y de la Dra. Natalia Pérez, encargada del Programa de Abordaje Integral a la Discapacidad y Rehabilitación, perteneciente a la Unidad Programática de DIGESA.
Dra. Natalia Pérez: expone los resultados del relevamiento realizado en las instituciones prestadoras de salud, cuyo objetivo fue conocer la situación de estas instituciones en materia de accesibilidad.
En este marco, se refiere a las necesidades de los usuarios para acceder a las prestaciones, así como a la importancia de la universalidad del acceso y de la implementación de ajustes razonables, aspectos que inciden directamente en la calidad de los servicios. Señala que la accesibilidad debe garantizar el acceso a todos los usuarios, con o sin discapacidad. A modo de ejemplo, menciona la elaboración de documentos en lenguaje claro y sencillo, como el consentimiento informado, lo que favorece su comprensión y accesibilidad.
Presidencia: recuerda una denuncia tratada en sesiones anteriores de la JUNASA, promovida a instancias de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), así como la ley recientemente tratada en el Parlamento.
Dra. Natalia Pérez: identifica las principales barreras que pueden dificultar el acceso a los servicios de salud:
Físicas: dificultades de acceso a instalaciones, como los baños.
Comunicacionales: ausencia o insuficiencia de formatos de lectura accesibles.
Organizativas: señalización inadecuada y falta de protocolos de actuación.
Actitudinales: conductas del personal de salud que pueden obstaculizar la atención.
Señala que existe un amplio marco de referencia normativo que respalda las medidas de accesibilidad propuestas para el sistema de salud hacia 2028, en el marco de la Ley N.º 20.446.
Seguidamente, se presenta el formulario utilizado para relevar la situación de los prestadores privados y de ASSE, así como los principales resultados obtenidos.
En relación con los prestadores privados, los resultados muestran avances significativos en la accesibilidad edilicia, de acuerdo con las normas UNIT, y en la implementación de consultas prioritarias para los usuarios que las requieren. No obstante, se identifican medidas en las que el avance en materia de accesibilidad continúa siendo limitado.
Asimismo, se constata la falta de identificación expresa de las personas con discapacidad en los sistemas informáticos de las instituciones. Si bien esta información puede constar en la historia clínica, su ausencia en otros sistemas dificulta la cuantificación de las necesidades de apoyo y la planificación de las medidas necesarias para garantizar una atención adecuada.
Entre las principales dificultades identificadas se encuentra la capacitación del personal. Al respecto, se informa que se habilitó en la plataforma de DEMPESA un curso autoadministrado sobre abordaje y necesidades de las personas con discapacidad, cuya disponibilidad se prevé ampliar en distintas instancias. El curso está dirigido al personal de salud, cuenta con 1.000 cupos y forma parte de la Meta 5.
También se señalan dificultades vinculadas con la disponibilidad de recursos económicos y con los sistemas informáticos.
En cuanto al acceso a insumos, el relevamiento permitió identificar distintas situaciones entre los prestadores. Sin embargo, resta profundizar en el análisis de las cantidades, la calidad de los productos suministrados y sus costos. Varias instituciones informaron que dichos insumos requieren el pago de un copago por parte de los usuarios.
Respecto de ASSE, se informa que se recibieron respuestas de 11 de las 72 Unidades Ejecutoras. Se entiende que es necesario contar con un mayor número de formularios para procesar adecuadamente la información correspondiente al sector público. No obstante, los datos disponibles permiten observar que la accesibilidad edilicia conforme a las normas UNIT constituye una de las medidas con mayor desarrollo, junto con la disponibilidad de pantallas con audio y tipografía accesible, así como la implementación de consultas prioritarias.
Al igual que en el sector privado, se identifica la falta de mecanismos de identificación de las personas con discapacidad en los sistemas informáticos. Las principales dificultades señaladas son los sistemas de información, seguidos por la capacitación y la disponibilidad de recursos económicos. Asimismo, se indica que aún no se dispone de información suficiente sobre las cantidades y la calidad de los insumos.
Como conclusión general, se destaca que la accesibilidad física es la dimensión que presenta mayores avances. En cambio, persisten importantes dificultades en materia de comunicación y lengua de señas, mientras que la disponibilidad de información accesible resulta excepcional. La organización de la atención mediante consultas prioritarias muestra avances, aunque todavía no alcanza un carácter universal. Por otra parte, los ajustes razonables no se encuentran protocolizados y su implementación depende, en gran medida, de cada situación particular.
Prestadores: consulta si los cursos se encuentran vigentes.
Dra. Natalia Pérez: responde que el curso se habilitó ese mismo día y está destinado al personal de salud.
Prestadores: señala que las instituciones trabajan de manera permanente en estos temas y que cada una procura resolver las dificultades identificadas, aunque muchas de las medidas todavía no se encuentran protocolizadas. Considera que el relevamiento constituye un punto de partida, si bien advierte que no se dispone de información sobre las percepciones de cada institución al momento de responder.
Asimismo, coincide en la importancia de la capacitación, pero señala que el desafío no se limita al conocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, sino que también comprende las dificultades prácticas que enfrentan los prestadores para garantizar la accesibilidad en las distintas etapas del proceso asistencial. En este sentido, destaca la necesidad de reconocer y atender las necesidades de accesibilidad a lo largo de toda la trayectoria asistencial de los usuarios.
Agrega que la diversidad de situaciones requiere diferentes modalidades de abordaje y que la identificación de las personas con discapacidad debe contemplar su consentimiento. Asimismo, señala que la capacitación debe entenderse como un proceso continuo, que involucre a los distintos perfiles de trabajadores de las instituciones.
Dra. Natalia Pérez: explica que el trabajo del Programa está elaborado con personas con discapacidad está dirigido a ellas, uno de sus objetivos es garantizar que no se sientan discriminadas. Señala que la identificación constituye un primer paso para conocer la población y determinar los ajustes necesarios, y que dicha identificación debe estar sujeta a la autopercepción de la propia persona.
Usuarios: consulta si la capacitación está vinculada con la elaboración de protocolos. Solicita que se remita el documento de la presentación.
Presidencia: explica los distintos módulos que integran el curso y aclara que se trata de una propuesta de abordaje, pero no de un protocolo.
Dra. Natalia Pérez: propone presentar avances sobre los aspectos tratados en futuras sesiones, incorporando información correspondiente al sector público.
Se adjuntan la presentación y el documento correspondiente como parte integrante de la presente acta.
Se toma conocimiento.
Temas a resolver:
Acta N.º 18, de fecha 30 de setiembre de 2026
Prestadores: solicita que en el informe de la Oficina de Atención al Usuario se haga referencia a «registros de denuncias» en lugar de a «denuncias», a efectos de evitar que los prestadores que presentan un mayor número de registros sean percibidos como aquellos que presentan un peor desempeño.
Presidencia: propone, en relación con la presentación, retirar los datos desagregados por prestador y modificar la redacción del informe en el sentido solicitado por la representación de los prestadores, dado que los registros son aún incompletos, planteando que la publicación de los datos por prestador debería realizarse una vez que los registros de todos estén completos.
Queda pendiente de aprobación.
Expediente Nº 12-001-3-6130-2026: anulación de afiliación. Proyecto de resolución
Se aprueba por unanimidad.-
Aprobación del Protocolo de afiliaciones ASSE-INR
Aprobación del Protocolo de afiliaciones ASSE-INAU-INISA
Presidencia: señala que, ante las dificultades identificadas en los trámites de afiliación de las personas institucionalizadas en el INR y en el INAU, se detectaron diversas situaciones que requieren una solución integral. En virtud de ello, la JUNASA consideró necesario trabajar conjuntamente con los organismos competentes en una propuesta que contemplara la perspectiva de las instituciones involucradas y de los usuarios.
Dr. Carlitos González: explica que se elaboraron protocolos de actuación dirigidos al personal de afiliaciones de ASSE para abordar las situaciones correspondientes a las personas privadas de libertad y a los niños, niñas y adolescentes institucionalizados.
Agrega que los protocolos tienen como finalidad ordenar los procedimientos y establecer un marco de actuación que actualmente no existe.
Prestadores: consulta si se dispone de un relevamiento del número de niños institucionalizados en el INAU que mantienen su afiliación a instituciones privadas. Señala que, cuando la institucionalización es provisoria, considera adecuado que se evalúe la modificación de la afiliación, y explica que su consulta apunta a garantizar que estas situaciones se encuentren debidamente contempladas frente a eventuales reclamos.
Dr. Carlitos González: aclara que la institucionalización de los menores responde a una disposición judicial que determina la guarda del niño, por lo que esta circunstancia deberá contemplarse dentro de la modalidad de movilidad por excepción.
Presidencia: precisa que lo que se habilita es que, cuando resulte necesario efectuar un cambio de prestador, el trámite de afiliación pueda ser realizado por el INAU. Aclara que esta habilitación se limita al trámite puntual correspondiente.
Dr. Federico Martirena: informa que, de acuerdo con lo señalado en su última reunión con el INAU, el 85 % de los menores se encuentra afiliado a ASSE. Del porcentaje restante, aproximadamente un 10 % corresponde a Sanidad Militar y/o Policial. Agrega que, cuando los menores ingresan al INAU, puede suceder que sus progenitores pierdan el empleo y, como consecuencia, la cobertura de salud. En cuanto al INR, señala que el número de personas privadas de libertad que cuentan con cobertura del FONASA al momento de recuperar la libertad es considerablemente mayor, por lo que considera que el protocolo resultará beneficioso.
Usuarios: consulta si, desde el punto de vista formal, se contempla la voluntad de la persona.
Dr. Carlitos González: responde afirmativamente.
Ambos protocolos se aprueban por unanimidad.-
Expediente Nº 12/001/3/7508/2025: reintegro. Recurso de revocación
Dr. Carlitos González: Se señala que el recurso fue interpuesto sin fundamentación y que conferida vista al recurrente para que expusiera los fundamentos correspondientes, este no la evacuó. No obstante, la omisión de fundamentar el recurso no exime a la Administración de su obligación de resolver. En consecuencia, se analizó el fondo del asunto y se entendió que correspondía mantener el acto recurrido, al no advertirse mérito para modificarlo o revocarlo.
Se aprueba por unanimidad.-
Temas a conocimiento:
Informe del artículo 17, al 7 de octubre de 2026
Prestadores: manifiesta su abstención respecto del asunto dado que no pudieron discutirlo internamente. Expresa que la apertura de un Cardiocentro podría resultar beneficiosa para algunos actores y perjudicial para otros, y plantea dudas sobre los beneficios que dicha apertura podría generar para el sistema en su conjunto. Señala que esta cuestión también fue planteada oportunamente ante el Fondo Nacional de Recursos (FNR).
Por otro lado la representante titular de los prestadores indica que se abstendrá de votar dado que no hubo una resolución interna de la coordinadora.
Usuarios: consulta si la propuesta supone un beneficio para los usuarios, si implica una mejora en la accesibilidad o si podría generar un incremento de los costos generales del sistema.
Prestadores: señala que, según el informe del FNR, la cantidad de centros en los que se realizan este tipo de procedimientos resulta suficiente.
Presidencia: explica que se trata de una solicitud de larga data que ha llevado a considerar la necesidad de revisar este tipo de trámites. Aclara que el MSP habilita el servicio, mientras que corresponde al FNR determinar si su financiamiento será asumido por dicho organismo.
Precisa que si bien el trámite fue planteado como una solicitud de habilitación de un Instituto de Medicina Altamente Especializada (IMAE), en base a lo anterior desde el MSP se tramitó la habilitación del servicio.
Agrega que el servicio se brindaría en CASMU por parte de un la Asociación Española. Señala que se trata de situaciones complejas y que determinar si el servicio constituye un IMAE no es competencia del Ministerio. Asimismo, aclara que la Junta de Pertinencia otorgó su aval para continuar con el trámite.
Ministerio de Economía y Finanzas: consultó si era habilitación o permiso de funcionamiento, y se le informó que se trataba únicamente de un permiso de funcionamiento y que lo resuelto por la Junta Nacional de Salud no tenía carácter vinculante
Usuarios: entiende que la complementación entre prestadores constituye un aspecto central para mejorar la asistencia y manifiesta su preocupación respecto de la propuesta planteada.
Trabajadores: señala que debe distinguirse entre la competencia de los IMAE y la de los prestadores de salud. Expresa que, si bien puede comprenderse una posición contraria a la creación de nuevos IMAE, la apertura de una sucursal por parte de uno ya existente constituye una situación diferente. Agrega que determinados servicios requieren un alto grado de especialización y que, cuando la atención depende estrechamente del tiempo de respuesta, deben considerarse tanto los plazos de acceso como las características de la población alcanzada. Desde el punto de vista clínico, señala que pueden existir diferencias relevantes entre los prestadores en función de los servicios con los que cuentan. En el caso puntual, plantea que la cantidad de afiliados y camas del CASMU justifican que el servicio se brinde en la institución.
Prestadores: reitera que su planteo se fundamenta en la sostenibilidad, no solamente desde el punto de vista económico, sino también en relación con otras variables, como el mantenimiento de los puestos de trabajo. Asimismo, considera necesario conocer el estudio realizado por el FNR y señala que dicho organismo está integrado por los mismos actores que participan de esta instancia.
Presidencia: explica que la continuidad del trámite luego del informe del FNR se fundamentó en una valoración asistencial realizada por DIGESA.
Ministerio de Economía y Finanzas: señala que si bien es el MSP quien considera los aspectos asistenciales, será necesario analizar los posibles impactos económicos y financieros de la extensión del Cardiocentro en la órbita del FNR, y que la decisión sobre su financiamiento se adoptaría en ese ámbito.
Presidencia: aclara que no se trata de una habilitación definitiva, sino de un permiso de funcionamiento por el plazo de un año.
Se toma conocimiento.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a la hora 16:00.
Ec. Gabriela Pradere – Presidenta
Ing. Silvia Belvizi - Titular MSP
Esc. Cecilia López - Titular de Prestadores
Sr. Mario Bentancor - Titular de Usuarios
Dra. Daniela Paciel - Alterna Trabajadores
Ec. María Carnevale - Alterna MEF