Prosecretario de Presidencia
El prosecretario de Presidencia, indico que la información estará centralizada en la Agencia Nacional de Compras. La licitación y contratación electrónica y la modalidad de “puja a la baja” redundará en un ahorro de los dineros públicos, aseguró el jerarca. Cánepa realizó tales declaraciones tras participan en los festejos por el Día de Canadá y al ser consultado por la prensa.
El prosecretario de la Presidencia informó que el gobierno decidió enviar en la Rendición de Cuentas un capítulo de 40 artículos que centralizan un cambio profundo de todo el sistema de compras del Estado. “Estas compras son clave si se quiere dar un servicio público de calidad. En Uruguay –sin contar la compra de energía, incluido el petróleo- todo el resto de las compras suponen entre US$ 2.000 millones y US$ 2.500 millones por año”, dijo el jerarca.
Cánepa indicó que la modificación de algunos artículos se traduce en mayor celeridad y garantías en cuanto a la transparencia porque se utiliza la licitación electrónica: “El sitio web de contratación electrónica pasa a ser obligatorio para todas las licitaciones y contrataciones del Estado, por lo que los proveedores estarán en igualdad de condiciones al momento de conocer qué se necesita”.
El Registro Único de Proveedores –que ya existe- pasa a la Agencia de Compras, la cual tendrá nuevos cometidos para que se articule en un solo organismo toda la información de compras del Estado, precisó el prosecretario.
Por otra parte, se crean herramientas novedosas de gestión, como la “puja a la baja”, también conocida como “remate a la inversa”. Las acciones significan que por vía electrónica todos los proveedores podrán saber qué ofertó cada uno, fijarse un plazo y en la competencia rematar a la baja. Brasil y muchos países de Europa utilizan este sistema desde 2005, instancia que les significó un ahorro de entre un 15 y un 20% de los dineros públicos, además de acelerar el proceso de compra, afirmó Cánepa.
Asimismo, la oferta electrónica le da validez a la prelación, por ejemplo si alguien gana la licitación pero luego no cumple, no es necesario hacer una nueva instancia licitatoria, directamente se pasa a quien quedó en segundo lugar en la mejor oferta, explicó el jerarca.
El prosecretario aseguró que las nuevas acciones son un esfuerzo importante dentro de la Reforma del Estado, con el objetivo de colocar al Uruguay en el siglo XXI, “con un Estado mucho más eficiente y eficaz, con calidad en el gasto público”. Cánepa entiende que de esta forma el dinero rinde más.
Causales de destitución de funcionarios públicos
En otro orden, el prosecretario de Presidencia al consultado acerca de las modificaciones a las causales de destitución de funcionarios públicos, afirmó que están definidas en la Constitución de la República y son: omisión, ineptitud o delito. El último caso está claramente determinado por el Código Penal.
Lo que se hizo fue regular qué significa y cuál es el alcance de la “omisión” y la “ineptitud”, afirmó. Esa causal luego debe ir por el canal del debido proceso: investigación y sumario administrativo. Cánepa aclaró que no modifica en nada la garantía del debido proceso que tienen los funcionarios públicos, como todos los ciudadanos del país.
Profundo cambio en sistema de compras estatales redunda en gasto público de calidad
“Para brindar un servicio público de calidad se requieren instrumentos adecuados en tiempo y forma. Las modificaciones que se instrumentaron para mejorar el sistema de compras del Estado otorgan transparencia y prontitud”, informó Diego Cánepa en referencia al cambio en el sistema de compras del gobierno. El jerarca también se refirió a causales de destitución de funcionarios públicos.

El prosecretario de la Presidencia informó que el gobierno decidió enviar en la Rendición de Cuentas un capítulo de 40 artículos que centralizan un cambio profundo de todo el sistema de compras del Estado. “Estas compras son clave si se quiere dar un servicio público de calidad. En Uruguay –sin contar la compra de energía, incluido el petróleo- todo el resto de las compras suponen entre US$ 2.000 millones y US$ 2.500 millones por año”, dijo el jerarca.
Cánepa indicó que la modificación de algunos artículos se traduce en mayor celeridad y garantías en cuanto a la transparencia porque se utiliza la licitación electrónica: “El sitio web de contratación electrónica pasa a ser obligatorio para todas las licitaciones y contrataciones del Estado, por lo que los proveedores estarán en igualdad de condiciones al momento de conocer qué se necesita”.
El Registro Único de Proveedores –que ya existe- pasa a la Agencia de Compras, la cual tendrá nuevos cometidos para que se articule en un solo organismo toda la información de compras del Estado, precisó el prosecretario.
Por otra parte, se crean herramientas novedosas de gestión, como la “puja a la baja”, también conocida como “remate a la inversa”. Las acciones significan que por vía electrónica todos los proveedores podrán saber qué ofertó cada uno, fijarse un plazo y en la competencia rematar a la baja. Brasil y muchos países de Europa utilizan este sistema desde 2005, instancia que les significó un ahorro de entre un 15 y un 20% de los dineros públicos, además de acelerar el proceso de compra, afirmó Cánepa.
Asimismo, la oferta electrónica le da validez a la prelación, por ejemplo si alguien gana la licitación pero luego no cumple, no es necesario hacer una nueva instancia licitatoria, directamente se pasa a quien quedó en segundo lugar en la mejor oferta, explicó el jerarca.
El prosecretario aseguró que las nuevas acciones son un esfuerzo importante dentro de la Reforma del Estado, con el objetivo de colocar al Uruguay en el siglo XXI, “con un Estado mucho más eficiente y eficaz, con calidad en el gasto público”. Cánepa entiende que de esta forma el dinero rinde más.
Causales de destitución de funcionarios públicos
En otro orden, el prosecretario de Presidencia al consultado acerca de las modificaciones a las causales de destitución de funcionarios públicos, afirmó que están definidas en la Constitución de la República y son: omisión, ineptitud o delito. El último caso está claramente determinado por el Código Penal.
Lo que se hizo fue regular qué significa y cuál es el alcance de la “omisión” y la “ineptitud”, afirmó. Esa causal luego debe ir por el canal del debido proceso: investigación y sumario administrativo. Cánepa aclaró que no modifica en nada la garantía del debido proceso que tienen los funcionarios públicos, como todos los ciudadanos del país.
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