Sistema de Cuidados

La actividad contó también en su apertura con la presencia del embajador de España en Uruguay, Javier Salido Ortiz.

El encuentro se desarrolla del 3 al 5 de noviembre y participan allí referentes de la región en materia de género y cuidados. Su objetivo es promover una instancia colaborativa para el diseño, intercambio y monitoreo de políticas de cuidado a nivel regional. Del mismo modo, se pretende fortalecer un ecosistema de articulación entre instituciones, centros de investigación, organismos multilaterales y sociedad civil, orientado a generar conocimiento, intercambiar experiencias y apoyar procesos nacionales de institucionalización de políticas de cuidado.

El subsecretario del MIDES, Federico Graña, se refirió al cuidado como el “cuarto pilar de bienestar, de desarrollo de derechos”, y en ese sentido afirmó que “lo primero que tiene que caer arriba de la mesa es el discurso sobre financiación”.

Destacó que se trata de una política que tiene desde su nacimiento una perspectiva de género y una concepción feminista en lo que implica “el cambio en la corresponsabilidad del Estado y las familias”.

“Si nosotros lográramos una financiación acorde, Uruguay podría hacer tres o cuatro cosas en menos de dos años” y citó como ejemplo que “muchísimos puestos de trabajo que se generen fueran dirigidos a las jefas de hogar, que hoy están en situación de pobreza”.

La secretaria Nacional de Cuidados, Susana Muñiz, dijo a continuación que buena parte de las inquietudes planteadas por la población en el marco del Diálogo Social, refieren al tema de los cuidados, entre otras cosas porque “hay muchos niños y niñas en situaciones de desprotección que tienen que ver con los cuidados”. 

Finalmente, la directora de Cuidados, Valentina Perrotta, se refirió a que el Comité Consultivo fue convocado nuevamente al inicio de este período de gobierno, y destacó que este “es de los aprendizajes más grandes que Uruguay tiene para la región” por ser un “ámbito de gobernanza participativo donde se encuentran la sociedad civil, la academia, las trabajadoras del cuidado, las empresas cooperativas o proveedoras del cuidado, y la central sindical de trabajadores”.

“Si el derecho al cuidado es un derecho humano, la participación social tiene que estar garantizada, porque el derecho humano implica que, quienes ejercen ese derecho, tienen que participar de la política pública”, afirmó.