Proclama de la Red Nacional de Organizaciones de Personas Mayores (Redam)
Uruguay fue el primer país en ratificar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Al ser un instrumento jurídicamente vinculante, implica un gran paso para el reconocimiento y ejercicio de nuestros derechos.
Desde hace mucho tiempo, existen diversos documentos que enuncian, reconocen e intentan promover los derechos de las personas mayores. Un ejemplo de ello, es el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre Envejecimiento de 2002, el cual se basa en 3 pilares prioritarios: personas mayores y desarrollo, promoción de la salud, bienestar en la vejez y logro de entornos emancipadores propicios.
A partir de esto se han ido afinando definiciones y conceptualizaciones. Sin embargo, al leer los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para la Agenda 2030 vemos que muchos de estos objetivos no contemplan ni de forma explícita, ni tácitamente los derechos de las personas mayores.
Nos preguntamos porque no son reflejados en los ODS, si hay acuerdos internacionales y regionales de protección de derechos sobre las personas mayores.
Concretamente, en los 17 objetivos que plantea, no hay ninguno que mencione la vejez y el envejecimiento como tema específico.
Queremos hacer hincapié en la casi total ausencia de personas mayores en esta agenda firmada por 193 países, entre ellos Uruguay, la cual abarca problemáticas que atañen a la humanidad y toma como meta el año 2030, debiendo recordar que según estadísticas internacionales, para el año 2025, habrá más personas mayores que jóvenes de 14 años.
SI bien estamos convencidos que deben generarse acciones con perspectiva de ciclo de vida y que impacten en las trayectorias de cada una de las personas, es necesario visibilizar y generar acciones concretas tomando a las personas mayores como población específica.
¿Cómo nos insertamos las personas mayores en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
La agenda de los ODS aparece como un gran paraguas en donde, dentro de la generalidad, se diluye la especificidad y heterogeneidad de la vejez. En este sentido, creemos que la Convención Interamericana Sobre la Protección de las Personas Mayores, aparece como una herramienta adecuada para dar marco, interpretar, definir y dar sentido.
Esta fue aprobada en el Cuadragésimo Quinto Período Ordinario de Sesiones de la OEA, el 15 de junio del 2015.
Luego de aprobada la Convención, seis países la han ratificado, y algunos más se encuentran avanzados en el proceso hacia su consagración, pero aún no se ha llegado al número requerido para que entre en funcionamiento el mecanismo de seguimiento, cuya presidencia corresponde a Uruguay, por ser el primero en haber depositado el instrumento de ratificación.
Este elemento es central para revisar los avances en derechos, pero también para detectar y señalar violaciones a derechos u omisiones de los Estados.
La Convención significa un gran avance hacia el cambio de paradigma de comprensión del envejecimiento y la vejez, una nueva mirada que concibe a las personas mayores como sujetos de derechos. Sin embargo, notamos la falta de sensibilización por parte de los Estados sobre estos temas.
Falta mucho camino por recorrer para que las personas mayores seamos vistas y tratadas como sujetos de derecho y no como objetos pasivos.
Es necesario sensibilizar y capacitar en vejez a todas las instituciones y a la sociedad a través de campañas masivas. Esta es la manera de borrar el estigma de que las personas mayores son un gasto social, pesado y sin futuro. Las personas mayores hemos aportado a lo largo de nuestras vidas a la sociedad y aún lo seguimos haciendo, no sólo económicamente y esto debe ser reconocido.
El envejecimiento no es un problema en sí mismo. El problema son los abordajes de las situaciones que se plantean en la vejez, la invisibilización, la homogeneización y la no detección de las distintas vulnerabilidades.
Existen múltiples desigualdades: de género, de ingresos, de edad, dependencia, orientación sexual, religiosa, ascendencia étnica, racial, de ubicación geográfica, entre otras, dentro de los países y entre ellos, lo que amenaza el desarrollo social y económico.
Para garantizar envejecimientos dignos se requieren alianzas y articulaciones entre instituciones públicas y privadas, así como entre organizaciones sociales del país y de la región.
La generación de alianzas con una visión y metas compartidas que coloquen a las personas y al planeta en el centro de la discusión, son imprescindibles para alcanzar los ODS a nivel global en perspectiva de envejecimiento y vejez.
¿Cuáles son los motivos para preocuparnos y ocuparnos de estas desigualdades?
En nuestro país y a nivel mundial, el índice de envejecimiento ha mostrado una tendencia de crecimiento sostenida. Las personas vivimos más y en la etapa de la vejez la población femenina predomina notoriamente. La esperanza de vida al nacer para las mujeres en Uruguay, es de 80,46 años mientras que para los varones es de 73,62, y todos tenemos trayectorias diferentes. Esta realidad requiere una atención integral que contemple la esfera funcional, social, cognitiva, entre otras, y las múltiples circunstancias como las condiciones de vida, la situación familiar, las redes, la dependencia, la autonomía y la posibilidad de la autodeterminación.
Reconocemos que nuestro Estado ha logrado avances a partir de la creación de un Instituto como Inmayores, para trabajar específicamente en políticas de vejez y envejecimiento. Se ha legislado en esta materia, se ha incrementado la participación de las personas mayores en el diseño de políticas públicas que nos atañen y se ha logrado implementar el trabajo en red con el objetivo de sensibilizar, concientizar e informar a la población en general y a las personas viejas en particular, sobre la existencia de un marco normativo que nos protege y nos posiciona como sujetos de derecho.
Sin embrago, este Instituto en términos de fortalezas presupuestarias tiene grandes carencias para implementar acciones de Estado para atender situaciones de vulnerabilidad o violencia hacia las personas mayores específicamente. Esto se traduce en la no cobertura de los servicios a nivel de todo el país, especialmente en el maltrato y la vulnerabilidad extrema, donde convergen diversas situaciones como vivienda, necesidad de cuidados, bajos ingresos, abusos.
A esto se suma la histórica fragmentación de las intervenciones del Estado en las políticas destinadas a las personas mayores.
No se ha logrado trabajar de forma interinstitucional y multidisciplinaria, lo que es imprescindible para afrontar estas problemáticas.
Se han logrado avances, como el Sistema Nacional Integrado de Salud, por el que se universalizó la atención a todas las personas; el reciente Sistema Nacional de Cuidados que abarca el cuidado de personas con dependencia severa en su primera etapa y algunos servicios para personas con dependencia leve a moderada; la ampliación de los beneficios jubilatorios a personas con menos años de cotización en el trabajo formal o que por su edad no pueden seguir trabajando; la realización de acciones de sensibilización y capacitación de personas que trabajan en los cuidados; el monitoreo de parte de las instituciones públicas y privadas sobre la atención a las personas mayores. A pesar de ello, aún persisten áreas en las que no se ha avanzado.
A modo de ejemplo, incluimos aquí algunos puntos de los ODS que pueden ser revisados a la luz de lo mencionado:
En el Objetivo 1: Erradicar la pobreza. Llamamos la atención sobre que la pobreza no se debe analizar solamente por ingresos sino hacer una análisis multifactorial de ella, especialmente en el caso de las personas mayores que aportan a la familia, siendo a veces las únicas proveedoras del hogar. La pobreza, además, tiene cara de mujer.
En el Objetivo 3: Salud y Bienestar. Opinamos que la problemática del acceso a la salud se agudiza en las áreas rurales ya que los prestadores tienen dificultades para llegar a ellas, por lo que las personas mayores deben mudarse a los núcleos poblados más cercanos para acceder a la salud.
No se ha tenido en cuenta el abordaje de la salud mental, por no contar con herramientas adecuadas para el enfoque de los trastornos vinculados al deterioro cognitivo, tema acuciante para las personas mayores, ya que producen estigmatización, dependencia y son más prevalentes en la vejez. Tampoco se presenta la relación de cuidados y salud en este ítem.
En el objetivo 4: Educación de calidad. Reconocemos el esfuerzo por promover la alfabetización digital a todas las personas mayores. En la generación de políticas públicas para toda la población, también se deben promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas las personas, de acuerdo a una perspectiva de ciclo de vida.
En el objetivo 5: Igualdad de Género. Las mujeres mayores son las más vulnerables y aunque han tenido oportunidad de participación y empoderamiento, muchas veces se encuentran en situación de dependencia económica o recibiendo ingresos de peor calidad que los varones, con trayectorias vitales ligadas a la desigualdad, viviendo más años en peores condiciones.
En el Objetivo 10: Reducción de Desigualdades. Enfatizamos la importancia de revisar este objetivo. La discriminación por edad en la vejez es un problema grave. Debemos darle la importancia que tiene el derecho a la vida y la dignidad en la vejez, el derecho a la autonomía y la autodeterminación. Dependencia no es sinónimo de nulidad en nuestra capacidad de decidir.
En el objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Es importante que al pensar en ciudades amigables, se piense también en entornos amigables con las personas mayores, pensando en la accesibilidad, el transporte y los vínculos sociales.
En el objetivo 12: Producción y consumo responsables. En las publicidades las personas somos mostradas solo como consumidores de insumos que destacan los déficits (pañales, alimentos balanceados, etc.), cuando en realidad consumen todo tipo de productos, lo que ayuda a una visión discriminatoria del resto de la sociedad.
En el objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres. Como sociedad debemos tomar en cuenta la experiencia de las personas mayores en el conocimiento del territorio y producción amigable con la Tierra, y se deberían construir puentes generacionales que permitan la trasmisión de esos conocimientos.
En el objetivo 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. En el caso de las personas mayores es fundamental garantizar el acceso a la Justicia. Se debe otorgar información sobre la Convención y los derechos de las personas mayores a los actores judiciales e intentar que las mismas sean analizadas integralmente.
Visualizamos la necesidad de celeridad en los procesos que involucran a las personas mayores.
Con respecto al último objetivo: Alianza para lograr objetivos. Es importante el involucramiento del sistema político; impulsar la red institucional que permita la concreción de los objetivos; la promoción y articulación necesarias para que se produzca la comunicación generacional; el intercambio fluido y el trabajo conjunto con instituciones de personas mayores de otros países.
Por último, creemos que las personas mayores debemos ser incluidas explícitamente en los ODS porque de otra forma se están vulnerando derechos ya consagrados.
Como sociedad civil tenemos el derecho a reclamar, ser escuchados y que se nos dé una respuesta, así como la obligación de promover los derechos adquiridos y monitorear que se cumplan por parte del Estado y de las Organizaciones Internacionales para la protección real de nuestros derechos. Y así disfrutar de una vejez activa, plena, inclusiva y empoderada.
Por tanto, hacemos un llamado a los países americanos, que aún no lo han hecho, a que ratifiquen la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, cuyo objetivo es promover, proteger, asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. Y, como expresamos antes, se presenta como una herramienta adecuada para la reinterpretación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a la luz de las situaciones y especificidades planteadas por el envejecimiento, promoviendo nuevas conceptualizaciones de las personas mayores y sus derechos, y la adopción de medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole necesaria para el logro de la igualdad.