Aduanas firma con OMA el primer memorándum para mejorar los controles en la Aviación General
El memorándum fue firmado –desde Bruselas– por el secretario general de la OMA, Kunio Mikuriya, y en Montevideo por el director nacional de Aduanas de Uruguay, Jaime Borgiani, ante la presencia de autoridades nacionales y representantes de la Unión Europea en nuestro país.
Este proyecto surge de la iniciativa de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y la Unión Europea (UE), que unieron esfuerzos para abordar el desafío que representa el crimen organizado en América Latina y el Caribe, Occidente y Centro África. El proyecto WCO Colibrí está financiado por la Unión Europea (UE) y forma parte del Programa Global de Flujos Ilícitos de la UE.
En el inicio del evento, en su mensaje en video a la ceremonia, el secretario general adjunto de la OMA, Ricardo Treviño Chapa, destacó el fuerte reconocimiento de la OMA por la cooperación de Uruguay. Treviño subrayó que “hoy representa un hito importante para todos aquellos que están promoviendo y participando en la implementación de este Proyecto y también y sobre todo, para la Comunidad de Aplicación de la Ley Internacional. El Proyecto tiene una visión interadministrativa y es un ejemplo de buena cooperación para garantizar la seguridad y, en última instancia, la paz”.
Tomás Pospisil, jefe de la Misión adjunto de la Delegación de la Unión Europea, en su oratoria señaló que este tipo de iniciativas tiene como meta “la promoción de la paz mundial” y “está concebida para enfrentar el desafío de aumentar la seguridad en el tráfico” de la Aviación General. En otro pasaje de su alocución dijo que “desarrollo y seguridad van de la mano” y que la corrupción y los actos ilícitos cuestan “1,2 billones de dólares al año”. El “fortalecimiento de capacidades” es fundamental para el “combate al crimen organizado”, subrayó.
Por su parte, el director de la Secretaría de Inteligencia del Estado, Álvaro Garcé, indicó que la presencia de su secretaría en el acto “no es solo testimonial, sino que refleja el apoyo a esta iniciativa”. El proyecto Colibrí –señaló– “conecta con las acciones en la lucha contra el crimen organizado”. Garcé agregó que son muy trascedentes estas iniciativas porque sirven en la “consolidación del Estado de Derecho, que es un valor que debemos preservar”.
Finalmente, el director nacional de Aduanas, Jaime Borgiani, dijo que “a través del apoyo de la Unión Europea y de la Organización Mundial de Aduanas, vamos a lograr obtener plataformas para intercambiar información para hacer análisis de datos y para organizar” una inteligencia “al servicio de la población. El combate al narcotráfico y al crimen organizado lo tenemos que realizar entre todos los países –subrayó– porque el rival es uno y nosotros somos los distintos jugadores que tenemos que combinar nuestros esfuerzos, para lograr derrotar al este problema que tenemos todos los países”, dijo Borgiani.
Además de los oradores, estuvieron presentes en la ceremonia el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío; la oficial de Asuntos Políticos de la Delegación de la Unión Europea en Uruguay, Rossana Bonanni; el comandante en jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya, general del aire Luis H. de León; el prefecto nacional naval, contralmirante José Elizondo; el director del Servicio de Información de la Fuerza Aérea Uruguaya, teniente coronel (Nav.) Julio Maldonado; el jefe de División Investigaciones de la Prefectura Nacional Naval, capitán de navío Roberto Acosta; el oficial ayudante del comandante en jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya, capitán (Av.) Guzmán de Cabrera; de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Secretaría Nacional de Drogas, Andrea Rizzo y el jefe de Gabinete del comandante en jefe de la Armada, capitán de navío (CG) Gustavo Aleizón.
El objetivo general del Proyecto Colibrí es desarrollar las capacidades de los funcionarios de Aduanas y otros actores encargados de hacer cumplir la ley, fortaleciendo la coordinación internacional e interinstitucional así como el intercambio de información, con el fin de proteger el Estado de Derecho y contribuir a la seguridad y el desarrollo sostenible.